Judicial
Juez decreta instrucción formal sin ninguna medida contra policías que eliminaron a una joven en tiroteo con pandilleros en Sonsonate
El Juzgado de Paz de San Julián, Sonsonate, ordenó libertad preventiva sin restricción para los tres policías acusados de la muerte de Zulma Yamileth Valencia Sisco durante un enfrentamiento con terroristas.
La joven de 22 años perdió la vida durante una balacera entre policías y pandilleros el 10 de mayo en la finca San Joaquín, jurisdicción de San Julián.
Fuentes judiciales informaron que durante la audiencia inicial “la jueza decretó instrucción formal sin ninguna medida contra los policías, lo que implica que pasan a la siguiente etapa (instrucción), pero en libertad, que era lo que la misma Fiscalía había solicitado en su requerimiento”.
En ese sentido, las fuentes explicaron que “la juzgadora valoró que habían suficientes indicios que llevan a considerar que probablemente los agentes actuaron en el cumplimiento del deber”.
Sin embargo, la investigación continúa su rumbo y la Fiscalía ha solicitado 120 días para presentar pruebas; no obstante, como el caso fue remitido al Juzgado de Primera Instancia de Izalco será él quien lo otorgue ese permiso.
No se podrán conocer más detalles de las circunstancias de cómo sucedieron los hechos porque la Fiscalía solicitó reserva del caso.
Reacciones
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, descartó que se trate de un caso de abuso de autoridad y que los señalamientos forman parte de una campaña “sucia” contra el Plan Control Territorial.
“Agentes policiales quedan en libertad, pues la jueza de Paz de San Julián valoró que actuaron en cumplimiento del deber. Se les cae la campaña sucia a los detractores del Plan Control Territorial y de los supuestos abusos de nuestros efectivos desplegados en el territorio”, dijo.
Grupos feministas como “Colectiva Amorales” también reaccionaron y condenaron la muerte de la joven.
“Como Colectiva Amorales, repudiamos y condenamos el feminicidio ocurrido el 10 de mayo perpetrado por la Policía Nacional Civil en perjuicio de Zulma Yamileth Valencia, quien según declaraciones de su familia salió de su casa con el propósito de realizar compras de alimentos para la familia”, expresó la organización mediante un comunicado.
Hace unos días, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que la joven estaba perfilada como pandillera.
«La información que se tiene es que ella estaba perfilada como pandillera, se encontraba perfilada como parte de la estructura de la MS”, dijo en la entrevista con Hechos la semana pasada.
“Murió en el cruce de fuego. Al parecer era pareja de un pandillero de la zona, ya conocido. Hasta este día podemos decir de que la señorita falleció producto de ese disparo que hubo entre pandilleros y policías», dijo.
La audiencia inicial donde fueron acusados los policiales se realizó en el Juzgado de Paz de San Julián.
Judicial
Condenan a 32 mareros a penas de hasta 310 años de prisión por 17 homicidios y otros delitos
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que 32 pandilleros de la MS-13 fueron condenados a penas de hasta 310 años de prisión, tras ser declarados culpables de 17 homicidios y otros delitos.
De acuerdo con el Ministerio Público, el caso más representativo es el de William Antonio García, identificado como homeboy de la estructura criminal, quien recibió una condena de 310 años de cárcel por cometer 10 homicidios agravados. Además, fue declarado culpable del delito de proposición y conspiración para cometer homicidio.
La FGR indicó que también fueron sentenciados pandilleros con rangos de chequeos, observadores y colaboradores. Las condenas fueron impuestas por el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana y oscilan entre los 35 y 134 años de prisión.
Según la institución fiscal, una de las víctimas de estos hechos fue un elemento destacado de la Fuerza Naval, quien fue interceptado por los pandilleros en la zona del cantón El Sincuyo, en Ahuachapán Centro. La víctima recibió múltiples disparos y, tras causarle la muerte, los responsables le provocaron varias heridas con arma blanca.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
