Judicial
Juez decreta instrucción formal sin ninguna medida contra policías que eliminaron a una joven en tiroteo con pandilleros en Sonsonate
El Juzgado de Paz de San Julián, Sonsonate, ordenó libertad preventiva sin restricción para los tres policías acusados de la muerte de Zulma Yamileth Valencia Sisco durante un enfrentamiento con terroristas.
La joven de 22 años perdió la vida durante una balacera entre policías y pandilleros el 10 de mayo en la finca San Joaquín, jurisdicción de San Julián.
Fuentes judiciales informaron que durante la audiencia inicial “la jueza decretó instrucción formal sin ninguna medida contra los policías, lo que implica que pasan a la siguiente etapa (instrucción), pero en libertad, que era lo que la misma Fiscalía había solicitado en su requerimiento”.
En ese sentido, las fuentes explicaron que “la juzgadora valoró que habían suficientes indicios que llevan a considerar que probablemente los agentes actuaron en el cumplimiento del deber”.
Sin embargo, la investigación continúa su rumbo y la Fiscalía ha solicitado 120 días para presentar pruebas; no obstante, como el caso fue remitido al Juzgado de Primera Instancia de Izalco será él quien lo otorgue ese permiso.
No se podrán conocer más detalles de las circunstancias de cómo sucedieron los hechos porque la Fiscalía solicitó reserva del caso.
Reacciones
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, descartó que se trate de un caso de abuso de autoridad y que los señalamientos forman parte de una campaña “sucia” contra el Plan Control Territorial.
“Agentes policiales quedan en libertad, pues la jueza de Paz de San Julián valoró que actuaron en cumplimiento del deber. Se les cae la campaña sucia a los detractores del Plan Control Territorial y de los supuestos abusos de nuestros efectivos desplegados en el territorio”, dijo.
Grupos feministas como “Colectiva Amorales” también reaccionaron y condenaron la muerte de la joven.
“Como Colectiva Amorales, repudiamos y condenamos el feminicidio ocurrido el 10 de mayo perpetrado por la Policía Nacional Civil en perjuicio de Zulma Yamileth Valencia, quien según declaraciones de su familia salió de su casa con el propósito de realizar compras de alimentos para la familia”, expresó la organización mediante un comunicado.
Hace unos días, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que la joven estaba perfilada como pandillera.
«La información que se tiene es que ella estaba perfilada como pandillera, se encontraba perfilada como parte de la estructura de la MS”, dijo en la entrevista con Hechos la semana pasada.
“Murió en el cruce de fuego. Al parecer era pareja de un pandillero de la zona, ya conocido. Hasta este día podemos decir de que la señorita falleció producto de ese disparo que hubo entre pandilleros y policías», dijo.
La audiencia inicial donde fueron acusados los policiales se realizó en el Juzgado de Paz de San Julián.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
