Judicial
Juez decreta instrucción formal sin ninguna medida contra policías que eliminaron a una joven en tiroteo con pandilleros en Sonsonate
El Juzgado de Paz de San Julián, Sonsonate, ordenó libertad preventiva sin restricción para los tres policías acusados de la muerte de Zulma Yamileth Valencia Sisco durante un enfrentamiento con terroristas.
La joven de 22 años perdió la vida durante una balacera entre policías y pandilleros el 10 de mayo en la finca San Joaquín, jurisdicción de San Julián.
Fuentes judiciales informaron que durante la audiencia inicial “la jueza decretó instrucción formal sin ninguna medida contra los policías, lo que implica que pasan a la siguiente etapa (instrucción), pero en libertad, que era lo que la misma Fiscalía había solicitado en su requerimiento”.
En ese sentido, las fuentes explicaron que “la juzgadora valoró que habían suficientes indicios que llevan a considerar que probablemente los agentes actuaron en el cumplimiento del deber”.
Sin embargo, la investigación continúa su rumbo y la Fiscalía ha solicitado 120 días para presentar pruebas; no obstante, como el caso fue remitido al Juzgado de Primera Instancia de Izalco será él quien lo otorgue ese permiso.
No se podrán conocer más detalles de las circunstancias de cómo sucedieron los hechos porque la Fiscalía solicitó reserva del caso.
Reacciones
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, descartó que se trate de un caso de abuso de autoridad y que los señalamientos forman parte de una campaña “sucia” contra el Plan Control Territorial.
“Agentes policiales quedan en libertad, pues la jueza de Paz de San Julián valoró que actuaron en cumplimiento del deber. Se les cae la campaña sucia a los detractores del Plan Control Territorial y de los supuestos abusos de nuestros efectivos desplegados en el territorio”, dijo.
Grupos feministas como “Colectiva Amorales” también reaccionaron y condenaron la muerte de la joven.
“Como Colectiva Amorales, repudiamos y condenamos el feminicidio ocurrido el 10 de mayo perpetrado por la Policía Nacional Civil en perjuicio de Zulma Yamileth Valencia, quien según declaraciones de su familia salió de su casa con el propósito de realizar compras de alimentos para la familia”, expresó la organización mediante un comunicado.
Hace unos días, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que la joven estaba perfilada como pandillera.
«La información que se tiene es que ella estaba perfilada como pandillera, se encontraba perfilada como parte de la estructura de la MS”, dijo en la entrevista con Hechos la semana pasada.
“Murió en el cruce de fuego. Al parecer era pareja de un pandillero de la zona, ya conocido. Hasta este día podemos decir de que la señorita falleció producto de ese disparo que hubo entre pandilleros y policías», dijo.
La audiencia inicial donde fueron acusados los policiales se realizó en el Juzgado de Paz de San Julián.
Imagen de referencia
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de cárcel a Julio Adalberto Ramírez Pérez del delito de limitación ilegal a la libertad de circulación. Además, el Tribunal ordenó a Ramírez Pérez pagar una indemnización a la víctima como reparación por el daño emocional causado.
La víctima relató que el 12 de julio de 2020, mientras caminaba por la calle principal del cantón Los Pajales en Panchimalco, fue interceptado por cuatro sujetos pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Bajo amenazas de muerte, los terroristas le exigieron a él y a su familia que abandonaran su vivienda, acusándolo de colaborar con la Policía Nacional Civil.
Todos los sujetos portaban armas de fuego. Ramírez Pérez, en particular, apuntó con su arma a la cabeza de la víctima y la amenazó de muerte, diciéndole que no sería el primero en morir si no obedecía. Aterrorizado por las amenazas y temiendo por la seguridad de su familia, la víctima se vio obligado a abandonar su hogar.
El reporte detalla que uno de los cuatro pandilleros involucrados en el hecho falleció, por lo que el proceso en su contra fue sobreseído definitivamente. Los otros dos pandilleros ya fueron condenados por este mismo delito en juicios separados.
El pandillero de la 18 José Abel Aguirre Hernández, es enjuiciado por haber asesinado a dos mujeres, a cuatro miembros de una familia y a un jornalero, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz.
Los dos feminicidios los consumó en el 2015, y con respecto a la masacre de la familia, las pesquisas que la Fiscalía General de la República realizó determinaron que un cabecilla de la pandilla ordenó el múltiple crimen.
El móvil fue porque un miembro de la familia había sido testigo de un caso en contra del cabecilla de la pandilla 18 y por eso pidió que lo asesinaran junto a su familia.
«Fiscalía cuenta en esta oportunidad con suficientes elementos de prueba, tanto testimonial, documental y pericial que sustentan la acusación en contra de esta persona y se está solicitando una sentencia condenatoria y que se le imponga a esta persona las penas más gravosas por cada uno de los delitos cometidos», manifestó un fiscal.
El Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, revisará toda la prueba y escuchará la declaración de testigos que la Fiscalía ha ofrecido en contra del pandillero de la facción revolucionaria de la 18.
Aguirre Hernández se había dedicado a cometer una serie de delitos en contra de la integridad y afectar patrimonialmente a personas de varios distritos del departamento de La Paz, según las indagaciones efectuadas por policías bajo la dirección de la Fiscalía.
El Tribunal 3.º de Sentencia de San Salvador instaló hoy la vista pública en contra de Fidel Antonio Zavala Pérez, procesado por el delito de estafa en perjuicio de cuatro víctimas, a quienes adeuda un monto total aproximado a los $50,000.
La audiencia se declaró por interrumpida, dado que el imputado promete pagar lo estafado el próximo 18 de diciembre, fecha en que se instalará de nuevo el juicio. El fallo del juez dependerá del cumplimento de dicho pago.
Fidel Antonio Zavala Pérez es acusado por la Fiscalía General de la República, tras la denuncia presentada por cuatro personas que lo relacionaron con una promesa de inversión de capital en el extranjero y en la bolsa de valores. A cambio de realizar depósitos mensuales, les garantizaba utilidades y mayores ganancias, en función del monto invertido. Las víctimas aportaron sumas que oscilan entre los $10,000 y $15,000, alcanzando un total de lo estafado que sobrepasa los $50,000. No obstante, con el tiempo, lo único que recibieron fueron evasivas, lo que motivó la denuncia antes las autoridades.
