Judicial
Fiscalía logra que menor de edad sea condenado a 50 años por el homicidio de dos repartidores de comida rápida
El Tribunal Segundo de Menores de la ciudad de Santa Tecla dio validez hoy a las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y estableció que las mismas son suficientes para considerar la participación delincuencial de un menor de edad vinculado a la desaparición y posterior asesinato de dos repartidores de comida rápida, hecho que ocurrió en el mes de noviembre de 2020 en Lourdes, Colón, La Libertad, imponiéndole una pena carcelaria de 50 años.
Según las investigaciones llevadas a cabo por Fiscales de la Unidad de Vida de esa oficina fiscal, en la fecha antes mencionada los jóvenes Diego Sibrián y de Wilmer Escalante, de 22 y 24 años, respectivamente, fueron privados de libertad y posteriormente sus cuerpos fueron encontrados en una fosa clandestina ubicada en el Cantón El Limón, Urbanización Nuevo Lourdes, jurisdicción de Colón.
Luego de tener conocimiento de la desaparición de los jóvenes, la Fiscalía Junto a la Policía Nacional Civil (PNC) iniciaron un trabajo arduo para establecer los móviles y presuntos actores de ese hecho, que en su momento causó indignación en la población al tratarse de dos jóvenes trabajadores a quienes de la noche a la mañana se les truncó su futuro quitándoles la vida.
Por este caso están siendo procesadas actualmente unas 12 personas, dentro de las que se incluye al menor condenado este lunes, y otras más cuyos procesos judiciales están pendientes en los tribunales de Santa Tecla, la mayoría por los delitos de Desaparecimiento de Personas y Homicidio Agravado.
En el caso del menor, la pena impuesta es de 50 años de prisión, 10 por la desaparición de cada una de las víctimas y 15 por cada uno de los homicidios agravados consumados. No obstante, el artículo 17 de la Ley Penal Juvenil establece la pena máxima de 15 años de internamiento para el cumplimiento en este tipo de casos.
Judicial
Fuerza Armada captura en Apopa a presunto gatillero de la MS-13 con orden de apremio por arma de fuego
Soldados de la Fuerza Armada ubicaron este domingo en Apopa, San Salvador Oeste, a Brandon Alexander Hernández, alias “Seco” o “Terrible”, señalado como homeboy de la MS-13 con función de gatillero. El detenido fue entregado de inmediato a la Policía Nacional Civil para continuar el proceso.
Según el parte militar, Hernández tenía vigente una orden de apremio por tenencia, portación o conducción ilegal de arma de fuego y registra antecedentes por el delito de agrupaciones ilícitas. Las autoridades no detallaron la colonia exacta del procedimiento ni si en el momento de la captura le decomisaron armas u otros objetos.
Apopa fue durante años una de las plazas más disputadas por estructuras de la MS-13 y el Barrio 18. En 2023 el Gobierno desplegó miles de efectivos en urbanizaciones como Popotlán y Valle Verde. Capturas como esta se enmarcan en el Plan Control Territorial y en el régimen de excepción, que sigue vigente.
El señalado queda a la orden de la PNC. Corresponderá a la Fiscalía formalizar la imputación y a un juez determinar si enfrenta detención provisional. Hasta ahora, el único reporte oficial es el de la Fuerza Armada.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
