Judicial
Fiscalía busca recuperar $481.3 millones en 12 procesos de corrupción y crimen organizado
En al menos 12 procesos judiciales que actualmente se encuentran en los juzgados, el Estado salvadoreño espera recuperar $481,363,11.18, que fueron sustraídos ilícitamente, malversados y obtenidos con fraudes cometidos en perjuicio de ministerios y autónomas por ex funcionarios de los partidos ARENA y FMLN.
La Fiscalía General de la República (FGR), desde que judicializó los 12 expedientes en los últimos cinco años, también se pronunció antes los jueces para que se diera por iniciada la acción civil y que a los acusados se les condena a devolver al Estado las millonarias cantidades de dinero con las que han causado perjuicios económicos al Estado.
De los 12 expedientes, solo dos han avanzado a la etapa final de proceso, pero los tribunales de sentencia no han podido realizar las vistas públicas por recursos interpuestos. Los otros 10 casos están en diversos juzgados de instrucción, algunos ya con etapa de investigación finalizada y con todas las pruebas presentadas, pero con peritajes claves pendiente de ser anexados.
Pero cuatro expedientes que pasaron a la fase de instrucción, aún están con la etapa de investigación vigente. Uno de esos es el caso Centrum, referente a un contrato de permuta de armas, los acusados son los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez, quienes supuestamente favorecieron al expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban, ocasionando un perjuicio económico de $2,706,472 al Estado.
De igual forma, otro de los procesos judiciales pendiente de finalizar la fase de instrucción es el que está activo contra del expresidente Mauricio Funes, José Miguel Antonio Menéndez Avelar, «Mecafé» y el guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal de la empresa Serdelco S.A.
Estos son los casos que están activos en los diferentes tribunales:
Sigfrido Reyes y 13 acusados
Juzgado: Sexto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes y 13 acusados más, enfrentan el proceso penal por lavado de dinero y activos, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes. En este expediente se detectó una venta irregular de cinco lotes propiedad del Instituto de Previsional de la Fuerza Armada (IPSFA), hay varias pericias pendientes de presentar.
Expediente Corruptela
Juzgado: Cuarto de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
En el Juzgado Cuarto de Instrucción son procesadas 30 personas, entre ellos el exfiscal general Luis Martínez, quien según la Fiscalía General de la República recibió sobornos del expresidente Mauricio Funes y varios empresarios, entre ellos Enrique Rais. Se desconoce fecha de audiencia preliminar debido a que aún faltan algunas pericias.
Proceso penal El Chaparral
Juzgado: Cuarto de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador, diligencia la causa penal del caso conocido como El Chaparral, donde supuestamente Mauricio Funes, Miguel Menéndez Avelar y José Leopoldo Samour, favorecieron a la empresa Astaldi pagando $108.5 millones por obras no ejecutadas. Ya se presentó toda la investigación, pero falta definir audiencia preliminar.
Exdirectores de Centros Penales
Juzgado: Tribunal Quinto de Sentencia
Estado: Esperando vista pública
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador, tiene pendiente desarrollar la vista pública en contra de los exdirectores de Centros Penales, Nelson Rauda y Rodil Hernández, acusados de actos arbitrarios y administración fraudulenta. Este proceso tiene que ver con un supuesto manejo inapropiado de los fondos de las tiendas institucionales que funcionan en las cárceles.
Fabricación de casos penales
Juzgado: Tribunal Tercero de Sentencia
Estado: Esperando vista pública
El exfiscal general Luis Martínez, el abogado Héctor Grimaldi y el exdirector de Intereses del Estado de la Fiscalía, Julio Arriaza, son acusados de fabricar pruebas y judicializar casos para favorecer supuestamente al prófugo Enrique Rais. Los imputados enfrentan delitos de omisión en la investigación, revelación de hechos, actos arbitrarios y fraude procesal. Está pendiente la vista pública.
