Judicial
FGR demanda a Miguel Menéndez «Mecafé» y su familia por enriquecimiento ilícito, cuando fue Pdte. del CIFCO
Foto de archivo
Este martes por la mañana, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó, ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador, una demanda contra Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, por el delito de enriquecimiento ilícito.
Con una amplia documentación, el Ministerio Público acusó a Mecafé, su esposa e hijas por un incremento patrimonial injustificado por más de $2.3 millones.
De acuerdo con el fiscal de Unidad Anticorrupción, el delito fue cometido durante su gestión como presidente del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) entre el 17 julio de 2009 a 31 julio 2011.
El representante de la FGR detalló que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) encontró 16 irregularidades en la gestión de Menéndez.
El monto habría sido utilizado para realizar depósitos en cuentas bancarias, en cuentas de ahorro, para comprar vehículos y para pagar tarjetas de crédito.
Mecafé se habría enriquecido indebidamente por un monto de $2,150,311.61, mientras que su esposa Fátima Yanira Henríquez de Menéndez, es acusada por enriquecimiento ilícito de $59,760.95.
En la demanda se afirma que las hijas del imputado, Fátima Yanira Menéndez de Baires y Andrea Vanessa Menéndez Henríquez, también se enriquecieron por montos de $133,415.70 y $23,461.92, respectivamente.
Actualmente, Menéndez se encuentra en prisión tras enfrentar otro proceso por el delito de lavado de dinero y activos en el caso denominado “Saqueo Público”, que involucra también al expresidente de la República, Mauricio Funes.
Un total de 43 pandilleros de la MS-13 enfrentan una Audiencia Única Abierta por el delito de agrupaciones ilícitas en San Miguel.
Entre los imputados se encuentran homeboys, tres chequeos, seis paros y 17 colaboradores, de acuerdo con la información proporcionada.
Las autoridades señalan que los acusados mantenían el control de sectores en Chapeltique, San Miguel, Moncagua y Lolotique, donde habrían cometido al menos 456 homicidios agravados, 101 extorsiones agravadas y 109 privaciones de libertad, además de otros delitos por los cuales también enfrentarán juicio.
Entre las víctimas de los homicidios figura un operador del sistema 911, quien fue asesinado en un punto de taxis ubicado en la colonia San José, en San Miguel.
Todos los imputados fueron capturados mediante las herramientas implementadas durante el Régimen de Excepción.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha solicitado al Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado de San Miguel la pena máxima para cada uno de los acusados, de acuerdo con el rango que ocupaban dentro de la estructura criminal.
La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un allanamiento para capturar a Orlando Israel Amaya Fuentes, quien es investigado por adquirir material de abuso sexual infantil.
De acuerdo con las investigaciones, la FGR recibió un aviso de la INTERPOL que alertaba sobre la participación de Amaya Fuentes en un grupo de distribución de este tipo de material que opera desde Buenos Aires, Argentina. Según la información, el investigado se comunicaba con dicho grupo mediante plataformas digitales para obtener el contenido.
El operativo se desarrolló en Mejicanos, San Salvador Centro.
El detenido será procesado por el delito de adquisición o posesión de material pornográfico de niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad a través de las tecnologías de la información.
Emely Gabriela Paz Sermeño fue condenada a 45 años de prisión por el homicidio agravado de su recién nacido, ocurrido en agosto de 2025 en Sonsonate.
De acuerdo con los hechos expuestos, la imputada se encontraba al interior de un hospital de la zona cuando se dirigió al baño del establecimiento, donde inició su labor de parto. Posteriormente, dio a luz y abandonó al bebé en un basurero.
Las evidencias presentadas durante el proceso determinaron que el recién nacido nació con vida y que la causa de muerte fue asfixia perinatal.
La condena fue impuesta por el Tribunal Segundo de Sentencia de Sonsonate.
