Judicial
Abogada Tania Pastor exige se investigue con prontitud al exfiscal Douglas Meléndez por supuestas torturas a fiscales y empleados de la FGR
El ex fiscal de la República, Douglas Meléndez siguen ocupando agenda política a nivel nacional, tras ser denunciado por empleados y fiscales de presuntas torturas y violación a los derechos humanos de los demandados.
Los fiscales y trabajadores confesaron en su momento que fueron víctimas de torturas y acciones arbitrarias por parte del exfiscal Meléndez y su equipo más cercano de trabajo encabezado por su primo Wil Walter Ruiz y el fiscal Jorge Cortez (Jefe de la UIF) para obligarlos a ser “testigos criteriados y a mentir” y así fabricar el caso CORRUPTELA y perjudicar al empresario Enrique Rais, al exfiscal Luis Martínez, entre otros.
Tras esta serie de denuncias esta mañana de martes la abogada Tania Pastor pidió que se esclarezca con prontitud las denuncias en contra de Douglas Meléndez Ruiz y el resto de sus colaboradores señalados.
La profesional del derecho expresó en la entrevista de TVX que si el caso Corruptela fue llevado ante tribunales teniendo como origen las declaraciones falsas de los testigos criteriados de toda la investigación, el “caso se cae completo porque la nulidad va hasta atrás”.
Lo anterior según Tania Pastor, podría deberse a un posible caso de actos arbitrarios por parte del exfiscal general Douglas Meléndez o en su defecto a culpa de las personas criteriadas.
“¿Y esta afectación es culpa de los siete criterados, de los cuales se está investigando una tortura hacia ellos, o es culpa de una probable comisión de actos arbitrarios o abuso de autoridad por parte de Douglas Meléndez?”, externó.
“Yo si como población y como ciudadana exijo claridad y transparencia en que eso se dio”, agregó Pastor.
La abogada sostuvo que “cuando el río suena es porque trae piedras” refiriéndose a que hay tres casos aislados de denuncias en contra del exfiscal Meléndez, entre ellos el delito de utilizar el centro de escuchas telefónicas de forma ilegal para intervenir teléfonos de empresarios, secretarios generales de partidos políticos, diputados y periodistas. “Incluso el exfiscal Meléndez estaba escuchando al ahora fiscal general Raúl Melara”, dijo.
Se conoció que personalidades como Mauricio Interiano, de ARENA, Medardo González, del Fmln, Roberto Murray Meza, Julio Valdivieso, Mario Salaverría –mano derecha de Tomás Regalado- entre otros, eran escuchados ilegalmente por parte de Douglas Meléndez y su primo Wil Walter Ruiz.
“Esa es una de las violaciones que pueden haber, por lo que debe investigarse el exfiscal Meléndez”, afirmó Pastor.
Las otras denuncias son por fabricar el caso Corruptela y además obligar a testigos de otros casos a brindar declaraciones falsas.
La abogada sostuvo que el exfiscal Meléndez tenía intimidado a todo el sistema judicial y por eso no actuaron en su contra. “Douglas Meléndez insultó a todos los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en el pleno les dijo que tenían clicas dentro de la Corte; que tenían modus operandi; amenazó a abogados a que los investigaría”, expresó.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró que Víctor Manuel Benítez Lazo fuera condenado a 25 años de prisión por asesinar al esposo de su amante en San Miguel.
El crimen por el que fue declarado culpable el empresario migueleño ocurrió el 7 de junio de 2025.
La investigación fiscal estableció que el procesado y Rubidia de los Ángeles Castro Zúniga -ya condenada-, mantenía una relación extramarital. Ambos planearon y ejecutaron el homicidio.
Castro Zúniga contrajo matrimonio con la víctima el 29 de marzo de 2025. El día del crimen, con engaños llevó a su esposo hasta una calle rústica que conduce al cantón El Pilón y Loma Larga, en La Unión, donde la mujer y el procesado le dispararon en la cabeza. Posteriormente trasladaron a la víctima hasta un negocio propiedad de Benítez Lazo, ubicado a inmediaciones del puente Luis de Moscos, en la ciudad de San Miguel.
En el lugar se percataron de que la víctima aún estaba con vida, por lo que la asfixiaron hasta causarle la muerte y luego la enterraron en una fosa clandestina.
La víctima fue reportada como desaparecida por su esposa el 10 de junio de 2025.
El 11 de julio de 2025, Castro Zúniga se sometió a un proceso abreviado en el Juzgado Segundo de Paz de San Miguel, donde fue sentenciada a 10 años de prisión por desaparición de personas y a 15 años por homicidio agravado. En total deberá cumplir 25 años de cárcel.
Benítez Lazo era el propietario de una empresa de venta de repuestos y fue condenado por homicidio simple por el Tribunal Primero de Sentencia del distrito de San Miguel.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 15 años de prisión a Julio César Durán Ramos por el delito de extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Apopa, municipio de San Salvador Oeste.
De acuerdo con las investigaciones, el 28 de noviembre de 2015 el imputado llegó al negocio de la víctima y se identificó como palabrero de la pandilla 18 que operaba en el sector donde el comerciante desarrollaba su actividad.
Según la investigación, posteriormente Durán Ramos exigió el pago de una renta mensual de 150 dólares y amenazó a la víctima con quitarle la vida si no entregaba el dinero.
Ante las amenazas, el comerciante accedió a pagar la cuota al finalizar cada mes para poder continuar con su actividad laboral.
La Fiscalía informó que eran diferentes personas las que se acercaban a reclamar el dinero de la extorsión y señaló que varios de esos extorsionistas ya han sido procesados y juzgados por separado.
Irvin Iván Quintanilla Méndez y Ovidio Samuel Gutiérrez Lazo fueron condenados a 44 años de prisión por ofrecer servicios de transporte a mujeres para luego privarlas de libertad, agredirlas sexualmente y despojarlas de sus pertenencias.
La condena fue impuesta por el Tribunal Cuarto de Sentencia de San Salvador, que los declaró responsables de los delitos de robo agravado, privación de libertad y otras agresiones sexuales, en perjuicio de dos víctimas, cuyas identidades permanecen bajo régimen de protección.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que los condenados habían adoptado un modus operandi para planificar y ejecutar los ataques sexuales, utilizando como fachada un servicio de transporte privado.
Según la investigación presentada por la Fiscalía, las víctimas solicitaban los viajes desde sus lugares de trabajo, ubicados en la zona del Paseo General Escalón, en el distrito de San Salvador, con destino a distintos puntos del área metropolitana.
Mientras se encontraban en el trayecto, los imputados simulaban desperfectos mecánicos en el vehículo. Al detenerse, un delincuente armado salía del baúl para someter y amenazar a la pasajera, con lo que facilitaban la comisión de los delitos.
