Judicial
Audiencia inicial contra acusados del delito de Tráfico Ilícito en La Unión
El Juzgado de Paz del municipio de Intipucá, en el departamento de La Unión, desarrolla este jueves, la audiencia inicial contra Óscar Antonio Escobar Ponce y Francisco Javier Serrano Ayala, acusados del delito de Tráfico Ilícito.
A estos sujetos, las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) les incautó 200 kilos de cocaína, el 20 de marzo pasado en el interior de un rancho.
De acuerdo con las autoridades, la droga confiscada tiene un valor de $5 millones en el mercado de estupefacientes.
Con esta operación, las autoridades de Gobierno le dieron un duro golpe a las estructuras del narcotráfico por parte del Plan Control Territorial.
Según la División Antinarcóticos (DAN), de la PNC, entre el 1 y el 31 de enero de este año, ubicaron 220.56 kilogramos de los diferentes tipos de droga, valoradas en $328,666.18.
Un joven de 18 años enfrenta una detención provisional tras intentar vender una motocicleta robada, sin la documentación correspondiente, a su verdadero propietario.
De acuerdo con el requerimiento fiscal, César Iván H. adquirió la motocicleta el 23 de diciembre del año pasado por 600 dólares, sin realizar los trámites legales necesarios. Posteriormente, el 11 de enero, publicó el vehículo en la plataforma de Marketplace por 700 dólares.
El joven recibió el interés de un supuesto comprador y acordaron llevar a cabo la transacción en Soyapango. Sin embargo, durante la entrega, el comprador resultó ser el dueño legítimo de la motocicleta, quien había denunciado el robo y estaba trabajando con la Policía para recuperar su vehículo.
Como resultado de esta situación, César Iván H. fue detenido por las autoridades, quienes continúan investigando el caso.
La Fiscalía General de la República expuso al Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador los alegatos finales en el juicio del exalcalde de la capital Ernesto Muyshondt y tres exfuncionarios por retener $5,492,588.48 de cuotas laborales.
Los fiscales hicieron una síntesis de cada uno de los elementos de prueba que durante el juicio fueron presentados y que a su juicio establece la participación de cada uno de los imputados.
Para Muyshondt, los fiscales pidieron condena de 22 años por incumplimiento de deberes y apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias.
Mientras que, 14 años para el exdirector de Finanzas de la alcaldía, Santos Omar Muñoz González, a quien le atribuyen apropiación y retención de cuotas laborales en perjuicio 45 trabajadores de la municipalidad e incumplimiento de deberes.
La Fiscalía solicitó 20 años para el extesorero, Fernando Heriberto Portillo Linares, procesado de apropiación indebida de retenciones o percepciones tributarias, apropiación y retención de cuotas laborales e incumplimiento de deberes.
Mientras que para para Francisco José Rivera Chacón, señalado de apropiación indebida de retenciones tributarias, los fiscales pidieron 16 años.
La Fiscalía le expresó al tribunal que los testigos presentados fueron contundentes en manifestar la conducta dolosa de retener y apropiarse de los fondos.
Se mencionó que la directora de Finanzas y la pagadora de Desechos Sólidos, declararon que a través de correos electrónicos pidieron que se transfirieran los fondos para pagar las cuotas previsionales, pero Portillo Linares incumplió los procedimientos administrativos para el desembolso del dinero.
El ministerio público pidió a los jueces que se valore los documentos donde evidencia que a los empleados les hicieron las retenciones, pero nunca llegaron los desembolsos para pagar a diversas entidades, entre ellas las AFP e instituciones bancarias.
Rosa Lilian Hidalgo fue declarada culpable de abusar de un adolescente de 14 años de edad en el distrito de Conchagua, La Unión Sur.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó en las últimas horas que la mujer fue condenada a 20 años de prisión.
El informe fiscal revela que Hidalgo se aprovechó de la confianza que existía y abusó del adolescente en varias ocasiones.
Dichos abusos fueron cometidos entre los meses de diciembre de 2023 y enero de 2024, hasta que un familiar de la víctima denunció lo que sucedía.
