Afectados por las retenciones de cuotas laborales y apropiaciones durante la gestión del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, han declarado ante el Tribunal Quinto de Sentencia que para solventar la mora con los bancos tuvieron que refinanciar los créditos por montos considerables.

Una de las víctimas expuso a los jueces que tramitó un refinanciamiento por $18,000 pues en la comuna durante la gestión de Muyshondt, le descontaron de su salario las cuotas de un crédito adquirido, pero nunca se trasladó el pago al banco.

Otras de las personas sostuvieron que cuando comenzaron a detectar las irregularidades reclamaron a la alcaldía la afectación que se les estaba haciendo, pero todo empleado que exigió una solución fue despedido.

Silvia Dubón, abogada que representa a cinco de las 49 víctimas, respaldó las declaraciones de los afectados. «Hasta el día de ahora, ellos siguen pagando todavía los intereses moratorios que les cobraron», expresó la acusadora particular.

Un total de 45,213 pandilleros de las diferentes estructuras terroristas fueron los que la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó que los tribunales contra el Crimen Organizado agruparan en una misma causa en 2024.

Los datos fiscales dan cuenta de más de 280 solicitudes de agrupamiento que las direcciones Occidente, Central, San Salvador, Paracentral y Oriente tramitaron ante los tribunales.

Al agrupar a cientos de terroristas «en una sola causa» el proceso será contra la estructura criminal y no de forma individual, ya que según las autoridades cada miembro de estructura tenía un rol y en conjunto mantuvieron amenazados, extorsionaron o cometieron cientos de delitos contra ciudadanos en todo el país.

Los terroristas fueron capturados en el marco del régimen de excepción que está en marcha desde finales de marzo de 2022.

El reporte del ministerio público detalla que la dirección de Occidente presentó 31 solicitudes contra un total de 13,220 terroristas, la Central entregó 42 para agrupar a 9,258 mareros, San Salvador fue la Dirección que más presentó con 91 solicitudes para 7,033 pandilleros; en tanto la Paracentral registró 43 en contra de 6,300 terroristas y la de Oriente tuvo 75 solicitudes contra 9,402 miembros de estructuras criminales.

El año recién pasado, la Fiscalía logró 270 resoluciones de los diferentes tribunales y 12 están pendientes.

Procesos por estructuras

Las solicitudes de agrupamiento por clicas de los principales grupos terroristas se comenzaron a presentar el 29 de abril del año anterior. Ese día los fiscales entregaron un requerimiento en contra de 1,589 pandilleros de la MS.

Las peticiones de agrupación se llevaron a cabo en los Tribunales contra el Crimen Organizado instalados en cada zona del país.

Otra solicitud se tramitó en contra de 896 pandilleros de la clica Teclas Locos Salvatruchos (TLS) que delinquían en diferentes zonas de La Libertad; 416 de la clica Park View Locos Salvatruchos, quienes delinquían en varios sectores de San Miguel; 71 imputados de la clica Down Time, que delinquían en San Sebastián del departamento de San Vicente.

La petición también se dirigió contra 67 imputados vinculados a la clica Pride Ganster Locos Salvatruchos del programa Chalchuapa, de Santa Ana, y 139 imputados relacionados a la clica Escalones del programa centro de la MS, quienes atemorizaban a la población en colonias y comunidades de la zona norponiente de San Salvador.

En esa oportunidad, el Fiscal Adjunto para la Defensa de los Intereses de la Sociedad, David Acosta, explicó que los pandilleros son asociados en un solo proceso por su pertenencia a una misma estructura terrorista y por ser capturados durante la vigencia del Régimen de Excepción.

Acosta agregó que a los terroristas se les procesará en una sola causa por agrupaciones ilícitas, sin embargo, mantendrán las acusaciones por otros delitos cometidos como casos especiales de lavado y dinero y activos; proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado; actos preparatorios, proposición y asociación delictiva; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; extorsión, homicidios agravados, entre otros.

Uno de los requerimientos más grandes se presentó el 24 de junio de 2024 y la FGR pidió que 9,258 terroristas de la MS de la zona central fueron agrupados en una sola causa.

Luego, el 28 de agosto, el ministerio público presentó siete solicitudes de agrupamiento en contra de 6,086 terroristas de la Mara Salvatrucha y la pandilla 18. En esa oportunidad, la institución pidió que se procesen en una sola causa de acuerdo a la clica o cancha que se les ha vinculado.

Las peticiones se presentaron ante los tribunales Primero, Segundo y Tercero contra el crimen organizado de Santa Ana.

El fiscal del caso detalló que de la Mara Salvatrucha fueron cinco solicitudes las presentadas para 5,727 miembros. A los terroristas se les atribuyen varios delitos como agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, posesión y tenencia, homicidio agravado imperfecto o tentado, casos especiales de lavado de dinero y otros.

Los rangos de estos delincuentes dentro de la pandilla eran de corredor de programa, corredor de clica, homeboys, colaboradores, chequeos y otros.

Además, se presentaron dos solicitudes de agrupamiento en contra de 359 delincuentes de la pandilla 18, a quienes se les imputan los delitos de agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, amenazas con agravación especial y otros.

Los terroristas eran cabecillas de la pandilla, palabreros de cancha y de tribu, soldados y colaboradores.

Una ola de indignación ha invadido las redes sociales tras la decisión de una madre que optó por proteger a su pareja, denunciado por agredir a su hijo menor de edad, en lugar de tomar leyes en su contra. Jander Hernán Corpeño González, acusado de maltratar al menor, deberá asistir obligatoriamente a terapias psicológicas como parte de las medidas dispuestas por el Juzgado.

El caso tomó notoriedad el día hace unos días, cuando se reveló que la madre, representante legal del niño, decidió no continuar con la denuncia contra su pareja, lo que llevó al juez a otorgar un sobreseimiento provisional del caso, condicionado al cumplimiento de diversas medidas cautelares. Entre ellas, se incluye la prohibición de cambiar de residencia y la obligación de abstenerse de cualquier conducta agresiva hacia el menor o su familia.

La decisión de la madre ha generado un fuerte rechazo en la opinión pública, con comentarios que critican su elección de priorizar a su pareja sobre el bienestar de su hijo.

«Prefirió al marido y no a su propio hijo, ella debería de ir al psicólogo también» y «Que absurdo, hubieran metido preso a los dos entonces, madre más sinvergüenza», fueron algunas de las reacciones en redes sociales que reflejan la frustración de los internautas ante esta situación.