Judicial
Juez decreta instrucción formal sin ninguna medida contra policías que eliminaron a una joven en tiroteo con pandilleros en Sonsonate
El Juzgado de Paz de San Julián, Sonsonate, ordenó libertad preventiva sin restricción para los tres policías acusados de la muerte de Zulma Yamileth Valencia Sisco durante un enfrentamiento con terroristas.
La joven de 22 años perdió la vida durante una balacera entre policías y pandilleros el 10 de mayo en la finca San Joaquín, jurisdicción de San Julián.
Fuentes judiciales informaron que durante la audiencia inicial “la jueza decretó instrucción formal sin ninguna medida contra los policías, lo que implica que pasan a la siguiente etapa (instrucción), pero en libertad, que era lo que la misma Fiscalía había solicitado en su requerimiento”.
En ese sentido, las fuentes explicaron que “la juzgadora valoró que habían suficientes indicios que llevan a considerar que probablemente los agentes actuaron en el cumplimiento del deber”.
Sin embargo, la investigación continúa su rumbo y la Fiscalía ha solicitado 120 días para presentar pruebas; no obstante, como el caso fue remitido al Juzgado de Primera Instancia de Izalco será él quien lo otorgue ese permiso.
No se podrán conocer más detalles de las circunstancias de cómo sucedieron los hechos porque la Fiscalía solicitó reserva del caso.
Reacciones
El ministro de Seguridad, Rogelio Rivas, descartó que se trate de un caso de abuso de autoridad y que los señalamientos forman parte de una campaña “sucia” contra el Plan Control Territorial.
“Agentes policiales quedan en libertad, pues la jueza de Paz de San Julián valoró que actuaron en cumplimiento del deber. Se les cae la campaña sucia a los detractores del Plan Control Territorial y de los supuestos abusos de nuestros efectivos desplegados en el territorio”, dijo.
Grupos feministas como “Colectiva Amorales” también reaccionaron y condenaron la muerte de la joven.
“Como Colectiva Amorales, repudiamos y condenamos el feminicidio ocurrido el 10 de mayo perpetrado por la Policía Nacional Civil en perjuicio de Zulma Yamileth Valencia, quien según declaraciones de su familia salió de su casa con el propósito de realizar compras de alimentos para la familia”, expresó la organización mediante un comunicado.
Hace unos días, el fiscal general, Raúl Melara, dijo que la joven estaba perfilada como pandillera.
«La información que se tiene es que ella estaba perfilada como pandillera, se encontraba perfilada como parte de la estructura de la MS”, dijo en la entrevista con Hechos la semana pasada.
“Murió en el cruce de fuego. Al parecer era pareja de un pandillero de la zona, ya conocido. Hasta este día podemos decir de que la señorita falleció producto de ese disparo que hubo entre pandilleros y policías», dijo.
La audiencia inicial donde fueron acusados los policiales se realizó en el Juzgado de Paz de San Julián.
El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a seis años de prisión a Isis Tamara Elena Mejía, tras ser hallada culpable del delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
De acuerdo con el expediente judicial, la captura se efectuó el 16 de julio de 2024 durante un allanamiento en su vivienda, ubicada en la urbanización Sierra Morena II, en Soyapango, luego de una denuncia ciudadana que alertaba sobre la venta de estupefacientes en el lugar.
Durante la inspección, agentes de la Policía Nacional Civil encontraron una bolsa negra con 405 gramos de marihuana en el baño, así como otra bolsa con 445 gramos en una de las habitaciones de la casa. La imputada fue detenida en el sitio y posteriormente procesada penalmente.
Las autoridades estimaron el valor de la droga incautada en $1,494.24.
En el juicio contra la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Montano, han declarado 11 testigos hasta la fecha, incluyendo tres peritos, dos bajo régimen de protección, un sindicalista y varios empleados municipales.
El proceso, que inició hace dos semanas pero ha sido interrumpido en varias ocasiones, busca esclarecer los delitos que la Fiscalía General de la República (FGR) investigó y judicializó con una amplia variedad de pruebas, reforzadas ahora con los testimonios presentados.
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador conoce el caso por los delitos de: apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Además de Montano, también son procesados el abogado Ricardo Roque Baires y los prófugos Ruth Raquel Aguilar de Montano (extesorera municipal), Salvador Orlando Montano (exdirector de asuntos estratégicos) y Francisco Antonio Henríquez (exgerente financiero).
La Fiscalía busca que todos los imputados sean condenados por los delitos que se les atribuyen.
La Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador, condenó por enriquecimiento ilícito de $1,680,918.35 al exdiputado prófugo Rodolfo Parker Soto y su grupo familiar.
El exfuncionario deberá devolver $516,174.49, su esposa Cristina Renate Wein de Parker $330,939.22. sus hijos, Andrés Rodolfo Parker Wein pagará $731,123.88, Sofía Cristina Parker Wein, tendrá que devolver $19,700 y Katya Renate Parker Wein, $82.980.76
En el fallo de la audiencia probatoria, quedó establecido el incremento patrimonial no justificado que tuvo el exfuncionario en un juicio civil que fue ordenado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tras recibir un informe de la Sección de Probidad.
En la demanda, fiscales de la Unidad Anticorrupción probaron una serie de irregularidades consistentes en depósitos a cuentas corrientes, compra de vehículos, pagos de préstamos de adquisición de viviendas, consolidación de deudas y pago de tarjetas de crédito, todo con dinero cuyo origen no supieron justificar.
Todas esas inconsistencias no fueron desvanecidas en Probidad cuando a Parker y su grupo familiar los emplazados para presentar documentación, las declaraciones juradas revisadas evidenciaron desde el inicio un enriquecimiento ilícito.
En su resolución, los magistrados luego de recibir la prueba le dieron la razón a la Fiscalía y aplicaron dos artículos de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
El artículo 20 los condena a reintegrar el dinero obtenido ilícitamente. «Cuando la sentencia fuere condenatoria, los responsables de enriquecimiento sin causa justa serán condenados a restituir al estado o al municipio, lo que le hubieren adquirido indebidamente», destaca la ley.
Y el artículo 21 destaca que cuando un funcionario o empleado público sea encontrado culpable quedará inhabilitado para ejercer cualquier cargo público por diez años.
Cuando iniciaron el proceso los fiscales plantearon un incremento patrimonial no justificado de $2,311,138.47, pero en el fallo de la audiencia probatoria quedó establecido un monto de $1.6 millones.