Expediente caso Centrum
Juzgado: Quinto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
En el Juzgado Quinto de Instrucción, está el proceso penal contra el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, los exministros de Defensa, David Munguía Payés y Atilio Benítez. Este expediente tiene que ver con una permuta de armas donde se favoreció a Centrum entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no funcionaban.
Fraude fiscal de Muyshondt
Juzgado: Octavo de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El Juzgado Octavo de Instrucción, tiene en la etapa de investigación el proceso contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, por apropiación indebida de retenciones tributarias e incumplimiento de deberes. La Fiscalía lo acusa de apropiarse de $275,145, entre junio y diciembre del año 2020, con la multa e intereses el monto asciende a $571,258.
Norman Quijano y las pandillas
Juzgado: Quinto de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
El exdiputado Norman Quijano, del partido ARENA, tiene orden de captura que le giró el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. La Fiscalía lo acusa de agrupaciones ilícitas y fraude electoral ya que supuestamente se reunió con pandillas para negociar votos a cambio de dinero y privilegios. El Juzgado Quinto de Instrucción de San Salvador ha solicitado a la Interpol que se emita difusión roja.
Tregua con las pandillas
Juzgado: Especializado de Instrucción A
Estado: En etapa de investigación
El exministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía Payés y el expresidente prófugo, Mauricio Funes, son procesados en Juzgado Especializado de Instrucción “A” por supuesta negociación con pandillas para reducir homicidios. Esta causa penal está pendiente de que se señale fecha de audiencia preliminar donde se determinará si el caso pasa a vista pública.
Caso del puente San Isidro
Juzgado: Tercero de Instrucción
Estado: En etapa de investigación
En la construcción del puente San Isidro, que une San Pablo Tacachico, La Libertad y Nueva Concepción, Chalatenango, la Fiscalía General de la República, dice que Mauricio Funes y Miguel Menéndez Avelar recibieron un avión de guatemalteco Jaime Aparicio Mejía, a cambio de adjudicarle el 10 de octubre del año 2013, la referida obra que costó $8.4 millones.
Negociación con pandillas
Juzgado: Segundo de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, los exministros de Gobernación y de Justicia, Arístides Valencia y Benito Lara y tres imputados más, están esperando que juzgado les programe la audiencia preliminar, el expediente es porque supuestamente negociaron con pandillas para obtener beneficios electorales en 2014. Según la Fiscalía, entregaron más de $600,000 a las maras.
Proceso «Saqueo Público»
Juzgado: Octavo de Instrucción
Estado: Pendiente de audiencia preliminar
El Juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador, tiene pendiente programar la fecha de audiencia preliminar de este caso donde es procesado el expresidente Mauricio Funes y 31 imputados a quienes la Fiscalía General de la República acusa de sustraer de Casa Presidencial $351,035,400.49, están pendientes de entregarse varias pericias.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
El Juzgado Primero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Silvia Cecilia Orellana, de 41 años, quien es acusada por dos personas de lanzar piedras a los parabrisas de sus vehículos mientras circulaban por distintos puntos de San Salvador. La imputada es procesada por el delito de daños en perjuicio patrimonial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Orellana fue detenida el pasado 21 de junio de 2026 en San Salvador, luego de ser denunciada por presentar un comportamiento agresivo.
Según el expediente judicial, el primer hecho ocurrió cerca del puente de la colonia El Bosque, donde la mujer lanzó una piedra que impactó el vehículo de una de las víctimas, provocando rayones en el capó y daños en el parabrisas delantero, el cual quedó astillado.
El segundo caso se registró cuando otra víctima transitaba por la avenida Cuscatancingo, en la intersección con la calle Buenos Aires. En ese lugar, Orellana también lanzó piedras contra el automóvil, ocasionando que el parabrisas delantero quedara totalmente destruido.
Durante la audiencia inicial, el tribunal determinó que los indicios presentados acreditan la existencia del delito y la probable participación de la imputada, por lo que el proceso continuará en la fase de instrucción con la acusada en detención provisional.
