Judicial
Autoridades desarticulan grupo de exterminio formado por policías y soldados, serían los responsables de 31 homicidios
Foto de archivo
La madrugada de este jueves, la Unidad Antipandillas de la Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con agentes de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), de la Policia Nacional Civil (PNC), realizaron dos operativos de manera simultanea para desarticularon un grupo de exterminio que, según las investigaciones mató a 31 personas.
En total se realizaron 43 ordenes de detención administrativa, teniendo la peculiaridad que en este operativo, se ven vinculados personas que pertenecen a la corporación policial (PNC).
Entre los detenidos se encuentran un inspector jefe de la Policía Nacional Civil (PNC), ocho agentes policiales y tres efectivos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), dijo la Fiscalía.
Las capturas se efectuaron en los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz, Ahuachapán y San Vicente. Todos señalados de participar en los 31 asesinatos y 13 homicidios tentados. Con esta operación se le estaría estaría haciendo justicia a 44 victimas, según las autoridades.
El Ministerio Público, indicó que esta estructura es la responsable de cometer el atentado en contra de un autobús ocurrido el 18 de octubre del año pasado en San Pedro Masahuat, del departamento de la Paz.
El Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Ana autorizó un acuerdo conciliatorio entre Juan Vicente G. y su hijo, en el proceso penal seguido en contra del imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de asistencia económica.
Inicialmente, la deuda acumulada ascendía a $7,550. Sin embargo, el procesado acreditó un pago reciente de $750, por lo que el saldo pendiente se redujo a $6,800.
Durante la audiencia, el imputado manifestó que, debido a su situación económica, únicamente podía cancelar $3,600, monto que se comprometió a pagar en cuotas mensuales de $150 durante un plazo de dos años.
La propuesta fue aceptada por la víctima, quien ya alcanzó la mayoría de edad, así como por su madre, quien al momento de iniciar el proceso penal fungía como su representante legal. La progenitora expresó su conformidad con el acuerdo y señaló que durante la minoría de edad de su hijo asumió la totalidad de los gastos de manutención.
Según la acusación fiscal, el imputado y la madre de la víctima sostuvieron una relación sentimental de la que nació un hijo. Tras la separación de la pareja, cuando el niño tenía 6 años, la madre promovió un procedimiento de fijación de cuota alimenticia ante la Procuraduría General de la República (PGR), debido a la falta de apoyo económico por parte del padre.
El 31 de agosto de 2011, el imputado se comprometió a pagar una cuota alimenticia de $50 mensuales. No obstante, incumplió dicha obligación, acumulando una deuda de $7,550 por cuotas y aguinaldos no cancelados entre julio de 2012 y enero de 2024, motivo por el cual fue presentada la denuncia.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que David Reynaldo Umaña y Carmen Beatriz Ortiz de Umaña fueron sentenciados a 13 y 10 años de prisión, respectivamente, por un caso relacionado con tráfico de drogas.
De acuerdo con el Ministerio Público, los esposos fueron capturados en enero de 2024 en San Miguel por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).
Las autoridades interceptaron a Umaña cuando realizaba una transacción de droga. Posteriormente, durante un registro realizado en su vivienda, fueron incautadas más porciones de cocaína y se procedió con la detención de Carmen Beatriz Ortiz de Umaña.
En su momento, la PNC informó que la cocaína incautada tenía un valor de $945.01.
La Fiscalía detalló que las condenas fueron impuestas por el Tribunal de Segundo de Sentencia de San Miguel.
