Judicial
“Pido al fiscal general, Raúl Melara, que investigue la corrupción detrás de los fiscales que han fabricado los casos contra Enrique Rais”
Este medio entrevistó nuevamente al Apoderado Legal, del empresario Suizo-Salvadoreño Enrique Rais, se trata del abogado Carlos Miranda Rubio, quien en esta ocasión habla de la preocupación porque dentro de la Fiscalía, aún existen agentes auxiliares que siguen trabajando bajo el guión legado por el Ex Fiscal General Douglas Meléndez, al grado que siguen fabricando causas penales contra su cliente, sobre los mismos hechos por los que ya ha sido procesado y sobre los que ha resuelto la Organización de Naciones Unidas, que el trasfondo consiste en el interés ilícito de los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, por obtener beneficios patrimoniales injustos a través de coaccionar a Rais con el desgaste de juicios y la inseguridad jurídica para retornar al país.
¿Por qué considera que sigue existiendo un problema de corrupción en la actual FGR y especialmente por qué la atribuye al Ex Fiscal General Douglas Meléndez?
Mire, allí hay varios temas que tocar, pero voy a iniciar en este caso, por el último dato que tenemos, recién los abogados defensores del Sr. Enrique Rais, hemos tenido conocimiento el día lunes 22 de marzo, que el Jefe Fiscal de la Unidad de Administración de Justicia, Atilio Santín Alvarado, tiene en marcha una investigación en el expediente 226-UDAJ-2020. Y esta causa, está basada nuevamente en la incorporación de unos peritajes psicológicos practicados al Sr. Rais, dentro del proceso penal seguido por los delitos de Extorsión y Apropiación Indebida contra Matteo Pasquale y Franco Pacetti, quienes han sido declarados rebeldes y con órdenes de captura internacional.
¿Cómo se enteran de esta nueva investigación en contra del Sr. Rais?
Aclaro que en este momento, nosotros no podemos confirmar que sea contra el Sr. Enrique Rais, pero si tenemos certeza que existe la investigación y que el Fiscal del caso ha solicitado las certificaciones de esos peritajes psicológicos al Juzgado 5º de Instrucción de San Salvador, donde hemos sido notificados de esa solicitud.
De hecho, acá comienzan a saltar las irregularidades, porque fíjese que el 19 de marzo recién pasado nos notifica el juzgado 5º de instrucción de la documentación requerida por fiscalía, donde consta el oficio firmado por Atilio Santín Alvarado y dice que lo requiere con “urgencia” y que es una investigación en trámite en fiscalía. Pero ese mismo día la Juez 2º de instrucción, Edelmira Violeta Flores, remite una notificación en la que además de la referencia judicial del caso viene relacionada la referencia fiscal 226-UDAJ-2020. ¿Cómo pudo ser eso, si se supone que se trata de una investigación que no ha sido judicializada? Estas y otras razones hacen que pidamos una auditoría de ese expediente y que además se cuestione el actuar de esa jueza, pues no es la primera de las irregularidades advertidas.
Entiendo que sobre esos peritajes ya se inició una acción penal. ¿Por qué Fiscalía vuelve a ellos?
Ese es el punto. Que en realidad desde el primer caso, por el cual el Sr. Rais fue detenido arbitrariamente el 22 de agosto de 2016, la Fiscalía, siendo titular de ésta, Douglas Meléndez, ha fabricado tres causas penales sobre esos mismos Peritajes y ahora hay un cuarto caso, esto ya no es doble, ni triple persecución penal…
¿Cómo se explica que la Fiscalía siga realizando investigaciones y procesos contra el Sr. Rais, desde los mismos hechos que usted señala?
Por eso le digo, que uno ve en esto signos de corrupción y por eso hago un llamado al Señor Fiscal General, Raúl Melara, para que realice las auditorías e investigaciones internas de los agentes fiscales que han tenido a cargo las causas penales promovidas de forma ilegal y arbitraria contra el Sr. Enrique Rais, pues la corrupción e impunidad, debe frenarse desde la misma institucionalidad, para que tenga resonancia en los principios que promueve la FGR de Justicia y legalidad.
