A dos meses de haber dejado el cargo, el exfiscal Douglas Meléndez, ha sido denunciado junto al exdirector Anticorrupción, Jorge Orlando Cortez Díaz y los fiscales auxiliares que llevan el caso Corruptela Nefatlí Roberto Ábrego Rosales, Mario Antonio Huezo Cortez, Harold Iván Córdoba Solís, David Alfonso Ramírez Guevara, Héctor Nahúm Martínez García, Sergio Manrique Paredes Blanco, Noris Iván Quintanilla Navidad, Santos Inocente Seguro Mendoza y Carolina Beatriz Torres Hernández, ante la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) y sede judicial por diversos actos que transgreden las leyes, la ética y atentan contra la integridad de seis ciudadanos.

Es una denuncia de 17 páginas que puede traspapelarse fácilmente o pasar inadvertida para muchos, sin embargo, devela una posible trama de corrupción al interior de una de las principales instituciones públicas que combaten el delito.

Lo peor, es que sería la cabeza de la institución, más bien uno de los que dirigió la entidad, quien estaría detrás de una estructura oscura, que impondría la ley del más fuerte atropellando leyes, principios, valores, así como amenazando y poniendo en riesgo la trayectoria de personas honradas, de trabajadores salvadoreños que juraron hacer cumplir la ley, pero que fueron obligados a hacer todo lo contrario, es decir, mentir, inventar testimonios y delitos para hundir personas que posiblemente no eran del agrado del exfiscal Meléndez.

Fue el pasado 29 de enero cuando los seis testigos criteriados en el caso «Corruptela» decidieron acudir a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para exponer las amenazas y vejámenes a los que fueron sometidos por el exfiscal Meléndez y los fiscales auxiliares que han sido denunciados

Cansados de tanto acoso y mentira, llegaron hasta esa oficina pública para exponer los ardides del exfiscal en contra de los implicados en el caso «Corruptela».

Con sus declaraciones, lo dibujaron como un funcionario totalmente corrupto, sin escrúpulos, que para lograr su cometido de impulsar otro «sonado caso de combate a la corrupción» no le importó obligar a seis de sus funcionarios para que rindieran testimonios falsos durante el proceso judicial que se sigue a su antecesor el también fiscal Luis Martínez, al empresario Enrique Rais y a decenas de señalados más de participar en esos ilícitos.

Los denunciantes, quienes se identificaron a sí mismos como cuatro fiscales y dos administrativos del Ministerio Público, concidieron en que Douglas Meléndez fabricó el caso de manera intencional y para intentar darle solidez obligó a los seis a declararse como testigos criteriados, a que inventaran los delitos que serían atribuidos a todos los que serían implicados y a admitir hechos constitutivos de delitos que no son ciertos, además, de elaborar los testimonios que brindarían ante los juzgadores que fueran designados para ventilar el proceso.

La gravedad de lo denunciado es tal, que solo cabe en el imaginario de una persona aferrada al show mediático -como solía hacer Meléndez con los casos que perseguía- quizá con la intención de mantener un perfil alto entre la percepción de la gente y así agenciarse nuevos periodos al frente de la institución.

Sin embargo, el dividido apoyo que tenía en la Asamblea Legislativa no le permitió mantenerse en el cargo y en su lugar fue nombrado Raúl Melara, en medio de una dura polémica que implicó recursos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema de Justicia.

Fue el 5 de enero pasado cuando Meléndez debió dejar la silla principal de la Fiscalía porque así lo mandaba la ley. Solo fue cuestión de esperar un par de semanas para que los seis funcionarios decidieran exponer los abusos que sufrieron con su antiguo jefe, así como plantear la grave duda de que uno de sus casos emblemáticos es falso.

Hay gravísimos señalamientos contra el exfiscal a quien se señala directamente como el que habría orquestado todo el caso «Corruptela» sin pruebas ni testigos, según ha investigado Diario Digital Cronio. Y ahora será responsabilidad del nuevo Fiscal General determinar la veracidad de los hechos denunciados en honor a la verdadera justicia y legalidad.

En la denuncia interpuesta en la PDDH se recuerda que toda acción fiscal debe estar apegada a la legalidad e imparcialidad, entre otros principios básicos, sin embargo se asegura que esto no aplica en ningún momento al caso «Corruptela» que desde su origen no tuvo asidero para llevarse a cabo.

