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Judicial

Exfiscal Luis Martínez saldrá de Mariona el 27 de agosto y pasará a arresto domiciliario

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La Unidad de Vigilancia Penitenciaria de la oficina fiscal de San Salvador logró que el sentenciado, Luis Antonio Martínez González, exfiscal general de la República, cumpla la totalidad de la pena de 5 años de prisión, impuesta en 2018 por el Tribunal 6º de Sentencia, por el delito de Divulgación de Material Reservado en perjuicio de Antonio Rodríguez Tercero, conocido como el “padre Toño”.

En la audiencia especial, celebrada en el Juzgado 5º de Vigilancia Penitenciaria de San Salvador, para ventilar sobre las condiciones de reclusión del interno, el juez determinó que los argumentos de los fiscales del caso eran sólidos para mantener al condenado en prisión hasta que cumpla la totalidad de pena el próximo 26 de agosto.

No obstante, Martínez tiene dos procesos penales pendientes uno de sentencia y el otro para que se realice la respectiva audiencia preliminar, por lo que, en uno de ellos, la Cámara de 1º de lo Penal decretó que pase a arresto domiciliar y que le sea impuesto el dispositivo electrónico de localización, conocido como brazalete electrónico.

Además, deberá cumplir una serie de medidas cautelares como acercarse a firmar cada 15 días al Juzgado correspondiente, no salir del país y no acercarse a las víctimas y testigos.

Lo descrito con antelación se da a causa de que en los dos procesos ya cumplió con los dos años, período máximo, de detención provisional en cárcel, por lo que es de rigor legal que le sean impuestas otras medidas, para garantizar que enfrente uno de los procesos judiciales restantes.

Martínez está procesado en el caso “Corruptela”, por los delitos de Omisión de la Investigación, Lavado de Dinero, Peculado, Falsedad Documental, Negociaciones Ilícitas, Cohecho Propio y Falsedad Ideológica. Este proceso está a cargo del Juzgado 4º de Instrucción de San Salvador; pero dicho tribunal se declaró incompetente para conocer en octubre del 2020, por lo que el proceso está en estudio de la Cámara 1º de lo Penal.

El sentenciado también está procesado en el caso denominado “Rais-Martínez”, por los delitos de Revelación de Documentos Secretos y Omisión de la Investigación. Este caso está en el Tribunal 3º de Sentencia de San Salvador. Una de las juezas se excusó de conocer el caso y el proceso está en manos de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, quien decidirá si acepta la excusa de la jueza o la sustituye.

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Judicial

Condenan a 22 años de prisión a dos peligrosos pandilleros en Ahuachapán

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La Fiscalía General de la República (FGR) logró que un tribunal  de dicha ciudad condenara a 22 años de prisión a Gerson Amílcar Vásquez Reyes y Óscar Armando Ramírez Tobar, por el delito de Homicidio Agravado, en perjuicio de Brian Israel Escobar Flores.

El Asesinato  ocurrió en el mes de mayo del año 2019, en cantón Guayapa Arriba, del municipio de Jujutla, informó el jefe de la sede fiscal, Cristóbal Hernández.

Según la declaración de un testigo, que presenció el crimen, en horas de la mañana del día señalado, la víctima fue sometida a la fuerza por tres sujetos, quienes lo llevaron a la orilla del río que corre por la zona y posteriormente lo asesinaron.

Durante la vista pública desarrollada en el Tribunal de Sentencia de Ahuachapán, los fiscales del caso en su intervención presentaron las pruebas de tipo periciales, documentales y testimoniales con las cuales comprobó la participación de los dos imputados en el homicidio.

Después de los alegatos de las partes, el tribunal validó toda la evidencia presentada por el ente fiscal, dictando el fallo condenatorio.

En su resolución el juez impuso la pena de 22 años de cárcel para los imputados, quienes además son miembros de una estructura terrorista que operaba en la zona. Un tercer imputado fue sobreseído provisionalmente porque no fue identificado por el testigo bajo régimen de protección.

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Judicial

Diez años de cárcel para acusados de extorsionar en el centro de San Salvador

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La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad de Delitos Relativos al Patrimonio Privado y Propiedad Intelectual de la oficina fiscal de San Salvador logro que dos sujetos recibieran condenas de 10 años de cárcel por el delito de Extorsión Agravada.

Los incriminados fueron identificados como José Antonio Montenegro, quien trabajaba como vigilante privado independiente en las ventas informales del centro de la capital, y Martín Alberto Montoya Olivares, quien es el representante legal de la empresa de vigilantes independientes.

Según las investigaciones de la FGR, Montoya Olivares era el encargado de repartir los puestos de ventas informales en la calle Arce, y a la vez, les cobraba ilegalmente a los vendedores un dinero por permitirles trabajar en la zona.

Los hechos denunciados se dan durante los meses de junio y julio de 2019 sobre la 7º avenida norte y calle Arce del centro de San Salvador.

El tribunal 2º de sentencia de San Salvador validó toda la investigación realizada por los fiscales del caso, donde se presentaron las pruebas suficientes y que dieron la certeza al juez de la responsabilidad penal de los imputados.

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Judicial

Youtuber es enviado a juicio por el delito de Desacato en perjuicio de un exdiputado

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El Juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador envió a juicio al youtuber José Roberto Silva, acusado de Desacato, (ofender honor y decoro de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones) en perjuicio del exdiputado de la Asamblea Legislativa, Schafick Handal.

Además, en la resolución el juez decidió que el imputado continúe en detención debido que tiene otro proceso en el Juzgado Especializado para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer.

Según la fiscal del caso, todo sucedió el pasado 5 de marzo de 2020, entre las 8:00 y 8:30 de la mañana, en la entrada del portón sur de la Asamblea Legislativa, cuando la víctima se dirigía hacia las oficinas y se encontró con el ahora imputado, José Roberto Silva Rugamas, quien portando un micrófono y haciendo grabación con su teléfono celular, comenzó a gritarle, increpándolo e insultándolo. Además de acusarlo de ser una persona que ordenaba a pandillas asesinar a policías y soldados.

El exdiputado al escuchar que le gritaba en la vía pública tales afirmaciones y ofensas, le dijo que no dijera cosas sin fundamento, razón por la que él se consideró ofendido e interpuso la denuncia por el delito de Desacato.

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