Judicial
Condenan a 30 años de prisión a un sujeto: 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por robo
Un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) estuvo a punto de perder la vida a manos de cinco miembros de una pandilla, quienes abordaron el microbús del transporte colectivo de la ruta 11-C justo en donde se conducía el elemento de la institución de seguridad pública. Uno de los sujetos ya ha sido condenado y en su último intento de conseguir salir librado, dijo ser inocente.
El hecho ocurrió el pasado 25 de julio de 2015, cuando el agente, tras quedar medio moribundo por la golpiza, logró escapar de sus atacantes. Luego de un operativo, sus compañeros lograron detener a dos de los cinco sujetos que habían decidido asesinar a “Luna” -la clave que recibió el policía en el desarrollo del proceso judicial.
La Fiscalía General de la República (FGR) los acusó de tres delitos: homicidio agravado en grado de tentativa, robo y privación de libertad.
Por ello, durante la audiencia de vista pública celebrada este septiembre de 2018, Samuel Ernesto Beltrán Martínez, alias «Huezo», indicó entre lágrimas al juez del Tribunal 1° de Sentencia: “Soy expandillero, pero nunca cometí ningún delito. Se han confundido y están acusando a la persona equivocada”, agregó en el momento del derecho a la última palabra en el juicio.
Sin embargo, no logró convencer al juez, pues las pruebas que fueron presentadas por la FGR ayudaron a que tomara una postura ante el caso. Beltrán Martínez fue encontrado culpable por dos de los tres delitos, por lo que recibió 30 años de prisión, 20 por el delito de homicidio tentado y 10 por el de robo y fue absuelto por el delito de privación de libertad.
Mientras que el 18 de julio de 2017, el Tribunal 4° de Sentencia de San Salvador condenó a Walter Noé Contreras Pérez, el otro de los capturados que atentó contra la vida del agente. Este imputado fue condenado a 18 años de prisión, por el homicidio tentado y por privarlo de libertad.
El caso por el que fueron procesados
A eso de las 2:30 de la tarde del 25 de julio de 2015, “Luna” se trasladaba en el microbús que hace su recorrido desde San Marcos hasta el centro de San Salvador. Junto a él iban seis pasajeros más.
Cuando el automotor fue estacionado por su motorista en las afueras del centro comercial San Jacinto, situado en la décima avenida Sur de la calle antigua a San Marcos, se subieron los cinco sujetos, dos de ellos menores de edad.
“Luna” observó que ninguno ocupó los asientos del microbús pese a que había varios vacíos, por lo que tuvo la idea de bajarse en la parada siguiente conocida como “Alpina”. Decisión que fue bloqueada con palabras intimidantes al momento de ponerse de pie: “Aquí ningún hijo de puta se queda”.
Luego de las expresiones emitidas por uno de los hombres, el agente recibió un primer golpe en su rostro. Tras ese llegaron patadas y más golpes con puños cerrados. Ante esto, “Luna” intentó defenderse y fue cuando otro de los pandilleros logró ver que portaba un arma de fuego en su cintura.
El agente fue despojado de su pistola calibre 9 milímetros propiedad de la corporación policial. Además, le robaron un celular valorado en $30, además $200 en efectivo y sus documentos personales.
Los atacantes le ordenaron al motorista que se dirigiera hacia la terminal del Sur para dejar a los pasajeros en esa zona y que después los transportara hacia la colonia 10 de Octubre, situada en San Marcos.
Así fue. Los seis pasajeros lograron bajarse del automotor, mas no “Luna”. Los pandilleros le negaron su salida y volvieron a agredirlo físicamente.
Los fuertes golpes hicieron que el policía cayera desmayado en el piso del microbús. Al despertar se encontraba en un terreno baldío de la carretera hacia Comalapa. Logró escuchar que los sujetos aseguraban que él estaba muerto, por lo que tres de ellos indicaron que irían a buscar unas palas para cavar su tumba.
Al abrir los ojos logró observar que los otros dos sujetos se encontraban alejados de él, por lo que recobró sus últimas energías y logró ponerse de pie. Con todas sus fuerzas empezó a correr hasta lograr salir a la calle y escapar de los sujetos.
Una patrulla policial que circulaba por la zona fue el medio de transporte que le sirvió llegar hasta un centro médico para que pudiera ser atendido debido a la gravedad de sus lesiones.
Por: El Salvador Times.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