Los seis ciudadanos obligados a prestar testimonios falsos y acusar sin pruebas dejan claro a la PDDH que tras la no reelección de Meléndez, sobre todo, alejados de sus presiones y amenazas, decidieron renunciar al criterio de oportunidad, al que fueron obligados. Es decir, decidieron exponer la verdad sobre todo lo ocurrido pese a las consecuencias legales que esto les pueda acarrear conscientes que mintieron, aunque de forma obligada.

Los seis, se refieren al proceso judicial contra Martínez, Rais y los otros implicados: «Sabido es honorable jueza que toda violación al debido proceso legal repercute de forma directa en los actos de investigación, y que aquellos no pueden subsistir si derivan de un acto viciado».

De ahí que esperamos, como sociedad salvadoreña, el accionar del actual fiscal, Raúl Melara, que ordene una investigación, que se deduzcan responsabilidades y se castigue a los culpables fabricar casos y de manipular la Fiscalía.

Lo mismo esperamos del Juzgado Cuarto de Instrucción, de San Salvador, donde se lleva el caso «Corruptela».

Reconocido que los testimonios de los criteriados fue bajo amenazas y prefabricados por los fiscales del caso y sus jefaturas, ¿qué pasará con el caso «Corruptela»?

Los seis que denunciaron al exfiscal Meléndez y sus allegados de fabricar el caso han denunciado que debe conocerse la verdad. Argumentan que no hay pruebas ni testigos reales y que fueron obligados a acusar a los implicados en el proceso.

En sus escritos dejan entrever que el Juzgado Cuarto de Instrucción ya está informado de lo sucedido por lo que esperan se corrija esta situación.

 Hay muchas preguntas obligadas que saltan en medio de este polémico caso y estas son algunas de ellas:

¿Qué debe proceder en un caso que desde el principio estuvo viciado? ¿Debería el juez de la causa invalidar todo el proceso?

¿Cuál debería ser el primer paso a tomar por el actual fiscal general Raúl Melara, luego de una revelación tan grande como la de estos seis ciudadanos que fueron obligados a criteriarse para inculpar a posibles inocentes?

Las dudas más fuertes surgen en torno a la figura del exfiscal Meléndez ¿qué procede hacer con el exfuncionario a quien se señala de haber actuado atropellando las leyes, amenazando ciudadanos y violentando su integridad y fabricando casos? ¿Cómo actuar con sus funcionarios más cercanos involucrados en este mismo proceso irregular?

¿Cómo es posible que una de las principales instituciones que combate el delito haya sido utilizada y sea señalada para cometer delitos, aprovechándose del poder que ejercía el anterior titular y sus auxiliares?

En este caso han sido seis funcionarios de la misma Fiscalía los afectados (cuatro fiscales y dos administrativos). Si esto ocurrió con estos funcionarios, ¿qué pasó con ciudadanos comunes que no tenían cómo hacer valer sus derechos con ante las mismas instituciones públicas?

«¡Amenazados y Encapuchados!». Esto sufrieron los criteriados del caso «Corruptela» obligados a mentir

En un hecho sin antecedentes, Diario Digital Cronio tuvo acceso a los escritos en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y en la sede del Juzgado Séptimo de Paz donde llegaron los falsos criteriados a poner sus denuncias.

Aseguran que las presiones y amenazas recibidas no se comparan con las acciones de terror a las que fueron sometidas algunos de ellos.

Manifiestan en su escrito que unos fueron tomados a la fuerza y encapuchados para doblegarlos hasta aceptar ser los criteriados del proceso y a firmar declaraciones previamente elaboradas por los fiscales denunciados y sus jefaturas.

Aquí denotan que el exfiscal Meléndez tenía gente incondicional a su mando para cometer estas ilegalidades.

Hablan de una estructura irregular encabezada por el exfuncionario que actuaba al margen de la ley, así como se ha señalado previamente en otros medios de comunicación.

Piden se investigue y deduzcan responsabilidades. Se llegue a la verdad del caso «Corruptela», sobre todo, se limpie la imagen y el buen nombre de las personas que han sido dañadas al ser obligados a mentir.