Judicial
Denuncian penalmente a empresa de Salume y exalcalde Roberto d’Aubuisson por fraudes en licitaciones
Tomado de La Noticia SV
El abogado ambientalista, Lic. Edgar Lemus, interpuso un aviso penal ante la Fiscalía General de la República, en contra de la Sociedad integral de Desechos: Ciudad y Puerto de La Libertad, “S.E.M de C.V”, o “Pul SEM. de C.V, mejor conocida como PULSEM, empresa representada legalmente por Nicolás Adriano Salume Pacas, quien es acusado por diversos delitos de falsedad y malversación de fondos públicos.
El aviso interpuesto por el abogado Edgar Lemus, también es en contra del exalcalde de Santa Tecla, Roberto d´Abuisson y su Concejo Municipal, por cometer delitos, en contra de las finanzas del Estado.
“Se les está acusando de varios delitos, contra las finanzas del estado, porque es el estado el que ha sido afectado, por ejemplo, contra la fe pública, contra la administración pública, contra las finanzas municipales”, expresó el abogado, Edgar Lemus, en una entrevista para La Noticia SV.
Asimismo, comunicó que lo que se busca con el aviso penal es que las personas sean investigadas y procesadas bajo la Ley, en base a los delitos denunciados en reiteradas ocasiones. También solicita que se reintegre todo lo defraudado en contra del Estado.
“Que considere la fiscalía qué tipo de acción penal solicitar, si es necesario imposición de medidas claras, como la detención pues que se haga. Pero lo principal es que se le reintegre todo lo defraudado a estas instituciones públicas”, agregó el abogado Lemus.
En el aviso penal, en base a las pruebas presentadas, se detalla que la incidencia penal tiene relación directa con los siguientes bienes jurídicos:
- La fe pública
- La administración pública
- Las finanzas municipales, de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, departamento de La Libertad
- Las finanzas públicas de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Según denuncias anteriores, la empresa de Salume presentó una oferta afirmando que contaba con un permiso ambiental suficiente para darle tratamiento a unas 120 o 190 toneladas de basura producida diariamente en el municipio de Santa Tecla, pero en realidad solo se contaba con un permiso para operar un botadero mixto con una capacidad, legalmente, para disponer un máximo de 42 toneladas de basura en el sitio.
En este sentido, el exalcalde Roberto d´Abuisson, favoreció de manera fraudulenta a Salume con los contratos. “Porque el deber del alcalde era actuar de buena fe y sabiendo que, si se estaba actuando de mala fe, de parte de la sociedad (PULSEM), tenía que poner sus buenas funciones a favor de la municipalidad”, enfatizó Lemus.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) fueron contundentes para condenar a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán, por el delito de homicidio agravado derivado del maltato infantil contra su hijo de cinco meses.
El 20 de noviembre de 2024, el imputado quedó a cargo del cuido de su hijo, mientras su compañera de vida y su hijo mayor salieron de la casa de habitación a visitar a un familiar cercano.
Minutos después de haberse ido, el sujeto llamó por teléfono a su compañera de vida para reportarle que el niño presentaba complicaciones de salud y era necesario llevarlo a pasar consulta a la Unidad de Salud de Rosario de Mora, jurisdicción donde ellos residían.
El niño fue atendido en esa clínica, pero a causa de su cuadro clínico fue referido de emergencia al Hospital Nacional Saldaña, lugar donde murió el mismo 20 de noviembre.
De acuerdo con el reporte fiscal, la causa de la muerte fue un trauma cráneo-encefálico de tipo contuso, compatible con maltrato infantil, lesiones que fueron ocasionadas por su padre.
Por estos hechos, el sujeto fue capturado, procesado y condenado con base a la prueba documental, pericial y testimonial.
Los 50 años de prisión fueron establecidos en Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, en presencia del imputado.
Con el fiel compromiso de velar por los intereses de la población honrada, el Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció en conferencia de prensa que se iniciará con la devolución de dinero al primer grupo de afectados por el esquema de captación ilegal de fondos que implementó CREDICASH, a través de Gerson Adriel Orellana Ayala.
Según el funcionario, en este primer grupo hay 212 personas que fueron engañadas y depositaron entre un dólar hasta cinco mil dólares. Las víctimas ya presentaron la respectiva denuncia y todos los documentos relacionados al origen lícito de los fondos. El monto a devolver sobrepasa el millón de dólares y se prevé que este proceso se realice durante diez días hábiles.
Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 8 mil 654 denuncias y desde el centro de levantamiento de datos se seguirá trabajando para dar una respuesta seria y transparente a los afectados, siempre y cuando demuestre la legalidad de los fondos depositados.
#CRONIO Este día, el @FiscalGeneralSV ha dado un aviso importante para las víctimas del caso CREDICASH, en el cual, aseguró que los afectados serán contactados directamente por la institución para explicar el proceso de recuperación y devolución de sus fondos.
“Cuando iniciamos… pic.twitter.com/tqc127zjwg
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
#CRONIO Finalmente, el @FiscalGeneralSV reiteró el compromiso de la institución con cada una de las víctimas.
“Seguiremos investigando, procesando a los responsables y trabajando para que la justicia también se traduzca en resultados concretos para los afectados. Las víctimas… pic.twitter.com/c1VnQCQ6uP
— Diario Digital Cronio (@croniosv) June 15, 2026
De acuerdo al Fiscal General, al iniciar el proceso, se recibían entre 20 y 30 denuncias diarias, pero al saber que el proceso era ordenado y confiable, las víctimas se fueron acercando a la institución y se llegaron a atender entre 300 y 400 personas al día, con tendencia a la alta. «Es una forma positiva en que la Fiscalía ha hecho llegar el mensaje a las personas afectadas, este es claro y transparente», precisó el funcionario.
Finalmente, el Fiscal General dirigió un mensaje a las víctimas e indicó: «Tengan por seguro que los afectados serán llamados de manera ordenada por los canales oficiales de nuestra institución; lo haremos de una manera personalizada porque las víctimas son lo más importante, a quienes nos debemos y tenemos que atender».
Del proceso y esquema de defraudación
Por orden de la Fiscalía se capturó a Gerson Adriel Orellana Ayala, en marzo de este año, por los delitos de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, así como lavado de dinero y activos en perjuicio del orden socioeconómico.
En la investigación se estableció que la estructura captaba a las víctimas a través de redes sociales y mediante recomendaciones de otras personas, ofreciendo supuestas ganancias.
«El sistema funcionaba utilizando el dinero aportado por nuevos inversionistas para cumplir obligaciones con quienes habían confiado su patrimonio previamente. Esta dinámica permitió que miles de personas fueran engañadas», mencionó el fiscal.
Asimismo precisó en que CREDICASH no cumplió con ninguna de las regulaciones establecidas para este tipo de empresa. «Si no hubiéramos intervenido a tiempo, se hubiera dado un colapso y todas las víctimas hubieran perdido su dinero», recordó el fiscal Delgado.
El total de lo inmovilizado en las cuentas del imputado fue de $11,023,972.49 y el dinero encontrado en efectivo fue de $27,550,750.20 dólares.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
