Judicial
FOTOS: Ordenan captura para miembros de la MS acusados de extorsión y otros delitos cometidos en el oriente del país
Un procedimiento de captura coordinado por la oficina fiscal de San Miguel en conjunto con la Policía Nacional Civil se desarrolló esta madrugada, contra 22 integrantes de la MS13 por los delitos de Extorsión Agravada, Proposición y Conspiración de Homicidio, Tráfico Ilícito de Droga y Agrupaciones Ilícitas.
En el operativo de realizaron 17 registros y allanamientos en las colonias Santa Betania, San José, San Francisco, Santa Cristina y Milagro de La Paz, así como en la Urbanización Bella Vista y el barrio El Calvario de San Miguel.
También, en la colonia Santa Bárbara del municipio de San Carlos, y en el cantón Tongolona del municipio de Moncagua, en el departamento de Morazán.
Entre las capturas está Jorge Antonio Cabrera Jiménez que se le incautaron más de US$4,000.00.
Las investigaciones del Grupo Antiextorsiones de la sede fiscal de San Miguel realizadas a través de diferentes mecanismos tecnológicos han permitido individualizar a los mareros del grupo identificado como Guettos Criminales, que extorsionan a víctimas del sector comercio y transporte.
Las exigencias monetarias con amenazas de muerte varían entre las cantidades de US$75.00 y US$1,000.00 en forma mensual, realizadas en el presente año.
También se les imputará el proponer y coordinar dos homicidios que gracias a la investigación se pudieron evitar.
El grupo de mareros también se dedicaba al tráfico ilícito de cocaína y marihuana entre el municipio de San Carlos en Morazán y San Miguel, y otras zonas.
Relacionados con estas acciones ilícitas el 21 de agosto de este año se incautaron 222 gramos de marihuana en el municipio de Moncagua.
También, el 25 de noviembre del 2021 se decomisaron 8.8 gramos de cocaína en el kilómetro 18 del municipio de El Divisadero, Morazán.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a Salvador Alvarado Navarrete a 25 años de prisión por el delito de homicidio agravado en perjuicio de J. R. A. L.
El hecho ocurrió el 1 de junio de 2021, a las 9:00 p. m., cuando la víctima se encontraba sentada en una acera cercana al Hospital Nacional Rosales. En ese momento, Alvarado Navarrete, acompañado de otros sujetos, se acercó a la víctima. Al verlos que llevaban armas corto punzantes, la víctima intentó huir.
Según la declaración anticipada de un testigo presencial, los sujetos lo golpearon y lo tiraron al suelo, donde le ocasionaron una serie de lesiones con un corvo, un destornillador y un hacha. Se identificó a Salvador Alvarado como la persona que utilizó el corvo.
La Cámara Segunda de lo Civil de la Primera Sección del Centro de San Salvador convocó a las partes para el 29 de noviembre, fecha en la que se dará a conocer el fallo oral del proceso por enriquecimiento ilícito promovido contra el exdiputado por el partido del FMLN, Othón Sigfrido Reyes Morales, y su núcleo familiar, demandados por no haber podido justificar la cantidad de $472,464.04.
Las partes expusieron este viernes sus alegatos finales. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a las magistradas que se declare la existencia del enriquecimiento ilícito sin justa causa, y que los demandados sean condenados a devolver al Estado la siguiente cantidad: $459,714.04 en el caso de Reyes Morales, $12,000 a su cónyuge, Susi Melba Guadalupe Rodríguez Hernández, y $750 a su hijo, Luis Damián Reyes Rodríguez.
Los montos reclamados corresponden a presuntas irregularidades encontradas en los rubros de depósito en efectivo, pago de tarjetas de crédito, compras de inmuebles y vehículos, entre otros. Para la FGR, se desconoce el origen lícito de estas cantidades, durante tres períodos en que Reyes fue diputado propietario, del 1 de mayo de 2006 al 30 de abril de 2015.
Por su parte, los apoderados de los demandados solicitaron que se tenga por acreditada las fuentes de ingreso que son de origen lícito de cada una de las supuestas irregularidades, argumentando que la perito judicial no tomó en cuenta las condiciones personales de los demandados como la venta de inmuebles, bonificaciones, entre otros ingresos. Además, en relación con los viáticos, no tomó en cuenta toda la legislación que establece el cómo se dividen (viáticos, gastos de terminales y gastos de viajes), así como el monto diario y quienes aprueban las misiones oficiales.
El juez uno del Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador desarrolló la audiencia especial de imposición de medidas donde decretó la instrucción formal con la aplicación de la medida cautelar de la detención provisional a 21 personas que fueron capturadas a principios del mes en la comunidad Tutunichapa, en San Salvador. Se les acusada de delitos como tráfico de drogas, actos preparatorios, proposición, conspiración y asociaciones delictivas, así como incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones, documentos y datos secretos por empleado oficial, y agrupaciones ilícitas.
Según la acusación, esta estructura de narcomenudeo operaba en San Salvador y distintos mercados de los distritos de Apopa, Soyapango, Ilopango, y departamentos de la zona oriental del país, se le asocia a cuatro células lideradas por Edgardo Bruno Ventura, alias “El Brother”, “Patrón” o “Bruno”, conocido como el “Rey de Mariona”.
La Fiscalía sostiene que los sujetos eran los encargados de la comercialización y distribución de droga como marihuana, cocaína y crack. En la estructura investigada desde 2022, los acusados mantenían la jerarquía de líderes, logísticos, proveedores, distribuidores, vendedores, revendedores, colaboradores e informantes.
Durante la audiencia, el juzgador valoró las pruebas indiciarias presentadas por la Fiscalía General de la República como escuchas telefónicas, actas de entrevista de agentes captores y perfiles delincuenciales que arrojan preliminarmente la posible existencia del delito y la probable participación de cada uno de los imputados, por lo que ordenó que el caso continué en investigación en la etapa de instrucción por un plazo de seis meses.