Sin embargo, lo visto, sobre las actuaciones de ciertos fiscales auxiliares dista ampliamente de ese discurso, por ejemplo, por qué razón después que en tres procesos penales no han podido demostrar la comisión de ningún hecho delictivo contra el Sr. Rais, respecto a la pericia psicológica ya comentada, hay un empecinamiento por promover un cuarto caso. Esto además de un abuso de poder, me parece un desgaste increíble de recursos sobre hechos ya juzgados; sobre todo cuando existen tantos temas pendientes de investigar sobre los cuales la Sociedad Civil demanda avances, por ejemplo respecto a Omisiones de investigación por parte del Ex Fiscal General Douglas Meléndez; los sobresueldos de funcionarios y ex funcionarios públicos; la tregua y financiamiento de pandillas, por citar algunos.
¿Y como abogados del Sr. Enrique Rais han decido realizar alguna acción ante esta nueva investigación que de acuerdo a ustedes surge de los mismos hechos que ya están siendo juzgados en su contra?
De hecho, este mismo día hemos presentado una solicitud dirigida al Jefe de la Unidad de Administración Justicia, para que se nos informe si el Sr. Rais es objeto de esa investigación y en tal caso poder ejercer su defensa y que no ocurra como en los casos anteriores, que todo se fabricó ocultamente en Fiscalía hasta que se libraron las órdenes de detención en su contra y es lo que no puede pasar, ese es un hábito heredado por ciertos fiscales de la época de Douglas Meléndez, usar la FGR de forma desleal, ocultando información a los imputados, usando sus propios fiscales como testigos “sin rostro” (testigos protegidos), coaccionando testigos para que acepten “criterios de oportunidad”, alterando prueba, entre otros aspectos.
Además, vamos a solicitar al Fiscal General, Raúl Melara, una auditoría sobre todas las actuaciones de Atilio Santín Alvarado.
¿Por qué específicamente la auditoría es sobre el fiscal Santín Alvarado?
Veamos, le hago un detalle cronológico de las actuaciones de este fiscal auxiliar. En un primer momento presenta un Requerimiento de Sobreseimiento Definitivo a favor de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, que no fue aceptado por el Juez de Paz, ante la petición de los Querellantes que representaron al Sr. Rais; y a pesar que el fiscal Santín Alvarado no realizó ninguna diligencia durante la etapa de instrucción y presentó un Dictamen de Sobreseimiento Definitivo, el juez no estuvo de acuerdo, resultando que los dos mencionados fueron declarados rebeldes y tienen orden de detención vigente por este caso.
Luego, el 2 de mayo de 2019, presenta junto a la fiscal Giovvana Jiménez, Requerimiento Fiscal en contra del Sr. Enrique Rais y a favor de las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL INC, que en el trasfondo se trata de interés infundados de Matteo Pasquale y Franco Pacetti, sobre los mismos hechos vinculados a la transferencia de acciones de MIDES por los que se acaba de sobreseer definitivamente a mi cliente en el Juzgado 14º de Paz, ante la falta de pruebas por parte de Fiscalía y de los mencionados canadienses.
Además, retoma el expediente iniciado por Wil Walter Ruiz, Ex Jefe de la Unidad de Crimen Organizado, cuando Corte Plena confirmó que no existen elementos para señalar al Sr. Enrique Rais de ser parte de una organización criminal y la Unidad de Administración de Justicia presenta en contra del Sr. Rais y como supuestas víctimas a Matteo Pasquale y Franco Pacetti, un Dictamen sin fundamento alguno, era una copia del Requerimiento Fiscal, basado en intervenciones telefónicas ilegales y un supuesto “testigo sin rostro” (Testigo Criteriado) del que nunca se ha conocido ni siquiera si existe y qué Juzgado le otorgó el criterio. Por cierto el supuesto perito manifiesta ser quien elaboró los peritajes que se señalan de falsos.
