Judicial
Declaran empleados afectados por accionar de exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt
El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador recibió ayer, la declaración de ocho empleados municipales afectados por el accionar del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios de la comuna capitalina.
En calidad de víctimas expusieron los problemas financieros que han enfrentado ya que cayeron en mora con instituciones financieras donde tenían créditos. Además, fueron afectados por la falta de acceso a servicios médicos porque pese a que les retuvieron las cuotas del Seguro Social, los imputados no las pagaron, lo mismo ocurrió con las administradoras de pensiones.«Continuamos con el ofertorio probatorio consistente en testimonio de los empleados de la munici
palidad de San Salvador, pues al final ellos fueron los afectados en cuanto a los delitos de incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales», expresó una de las fiscales del caso.
En esta causa penal, Muyshondt, es procesado por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Al exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, lo acusan de apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 41 trabajadores e incumplimiento de deberes.
El extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, es señalado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes y Francisco José Rivera Chacón, es enjuiciado por apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
La vista pública comenzó el 5 de diciembre de 2024, pero se ha desarrollado en varias jordanas, los cuatro acusados no han sido enjuiciados de forma continua.
Según la acusación los delitos fueron consumados entre el 2018 al 2021, período en el cual Muyshondt fungió como alcalde de la capital.
Con las pesquisas, el ministerio público detectó que hubo una retención por $5,492,588.48; de los cuales $5,217,443.14 con de cuotas laborales no pagadas y $275,145.34 es la cantidad de apropiación de las percepciones tributarias.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
