Judicial
Cámara admite recurso de apelación por resolución que favoreció al exministro de Salud Guillermo Maza
La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador admitió el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la República (FGR) que busca revertir la sentencia absolutoria que favoreció al exministro de Salud, en el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca, José Guillermo Maza Brizuela.
Según la Fiscalía, dicha sentencia fue emitida por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador, la cual absolvía al exministro de los delitos de negociaciones ilícitas, estafa agravada y falsedad ideológica. Junto al exfuncionario también fueron procesados César Rolando García Herrera, Wilfredo Apontes Cuéllar y otros.
“Los imputados enfrentarán una nueva Vista Pública, la cual próximamente será notificada la fecha y la sede judicial”, dio a conocer, ayer, la Fiscalía a través de sus redes oficiales.
El 9 julio de este año, tras conocer el fallo del tribunal, los fiscales del caso advirtieron que apelarían la resolución que favoreció a Maza Brizuela.
“Vamos a presentar la apelación porque para nosotros sí existió el delito de negociación y sí tenemos prueba científica, financiera y testigos”, expresó uno de los fiscales en ese momento.
El exministro Maza fue señalado, junto a diez personas más, de presuntamente haber incurrido en ilegalidades relacionadas con la reconstrucción y equipamiento de los hospitales Santa Gertrudis, en San Vicente, y San Pedro, en Usulután, por un monto de $5.1 millones en el proyecto denominado Reconstrucción de Hospitales y Extensiones de Servicios de Salud (RHESSA).
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
