Judicial
Amigo de Alejandra le dio “ride”, luego ambos fueron raptados por dos sujetos que les robaron sus pertenencias y la violaron
El 13 de abril de 2018 Alejandra (nombre cambiado para proteger identidad) salía de estudiar en la ciudad de Santa Ana y se encontró con un compañero que le ofreció «ride» hasta la Avenida Fray Felipe de Jesús Moraga; y ella aceptó.
Después de varios minutos de camino finalmente llegaron a su destino, ella se estaba quitando el cinturón de seguridad mientras le agradecía a David (nombre cambiado), y él le decía que no era nada y que se cuidara de camino a casa.
Antes de que Alejandra pusiera un pie en el suelo, las dos puertas traseras del carro fueron abiertas y un par de segundos más tarde dos voces impidieron que la joven se bajara y le exigieron a David seguir conduciendo.
Entre amenazas, los hombres obligaron al joven a conducir hasta una zona poco transitada del bulevar Nicolás Salume y cuando estacionaron una mano con una navaja se acercó al cuello de Alejandra.
El sujeto le pedía que le entregara sus cosas, ella le dio su cartera donde le quitaron $10 en efectivo y un teléfono celular valorado en $90, mientras esto ocurría el otro asaltante hizo lo mismo con David.
Después de haberle entregado sus cosas, Alejandra vio que la navaja seguía cerca de su cuello hasta que uno de los hombres le dijo que se bajara del carro, ella se negó, pero el roce del filo del arma la obligó a salir.
Ella fue llevada hasta unos cafetales donde el hombre la violó y unos minutos después la llevó al carro, pero el segundo sujeto la estaba esperando para hacerle lo mismo: la llevó a los cafetales y la abusó.
Alejandra fue liberada, por lo que lo primero que hizo fue buscar ayuda médica y fue remitida al hospital Juan de Dios, los médicos la revisaron y avisaron a la Policía para que buscaran a los responsables.
El dispositivo de búsqueda dio como resultado la captura de David Eliseo T., de 21 años, identificado como uno de los dos hombres.
David Eliseo fue acusado por la Fiscalía de violación agravada, robo agravado y privación de libertad en el Juzgado 1º de Instrucción de Santa Ana y el juez decidió que el caso pase a la etapa de sentencia.
Será en el Tribunal 1º de Sentencia de la misma ciudad donde se determine si el arrestado es culpable de los delitos que se le imputan.
El Tribunal Primero contra el Crimen Organizado de San Miguel condenó a prisión perpetua a cinco integrantes de La Mirada Loca Sureños 13 por el delito de pertenencia a organización terrorista. La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la sentencia fue dictada después de que el tribunal valorara las pruebas presentadas contra la estructura que operaba en ese departamento.
Entre los sentenciados figura Josué Odir Granados Zapata, identificado por la Fiscalía como cabecilla y palabrero encargado de una zona. También recibieron prisión perpetua Edwin Omar Nájera Ventura, Carlos Humberto Velásquez Blanco, Eliú Ismael Pineda Portillo y Celso Alvarado Gálvez, señalados como integrantes de la misma agrupación.
En el mismo proceso, otros cuatro miembros fueron condenados a 45 años de cárcel cada uno por agrupaciones ilícitas. En total, el fallo comprende a nueve personas, con penas diferenciadas según los delitos por los que fueron encontradas responsables.
Los cuatro condenados a 45 años también tienen procesos judiciales pendientes, de acuerdo con la información atribuida a la FGR. Esas causas deberán resolverse por separado; los reportes consultados no detallan los delitos adicionales ni las fechas de las próximas audiencias.
Juan Antonio Herrera Velásquez, de 43 años y conocido como “el hermano Juan”, fue capturado por presuntamente amenazar a una mujer de 40 años. Según la información publicada por El Blog, que atribuye el procedimiento a la Policía Nacional Civil (PNC), la detención se realizó en flagrancia.
El detenido fue presentado en publicaciones de redes sociales como un hombre dedicado a predicar mensajes religiosos. Sin embargo, la información consultada no identifica la congregación a la que pertenecería ni precisa si desempeña formalmente un cargo pastoral.
El delito señalado en el reporte es amenazas. Aunque el titular original utiliza la palabra “ultraja”, el contenido de la noticia no describe una agresión sexual ni detalla lesiones físicas contra la mujer. Tampoco especifica las expresiones que habría utilizado el detenido o las circunstancias que originaron el incidente.
Hasta la publicación consultada, no se había precisado oficialmente el lugar de los hechos ni si existía algún vínculo entre Herrera Velásquez y la víctima. Las búsquedas complementarias localizaron publicaciones sobre la captura, pero no aportaron un informe oficial accesible con mayores detalles del caso.
Judicial
Procesarán en libertad a conductor y propietario de volqueta por tragedia en el redondel Integración que dejó dos muertos
El Juzgado de Paz de Apopa ordenó que Rudis Joel R. H., de 31 años, y Marvin Alexis H. R., de 27, continúen el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención por el accidente de tránsito ocurrido el 30 de septiembre en las inmediaciones del redondel Integración, en el distrito de Apopa. El siniestro dejó dos personas fallecidas y diez lesionadas.
Según la investigación fiscal, el conductor circulaba a 86.4 kilómetros por hora en una volqueta que excedía en 11.3 toneladas el límite de carga y presentaba deficiencias en el sistema de frenos. En esas condiciones, la unidad impactó contra varios vehículos que esperaban ingresar al redondel, provocando una cadena de colisiones. El juez sobreseyó definitivamente al conductor por el delito de conducción peligrosa, pero mantuvo el proceso por homicidio culposo y lesiones culposas.
Marvin Alexis H. R., propietario de la empresa dueña de la volqueta, es procesado por comisión por omisión en los mismos delitos. Se le atribuye no haber mantenido la unidad en condiciones adecuadas y haber registrado el vehículo de forma irregular, sin las autorizaciones correspondientes. Ambos imputados deberán pagar cauciones económicas: 5,000 dólares el conductor y 60,000 dólares el propietario.
Además de las fianzas, se les impuso restricción migratoria, la obligación de presentarse cada 15 días ante el juzgado y la prohibición de comunicarse con las víctimas y sus familiares. El caso continúa en etapa de instrucción.
