Judicial
Declaran empleados afectados por accionar de exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador recibió ayer, la declaración de ocho empleados municipales afectados por el accionar del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios de la comuna capitalina.
En calidad de víctimas expusieron los problemas financieros que han enfrentado ya que cayeron en mora con instituciones financieras donde tenían créditos. Además, fueron afectados por la falta de acceso a servicios médicos porque pese a que les retuvieron las cuotas del Seguro Social, los imputados no las pagaron, lo mismo ocurrió con las administradoras de pensiones.«Continuamos con el ofertorio probatorio consistente en testimonio de los empleados de la munici
palidad de San Salvador, pues al final ellos fueron los afectados en cuanto a los delitos de incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales», expresó una de las fiscales del caso.
En esta causa penal, Muyshondt, es procesado por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Al exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, lo acusan de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 41 trabajadores e incumplimiento de deberes.
El extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, es señalado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes y Francisco José Rivera Chacón, es enjuiciado por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
La vista pública comenzó el 5 de diciembre de 2024, pero se ha desarrollado en varias jordanas, los cuatro acusados no han sido enjuiciados de forma continua.
Según la acusación los delitos fueron consumados entre el 2018 al 2021, período en el cual Muyshondt fungió como alcalde de la capital.
Con las pesquisas, el ministerio público detectó que hubo una retención por $5,492,588.48; de los cuales $5,217,443.14 con de cuotas laborales no pagadas y $275,145.34 es la cantidad de apropiación de las percepciones tributarias.
El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado condenó a seis años de prisión a Rebeca Saraí Ponce Peñalba, tras encontrarla culpable del delito de actos preparatorios, proposición y conspiración en organizaciones terroristas.
Según el expediente fiscal, los hechos ocurrieron el 14 de julio de 2022 en el cantón Hacienda Nueva, municipio de Colón, en la zona de Nuevo Lourdes. Ese día, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) detuvieron a Ponce Peñalba junto a otras dos personas durante un control preventivo. Testigos del lugar señalaron a los detenidos como presuntos integrantes de estructuras criminales.
Durante el procedimiento, los agentes incautaron un teléfono celular a la ahora condenada. En el dispositivo se encontraron fotografías y videos en los que aparecía junto a miembros activos de la pandilla 18 Revolucionarios, e incluso se observaba a la imputada grabándolos.
El tribunal valoró las pruebas periciales y concluyó que Ponce Peñalba mantenía vínculos directos con la estructura terrorista, por lo que impuso la pena de prisión correspondiente.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado ordenó que siete limpiaparabrisas y cobradores informales de parqueo permanezcan en prisión preventiva, tras ser acusados de los delitos de coacción y agrupaciones ilícitas.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban en distintos semáforos de la capital, donde presuntamente intimidaban a conductores mediante señas alusivas a estructuras criminales. La FGR señaló que exigían dinero u objetos de valor a cambio de no causar daños a los vehículos o atentar contra sus ocupantes.
Los sospechosos fueron capturados entre el 8 y el 10 de mayo en las inmediaciones de la 25ª Avenida Norte y la Alameda Juan Pablo II, en San Salvador. Las autoridades explicaron que la investigación se desarrolló con técnicas especializadas y el apoyo de inteligencia policial.
Los detenidos fueron identificados como Julio César Aldana, Luis Alonso Ramos Molina, Maycol Javier Haslan Pavón, Kevin Alexander Navarro Méndez, José Miguel Arteaga Melgar, Ariel Francisco Montes Hernández y Héctor René Renderos Navarro.
Un informe de análisis criminal elaborado por la Policía Nacional Civil (PNC) reveló el modo de operar del grupo, cuya estructura —según las autoridades— buscaba evadir la detección policial mientras cometía los delitos.
Durante la audiencia, la jueza consideró que existen suficientes elementos indiciarios para mantener detenidos a los imputados mientras continúa la investigación.
La FGR dispone ahora de un plazo de cuatro meses para ampliar el proceso y presentar pruebas adicionales que serán evaluadas en la audiencia preliminar.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró 23 años de prisión para José Remberto Ávalos por violación en menor o incapaz continuada y privación de libertad de una niña de 11 años.
De acuerdo a las investigaciones de la FGR, Ávalos cometió los abusos, el 2 de septiembre de 2020 en el cantón El Matazano, del distrito de Comasagua, en La Libertad Sur.
El sujeto, mediante engaños, persuadió a la niña para que llegara a su vivienda con la intención de recuperar el teléfono perdido de su abuela.
Al llegar al lugar, el procesado la privó de libertad y la obligó a entrar a casa donde la violó varias veces.
Posteriormente, la víctima fue amenazada por el imputado para que no escapara; sin embargo logró huir y le contó a su familia sobre los abusos sufridos.
Los familiares al enterarse interpusieron la denuncia en contra del sujeto, quien fue detenido por orden fiscal.
Gracias a los elementos de prueba, documental, pericial y testimonial que presentó la FGR ante el Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla se logró establecer la participación del imputado en los abusos.
Además de la condena de cárcel, el sujeto deberá pagar $400 en concepto de responsabilidad civil.
