Judicial
Fiscal Melara satisfecho tras divulgación de videos donde se ve a políticos negociar con pandilleros: «Ya vieron que sí podía pasar los videos»
El jueves, el juez Especializado de Sentencia “A” de San Salvador, Godofredo Salazar, ordenó a la Fiscalía General de la República procesar a cuatro políticos que aparecen en vídeos reunidos con cabecillas de la Mara Salvatrucha.
Esto luego que se divulgaran los videos donde se ve a los funcionarios públicos “negociando” beneficios con miembros de estructuras criminales.
Los políticos señalados son: el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, el actual alcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, Roberto Angulo y e Jorge Velado, todos de ARENA.
También en los videos aparece Arístides Valencia del partido FMLN. En los audios también se menciona a un sujeto nombre “Howard”, de quien se presume sería el ex director de la Policía Nacional Civil Howard Cotto, además del ex ministro de la Defensa, David Munguía Payés.
Luego de que el juez Especializado de Sentencia A de San Salvador hiciera públicos los videos que descubren a los políticos de ARENA y del FMLN en reunión con los pandilleros de la MS- 13 presuntamente negociando altas sumas de dinero a cambio de votos el fiscal general, Raúl Melara, se dio por satisfecho: “Ya vieron que sí podía pasar los videos”, publicó el titular de la Fiscalía General de la República.
Antes, Raúl Melara había mostrado su aprobación por la condena que la FGR logró en contra de casi 400 pandilleros de la mara MS13 acusados en la “Operación Cuscatlán”.
Dichos vídeos, más las escuchas telefónicas, incriminan a los políticos, pues según el fallo judicial: hubo ofrecimiento de beneficios, entregas de dinero, y en las intervenciones los pandilleros hablan de que el exministro de Defensa David Munguía Payés, les iba a entregar uniformes de la Fuerza Armada.
Luego que la presan tuviera acceso a los videos con el consentimiento del juez Godofredo Salazar, quien según Norman Quijano entregaría a los pandilleros presuntamente $100 millones traducidos en programas de beneficio social, el ahora diputado tricolor reaccionó anoche a los señalamientos.
Quijano reiteró que no negoció con pandillas durante la campaña presidencial de 2014. “Tengo mi conciencia tranquila, hablé de un plan país que era para disminuir los niveles de criminalidad; me reuní con pastores y con diversos sectores de la sociedad y nunca adquirí compromisos con delincuentes”, dijo.
El Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador abrió el proceso penal contra 48 estudiantes y exestudiantes de institutos nacionales, entre ellos 14 menores de edad, acusados de integrar “La Raza”, una nueva estructura delictiva surgida en centros educativos del país.
El caso, llevado con reserva total, incluye imputaciones por delitos relacionados con crimen organizado como agrupaciones ilícitas, lavado de dinero, proposición y conspiración para homicidio, falsificación de moneda, agresión sexual y amenazas.
La audiencia contó con la presencia exclusiva de fiscales, defensores y padres de los menores, quienes fueron trasladados a la sala sin ser expuestos ante los medios. Los adultos enfrentaron la audiencia de forma virtual para la imposición de medidas.
Las capturas se ejecutaron el 24 de junio de 2025, ordenadas por la Fiscalía General de la República, y tuvieron lugar en los institutos General Francisco Menéndez (INFRAMEN), Nacional Técnico Industrial (INTI), Albert Camus y Acción Cívica Militar, tras investigaciones que duraron varios meses.
Las autoridades recibieron información sobre actividades delictivas vinculadas a esta agrupación en los centros escolares y zonas aledañas. Según el gabinete de Seguridad, “La Raza” tenía como objetivos a profesores y agentes policiales, contra quienes dirigía sus acciones criminales.
Los abogados defensores señalaron que no existen pruebas contundentes que demuestren la vinculación de sus clientes con la estructura delictiva, y negaron que los acusados formen parte de “La Raza”. El proceso continúa en desarrollo.
Judicial
Prisión para pandilleros que asesinaron a una mujer tras saber que vivía en una zona controlada por otra estructura
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que tres miembros de la pandilla 18 Sureños fueran condenados a 25 años de prisión por el homicidio de una mujer ocurrido en el departamento de La Libertad.
Los condenados fueron identificados como Giovanni Stanley Santamaría Flores, alias Skipi; Giovanni Stanley Castillo Monjes, alias Saiper; y Alex Edgardo Guillén Zacatares, conocido como Orejón. Las investigaciones determinaron que los tres pertenecen a estructuras terroristas activas en la zona.
Según la FGR, el crimen ocurrió luego de que los pandilleros se encontraran con la víctima en un bar, donde uno de ellos entabló conversación y le ofreció una bebida alcohólica. Posteriormente, le propuso llevarla a su casa, pero al enterarse de que vivía en una zona dominada por una pandilla rival, cambiaron el destino.
La mujer subió al vehículo en el que viajaban los tres agresores y, al llegar al sitio acordado, fue atacada a balazos. Los delincuentes la abandonaron creyendo que había muerto.
Minutos después, agentes policiales la encontraron con vida, la auxiliaron y la trasladaron a un centro asistencial, donde falleció a causa de las graves heridas.
La FGR confirmó que los tres implicados ya guardan prisión y enfrentan además otro proceso penal por el delito de agrupaciones ilícitas.
Tres integrantes de la MS, vinculados a la clica Brentwood, fueron sentenciados a penas de 18 y 20 años de prisión por el asesinato de un hombre durante un torneo navideño en Concepción de Oriente, La Unión.
El Tribunal de Sentencia de La Unión confirmó la culpabilidad de los acusados tras validar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR), que demostraron la participación directa de cada imputado en el crimen ocurrido el 20 de noviembre de 2019.
Según las investigaciones, la víctima fue atacada a tiros mientras se desarrollaba un torneo en la cancha de fútbol del caserío Ojo de Agua, cantón Gueripe, un hecho que causó conmoción entre los asistentes.
La Fiscalía determinó que Selvin Abundino Umanzor Euceda y Luis Adonay Velásquez se encargaron de localizar y seguir a la víctima, mientras que Walter Geovanny Alvarado García, junto a un menor de edad, ejecutaron el ataque.
El crimen fue ordenado por la estructura criminal debido a la presunta afiliación de la víctima a la pandilla Barrio 18.
Alvarado García y Umanzor Euceda fueron condenados a 18 años de prisión cada uno, mientras que Velásquez, prófugo de la justicia, fue sentenciado en ausencia a 20 años de cárcel.
