Judicial
Condenan a pandillero que extorsionaba a comerciantes en Santa Ana
La Unidad de Penal Juvenil de la oficina fiscal de Santa
Ana, logro la sanción de siete años de internamiento y tres de libertad
asistida para un pandillero de MS, luego de que un tribunal de menores lo
declarara culpables del delito de Extorsión Agravada, en perjuicio de un
comerciante de la cabecera departamental, que goza de régimen de protección de
víctima y testigo, dijo el jefe de la Unidad Julio Sosa.
El Juzgado Segundo de Menores de Santa Ana, determinó la responsabilidad de
Christopher N., luego de que la Fiscalía presentara, además del testimonio de
la víctima, pruebas de entregas controladas, con lo que se comprobó la
participación del adolescente en el delito de Extorsión Agravada, prevista y
sancionada en el artículo 214 del Código Penal.
La víctima y testigo, quien goza de protección especial y se le identifica bajo
la clave “49”, dijo que en el mes de mayo de 2018, en la ciudad de Santa Ana,
se le acercaron tres sujetos de la MS, manifestándole que si quería trabajar en
la zona, tenía que darles cada vez que entrara la cantidad de $50.00, y en caso
que no cumpliera lo iban a matar; ante tal situación interpone denuncia en sede
policial.
Al iniciar la investigación la víctima entrego por temor a que lo fueran a
matar el número telefónico para realizar la negociación con los sujetos, por lo
que el 5 de junio del 2018, le entrego un billete de $20.00, para que lo
entregaran los sujetos que le exigían el dinero, posteriormente los
investigadores dela PNC realizan la entrega controlada, el cual fue recogido
por un sujeto que se conducía en bicicleta, quien momentos después fue
interceptado e identificado con el nombre de Christopher N.
Durante la Vista de Causa al adolescente Christopher N., se le declaro
responsable imponiéndole la medida definitiva de siete años de Internamiento y
tres años de libertad asistida, pena que cumplirá en la Granja de
Rehabilitación para jóvenes en conflicto con la ley en Ilobasco, en el
departamento de Cabañas, concluyo el fiscal Ponce.
Óscar José Amaya Guevara fue condenado a 10 años de prisión por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal e irresponsable de arma de fuego, informó la Fiscalía General de la República (FGR). La sentencia fue impuesta en un proceso sumario por el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad.
Según la acusación fiscal, Amaya Guevara fue detenido el pasado 8 de mayo de 2025 mientras ingería bebidas alcohólicas en un restaurante del Puerto de La Libertad. La Policía Nacional Civil (PNC) recibió una alerta sobre su comportamiento, ya que manipulaba un arma de fuego en evidente estado de ebriedad.
Al realizarle una prueba antidoping, el resultado arrojó 162 grados de alcohol. Además, no presentó documentos que acreditaran la portación legal del arma ni la matrícula correspondiente.
Durante la audiencia, el tribunal consideró suficientes las pruebas documentales, periciales y testimoniales presentadas por la FGR para dictar la condena.
Amaya Guevara ya tenía antecedentes. En noviembre de 2023 fue detenido por amenazar con arma de fuego a trabajadores en un lugar público y por atentar contra conductores y un motociclista en la carretera al Puerto de La Libertad. En ese caso, fue procesado por homicidio tentado y disparo de arma de fuego, y se le decomisaron un arma, municiones y un vehículo.
La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación formal contra Julio Alonso Revelo Martínez y José Guillermo Arce Marín, señalados de traficar 114 kilogramos de cocaína. El proceso fue judicializado en el Juzgado de Paz del Puerto de La Libertad, donde la FGR solicitó la detención provisional mientras avanza el proceso penal.
Según la acusación fiscal, ambos imputados, residentes en San Luis La Herradura (La Paz), transportaban la droga oculta en una hielera acondicionada con un compartimiento secreto. La embarcación fue interceptada el pasado 18 de junio a tres millas y media náuticas de la playa Toluca, en aguas territoriales del departamento de La Libertad.
El operativo fue ejecutado por el Grupo Especial Antinarcóticos, en coordinación con la División Antinarcóticos y la División de la Policía Costera de la PNC.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó a través de redes sociales que los detenidos forman parte de una estructura de narcotráfico regional. «Salieron de Nicaragua y pretendían llevar la droga a Guatemala, pero su operación fue truncada gracias al trabajo coordinado entre nuestra Policía Costera y la División Antinarcóticos», publicó.
Durante la inspección de la embarcación se localizaron paquetes que, tras pruebas de campo, dieron positivo a cocaína. El cargamento fue valorado en aproximadamente $2.8 millones.
El fiscal del caso confirmó que se ha solicitado la instrucción formal con imposición de medidas cautelares de detención provisional.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Miguel impuso penas de entre 8 y 155 años de prisión a 15 miembros de la Mara Salvatrucha, tras ser hallados culpables de cometer diversos delitos, entre ellos homicidio agravado, intento de homicidio y organizaciones terroristas.
Los condenados pertenecían a las clicas Molinos Locos Salvatruchos y Los Ángeles Locos Salvatruchos, donde desempeñaban distintos rangos como homeboys, chequeos y paros. La Fiscalía General de la República (FGR) presentó pruebas que fueron determinantes para lograr las condenas.
Uno de los crímenes más atroces atribuidos al grupo ocurrió en noviembre de 2017 en el cantón Las Trancas, distrito de Ozatlán, donde una mujer fue privada de libertad, llevada a un cerro, asesinada con arma de fuego, desmembrada y enterrada. Su cadáver fue localizado en junio de 2018. La víctima habría sido asesinada por ser pareja de un exmiembro retirado de la pandilla, según la FGR.
Éver Wilfredo Herrera Gómez, alias el Satánico, recibió la condena más severa: 155 años de prisión por cuatro homicidios agravados y un intento de homicidio. Otro de los sentenciados, Élmer Vladimir Rivas Ayala, alias el homeboy de la L.A, fue condenado a 42 años por homicidio agravado y participación en organizaciones terroristas.
Las autoridades reafirmaron su compromiso de continuar el combate frontal contra las estructuras criminales responsables de múltiples hechos de violencia en el país.
