Un sujeto fue condenado a 40 años de prisión por el Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador tras encontrarlo culpable del crimen de un padre y dejar lesionado a su hijo. detalló el área de comunicaciones del Centro Judicial Isidro Menéndez.

El responsable fue identificado como Bryan Alexander Martínez Martínez, quien cometió el hecho delictivo el pasado 13 de enero de 2018 en la colonia Valle del Sol de Apopa al norte de San Salvador.

Martínez Martínez ingresó a la vivienda de las víctimas y atacó con un arma de fuego a las víctimas, detalló el centro judicial.

El juez deicidio imponer 25 años por el crimen y 15 por intentar cometer otro hecho delictivo al sujeto.

Regina Cañas, conocida como la “Tía Bubu” aún no inicia los trabajos de utilidad pública a lo que fue condenada ya que el Juzgado Séptimo de Instrucción de San Salvador, aún no ha enviado el expediente a un juzgado de vigilancia penitenciaria para que se le dé seguimiento a las 144 jornadas de trabajo de utilidad pública que deberá realizar.

Hasta ayer jueves, el proceso seguía en el juzgado que la condenó el pasado 23 de marzo a tres años, por casos especiales de encubrimiento de lavado de dinero, delito que admitió en un procedimiento abreviado.

Esa salida alterna al proceso fue autorizada por el juzgado tras un acuerdo que la imputada alanzó con la Fiscalía, previó al pago de $95,000 que fueron sustraídos de Casa Presidencial en la administración de Mauricio Funes.

La Tía Bubu pagó una parte en efectivo $32,200 y con una propiedad valorada en más de $62,000 el dinero que según la Fiscalía, se apropió del erario a través de la simulación de un préstamo a favor de su hijo.

Unas horas previo a la lectura de la Sentencia en el Caso “GUMARSAL” por el Juez Segundo de Sentencia de San Salvador, la Fiscalía divulgó información para crear un condena mediática. 

POR PAUL ZELADA.

SAN SALVADOR.- El reconocido penalista Dr. Nelson García criticó fuertemente la actitud de la Fiscalía General de la República, que apenas unas horas antes a la que estaba programada por el Juez Segundo de Sentencia de San Salvador, la lectura de la Sentencia Definitiva que absolvería o condenaría al empresario José Adán Salazar Umaña, conocido como “Chepe Diablo” publicó en la red social Twitter un video sobre presuntos vínculos del imputado con una red de tráfico de droga donde participaban Pablo Escobar y “El Señor de los Cielos”, donde además mencionaban que Fiscalía había presentado en el juicio, las pruebas que respaldan cada uno de los señalamientos efectuados contra Salazar Umaña.

A criterio del jurista, la acción de la Fiscalía General de la República, además de debidamente premeditada es constitutiva de una violación a la independencia judicial; pues está tratando de generar presión social contra el Juez de la causa, como quien dice “si Salazar Umaña resulta absuelto, lo es por un acto ajeno al proceso, porque nosotros demostramos su culpabilidad”; se trata de una jugada perversa, porque no se trata de una publicación informando que se realizaría la lectura del fallo, sino que contiene un video que de por sí ya constituyó una juicio mediático de culpa en contra del procesado y una carga externa de la sociedad que ahora voltea todos sus ojos al Tribunal a cargo, es como mínimo irresponsable por parte del Ministerio Público y el Titular de la institución, Raúl Melara, no puede permitir que se haga “changoneta” de la Fiscalía. 

“La fiscalía ha puesto a circular un video para presionar a los jueces. Lástima que no probaron lo mismo en juicio, TORVO MÉTODO TRADICIONAL DE LA INCAPACIDAD Y PERVERSIÓN DE LA JUSTICIA” lamentó el abogado. 

El Doctor García además insiste en que la FGR trata de buscar que la ciudadanía intimide al Órgano Judicial. “Este es el video a que me refiero como ejemplo del instrumento del procedimiento tradicional para intimidar sentenciadores desatando la jauría de una opinión pública manipulada” agregó.

También recordó que el artículo 3 del Estatuto del Juez Iberoamericano, hace referencia a la “Independencia Jucial y los medios de comunicación” en los que se manifiesta la prohibición en “la utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir en el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial”. Pero ¿Quién nos protege si esta aberración la hace la Fiscalía? Es decir la institución a quien se le demanda más imparcialidad, objetividad y legalidad en sus actuaciones. Acá más han parecido los asesores de una “campaña” de competencias desleales de las que se andan mencionando en las noticas y hoy también en los estrados judiciales que están detrás de casos “mediatizados” pero judicialmente débiles y no la institución a la que se ha depositado la confianza de llevar adelante el ejercicio de la acción penal. Cerró diciendo.