La verdad es que sí es curioso que el mismo fiscal aparezca actuando en varios casos aparentemente para beneficiar a los canadienses Matteo Pasquale y Franco Pacetti, pero para efectos de poder ser más objetivos en la apreciación ¿considera que existen otros elementos que pueden reforzar los señalamientos contra el fiscal Atilio Santín Alvarado?
En esto nosotros queremos ser respetuosos del debido proceso y por eso estamos pidiendo una auditoría e investigación exhaustiva; sin embargo, hay hechos que evidencian que hay un transfondo no legal, ni jurídico en estas persecuciones penales promovidas arbitrariamente contra el Sr. Rais, por ejemplo:
Que Wil Walter Ruiz, apertura una investigación contra el Sr. Rais, en octubre de 2017 por la incorporación de los peritajes psicológicos antes mencionados y lo hace basado en una “supuesta Acta de Entrevista” de un testigo sin rostro denominado clave “GRECIA” que 15 minutos antes y para otro caso contra el Sr. Rais, supuestamente da otra versión de los hechos.
Que los Fiscales asignados al caso, únicamente a cuestionamiento del Juez 8º de Paz de San Salvador, aceptaron que el supuesto testigo no era un testigo espontáneo sino un testigo criteriado.
Que los Fiscales usan escuchas telefónicas -que además eran ilícitas- captadas entre octubre 2014 al mes de abril de 2015, para “presuponer unos hechos presuntamente acontecidos en mayo 2014”
Que al abogado René Alberto Medrano, se le declaró en firme y ejecutoriada el abandono de la Querella, que ejercía en representación de Matteo Pasquale y Franco Pacetti sobre el supuesto fraude de los Peritajes Psicológicos atribuido al Sr. Rais. Esto a pesar que se autovictimizaban diciendo que la justicia no les atendía sus reclamos, cuando son ellos quienes no los realizan por carecer de fundamento para probarlos.
Que autoridades judiciales han cuestionado a Fiscalía, pretender probar delitos contra el Sr. Rais por medio de certificaciones de otros expedientes judiciales, inclusive presentando copias de denuncias y Requerimientos Fiscales como pruebas, cuando se ha precisado que esos documentos pueden tener elementos referenciales pero no son prueba.
Parece que hay muchos elementos para cuestionar la actuación Fiscal. ¿Alguna reflexión o consideración para cerrar esta entrevista?
Si. Reiterar nuestra petición al Sr. Fiscal General, Raúl Melara, para que haga la auditoría de los casos tramitados y en investigación contra el Sr. Enrique Rais, quien ya ha sufrido bastante y ha demostrado tanto en El Salvador como en Suiza, que los hechos acusados -los mismos por cierto en ambos países- carecen de pruebas por no ser ciertos, sino que solamente atienden a intereses económicos ilegítimos de Matteo Pasquale y Franco Pacetti; pero que en Suiza respetando el Estado de Derecho, la fiscalía se ha encargado de archivar y decretar sobreseimiento definitivo, al igual que Naciones Unidas, por medio del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria dictaminó que los procesos penales contra mi cliente deben cerrarse por ser arbitrarios e ilegales.
Cuatro personas identificadas como José Eliseo Mejía, Juan Rodolfo Mejía Hernández, Inmer Alexis Méndez Consuegra, y Oswaldo Eliseo Ávalos Hernández fueron encontrados responsables de haberle robado a una persona una fuerte cantidad de dinero en efectivo el pasado cinco de agosto del año 2024.
El fiscal del caso dijo que los cuatro sujetos interceptaron a la víctima cuando caminaba sobre la calle principal en cantón Pacun, del municipio de Santa Ana Centro.
Según la investigación los sujetos le dijeron que no lo quieren ver en la zona y le dieron 24 horas para irse o le quitarían la vida, luego lo lesionaron en diferentes partes de su cuerpo y le quitaron una fuerte cantidad y un celular.
