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Intensifican control al transporte de carga a través de revisiones periódicas y básculas de pesaje automático
Para prevenir accidentes viales, el Gobierno continuará implementando estrictas medidas de control a todo tipo de transporte. Entre estas, intensificará las revisiones técnicas periódicas en las unidades del transporte de carga. Esto se suma al proyecto de instalación de 9 básculas de pesaje automático en las principales entradas al Área Metropolitana de San Salvador (AMSS).
“Hemos intensificado los controles al transporte de carga, verificamos que se cumplan las restricciones a la circulación. Vamos a continuar con las revisiones técnicas periódicas a este tipo de transporte”, enfatizó el titular del Viceministerio de Transporte, Nelson Reyes, a fin de asegurar que el transporte pesado cumpla la ley.
La instalación de básculas dinámicas fijas para controlar el peso automáticamente e imponer sanciones a los vehículos de carga es un proyecto que está avanzando y es complementario al plan de aplicación de fotomultas y de 2,871 semáforos inteligentes, en el que se invierte $49 millones.
Las revisiones técnicas periódicas tienen como finalidad evitar que las unidades del transporte de carga provoquen siniestros, arriesgando a otros actores de la vía. Las primeras básculas van a detectar camiones que transiten con sobrepeso y alertarán al VMT. En una primera fase funcionarán en el AMSS y después en otras zonas.
Hoy se cumple un mes del múltiple accidente, ocurrido el pasado 14 de marzo, en el bulevar Los Próceres, San Salvador. Como consecuencia, un hombre murió y hubo una decena de heridos. Una inspección de la autoridad competente determinó que la rastra que originó el percance viajaba con sobrepeso de 7.9 toneladas. Posterior al suceso, el tema de las revisiones técnicas cobra más relevancia.
El viceministro Reyes recordó que hay un acuerdo con transportistas de carga para intensificar las revisiones técnicas periódicas, como medida preventiva para evitar percances como el que se registró en Los Próceres. Disponer del nuevo sistema que de forma automatizada detectará sobrecarga es un avance importante, ya que se aplicará la multa correspondiente sin necesidad que el automotor se detenga.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
