Judicial
Condenan a sujeto por falsificaron la firma de hombre para cobrar cheques por $1,700
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a tres años de cárcel a Rigoberto Molina Chávez, por el delito de hurto en perjuicio de un ciudadano.
Los tres años le serán sustituidos por otras medidas, toda vez que cancele $700 dólares que le fueron impuestos como responsabilidad social.
Por este mismo proceso es acusada Jessica Teysi Gallardo Galdámez, de 41 años de edad, quien actualmente es prófuga de la justicia. Gallardo ya fue condenada a cuatro años de cárcel, en 2008 por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador por el delito de robo agravado tentando.
Consta que Gallardo cobró un cheque por $1,700 dólares de una cuenta de la víctima; mientras que Molina fue detenido cuando pretendía cobrar otro cheque por la misma cantidad en una agencia bancaria de Plaza Mundo, después de que la víctima congelara a cuenta. Esto ocurrió el pasado 20 de febrero.
Según la víctima él se acercó a una agencia bancaria de Procredit (hoy Atlantida) para verificar su estado de cuenta y en ese momento la cajera le informó sobre su saldo, fue en ese instante que se dio cuenta de un faltante.
En la referida agencia le mostraron que días antes se había presentado Gallardo a cobrar un cheque por $1,700 dólares. La víctima pidió entonces que le congelaran la cuenta. En esos precisos momentos Molina hacía fila en una agencia bancaria para canjear un cheque por $1.700 dólares de la cuenta de la víctima.
La agencia bancaria proporcionó los datos de Molina, quien fue capturado meses después con una orden de detención administrativa.
Según la víctima tiene serias dudas de cómo sucedieron los hechos, pues él tenía su chequera en su casa y los cheques que le hacen falta no están en número seguido de serie, por lo que es posible que cuando le dieron la chequera alguien haya extraído los cheques de manera aleatoria.
También le llama la atención que el cheque cobrado y el que estuvo a punto de ser cobrado tuvieran su firma falsificada; sin embargo no hubo nadie acusado por falsedad.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