Los sujetos huyen al escuchar que por la zona se acercaba un vehículo.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana impuso la condena por el delito de robo agravado. Dichos sujetos no pertenecen a alguna mara o pandilla.
Judicial
Ordenan captura de red de jóvenes acusados de extorsionar a empresarios de la en La Libertad
En un esfuerzo conjunto entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, se capturó a un grupo de jóvenes que, durante el año 2025, extorsionaron a un empresario del departamento de La Libertad.
La estructura estaba conformada por un menor de edad y Ana Gladis Lemus, Javier Alexander Zepeda Morales, Nayeli Yasenia Mejía Flores y Nelson David Inocente Leonor, quienes fueron capturados durante el operativo.
De acuerdo a las investigaciones, el menor de edad contactaba a la víctima vía telefónica para amenazar y exigir el pago de efectivo; las otras cuatro personas eran las encargadas de retirar el dinero exigido el quince de cada mes y dar seguridad en ese momento.
Posteriormente, el dinero recibido lo depositaban a cuentas bancarias y lo enviaban por remesas a través de farmacias y supermercados.
Los imputados fueron perfilados bajo entregadas controladas con cobertura policial.
A los imputados se les procesará por los delitos de agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
El operativo se desarrolló en los distritos de Jayaque y Colón en el departamento de La Libertad y de igual manera en San Antonio del Monte, jurisdicción de Sonsonate y se incautó abundante evidencia que fortalecerá el caso y la acusación contra los imputados.
Entre el 1 de enero y el 27 de marzo de 2026, un total de 27 criminales fueron condenados por feminicidio y tentativa de feminicidio, según informes de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con las autoridades, los Juzgados Especializados de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres impusieron penas de hasta 30 años por feminicidio y 50 años por feminicidio agravado, conforme a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV).
En uno de los casos, el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 11 pandilleros de la 18 por el asesinato de tres mujeres. Los jueces aplicaron los artículos 45 y 46 de la LEIV, que establecen penas de entre 20 y 35 años, y de 30 a 50 años, respectivamente.
Las investigaciones fueron desarrolladas por diversas unidades fiscales con enfoque de género, garantizando la persecución penal de los delitos. Los procesos iniciaron en juzgados de paz y avanzaron hacia tribunales especializados, bajo reserva conforme lo establece la ley.
Durante los juicios, la Fiscalía presentó peritajes, pruebas documentales, testimonios, así como informes técnicos de geolocalización, registros de llamadas y evidencia dactilar que vinculan a los imputados con los hechos. Los jueces valoraron estos elementos para emitir las condenas.
Las autoridades señalaron que en varios casos se comprobó la existencia de violencia psicológica, verbal y física, así como contextos de vulnerabilidad en las víctimas. En crímenes vinculados a estructuras criminales, se determinó que los responsables ejercieron distintos tipos de violencia contra las mujeres.
Uno de los fallos más severos fue contra 11 pandilleros de la 18, quienes recibieron condenas de 50 años por cada feminicidio, acumulando penas superiores a los 400 años por múltiples delitos. Según la Fiscalía, los hechos corresponden a un triple feminicidio ocurrido en 2010 en Ilopango.
Entre los condenados se encuentran Alejandro Ernesto Rodríguez, sentenciado a 408 años de prisión; Juan Antonio Marroquín Portillo, a 205 años; Celestino Vásquez Benítez, a 195 años; y Douglas Alirio Alfaro Amaya, a 105 años. Asimismo, fue condenado Erick Saúl Villalobos, cabecilla nacional de la pandilla 18, a 144 años de cárcel.
En otros casos, un ciudadano nicaragüense fue condenado a 50 años de prisión por asesinar a su compañera de vida en San Miguel, mientras que en San Salvador, un hombre recibió 37 años de cárcel por intentar asesinar a su pareja, a quien le causó graves lesiones con arma blanca.
Además, en Ahuachapán, un hombre fue condenado a 50 años por el feminicidio agravado de su expareja, y en Santa Ana, otro imputado recibió 50 años por intentar asesinar a su excompañera de vida y a su hija de dos años.
