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Gobierno presenta a Fiscalía 32 cajas de documentos para investigar fase II de El Chaparral contratada durante administración Sánchez Cerén
El Gobierno presentó este lunes a la Fiscalía General de la República (FGR), 32 cajas con documentación relativa al proyecto El Chaparral, desde 2011 a la fecha para que se indague más involucrados en el caso, pero de la segunda etapa de la obra desarrollada durante la gestión de Salvador Sánchez Cerén.
“Estamos presentando 32 cajas de evidencia del caso de corrupción de El Chaparral. Adicionalmente, no solo estamos presentando evidencia respecto a toda la corrupción que cometió el nicaragüense (en referencia al expresidente Mauricio Funes) sino que, adicionalmente, dándole seguimiento a todo lo que ha sido El Chaparral durante todo este tiempo, ya que esta corrupción viene desde los gobierno de ARENA hasta el gobierno de Sánchez Cerén”, explicó el presidente de la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), Daniel Álvarez.
A la fecha, el Juzgado Noveno de Instrucción ha decretado el embargo de $238 millones por los hallazgos en el proceso relativo a la fase I de El Chaparral. “Para eso estamos trayendo esta documentación, para que se amplíe la investigación, para que siga el proceso y deducir ya de la fase II, de lo que fue la continuidad en el proceso de construcción de El Chaparral en el gobierno de Sánchez Cerén”, añadió el funcionario.
En tal sentido, la autónoma presentó a la Fiscalía General 1,600 folios donde se detalla todos los procesos ejecutados desde 2011 en el cuestionado proyecto.
“Es toda la información del proyecto, son todos los contratos. Empresas que se contrataron, los momentos en que se contrataron, toda una prueba documental del proyecto para deducir las responsabilidades que haya que deducir y que se mantenga la investigación, de parte de la Fiscalía”, explicó el titular de CEL.
El objetivo es indagar todo lo actuado en la fase II, que se implementó en la administración de Sánchez Cerén, y que hasta hoy no ha sido analizado.
“El Chaparral no solo fue la corrupción de Mauricio Funes sino que adicionalmente se mantuvo la construcción del proyecto y tuvo que haber terminado en 2018, y esto no terminó; por eso estamos ahorita presentando a la Fiscalía más documentación para que la Fiscalía siga ahondando para deducir responsabilidades no solo en la época de Funes sino que también en la época de Sánchez Cerén”, agregó Álvarez.
Orlando Quijano, gerente legal de CEL, manifestó que están tratando de colaborar con la Fiscalía con la entrega de toda la documentación del proyecto a fin de que los hechos de corrupción que se hayan cometido no queden impunes.
“Queremos ahora con esta prueba, y debido a la solicitud que nos ha hace Fiscalía, establecer con la misma, quiénes han participado, los niveles de participación que han tenido, los funcionarios responsables, directa o indirectamente; determinar además si hay responsabilidad penal para que ellos puedan enfrentar la justicia y eso es lo que nos motiva a estar esta mañana aquí cumpliendo con el requerimiento de Fiscalía”, explicó Quijano.
Álvarez recordó que las indagaciones han permitido identificar la participación del expresidente de la República Mauricio Funes y de su compañera de vida, Ada Michelle Guzmán, así como del empresario y expresidente del CIFCO, Miguel Menéndez (MECAFE)
El titular de CEL también exhortó a la FGR a avanzar en la investigación de todas las instituciones relacionadas con la CEL, donde, según afirmó, los anteriores gobiernos cometieron prácticas corruptas, porque no sólo El Chaparral representa un caso de saqueo público afirmó.
“Todas las instituciones relacionadas a la CEL han sufrido saqueos públicos de parte de todos los gobiernos desde los de ARENA hasta el de Sánchez Cerén. Exhortamos a que nos sigan pidiendo información para recuperar todo el dinero que se han robado, que le han quitado al pueblo salvadoreño”, añadió.
Según el presidente de la autónoma, solo con los 753 millones de dólares saqueados de El Chaparral se hubiera mejorado la vida de miles de salvadoreños, construido escuelas, pero fue a parar a manos de un grupo de personas.
“Hay tarjetas de crédito a nombre de funcionarios públicos del gobierno anterior, hay pozos fantasmas que se hicieron durante el gobierno anterior. Todo esto, exhortamos a la fiscalía que nos pida la información, nosotros lo tenemos documentado para que sigan investigando”, afirmó.
Para Álvarez, es necesario que se deduzcan responsabilidades en el caso porque no es posible que se hayan robado ese dinero y los responsables sigan impunes. Agregó que el Gobierno está trabajando para recuperar ese dinero por ellos está trabajando por la vía civil y penal para que la deuda no solo se pague con cárcel.
El Ministerio de Obras Públicas informó que los trabajos de estabilización de dos taludes en residencial Palo Alto, Zaragoza, continúan. Estos trabajos forman parte del Plan Nacional de Mitigación 2026.
«Nos encontramos en Palo Alto donde estamos haciendo una obra más como parte del Plan Nacional de Mitigación. Se intervendrán dos taludes de grandes proporciones, uno es este que empezamos con varias actividades», dijo el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
De acuerdo con las autoridades, ya se realizó el chapeo y perfilado del talud como parte de las primeras fases del proyecto de estabilización, por lo que continuarán con la construcción de muro soil nailing, drenajes profundos, aplicación de shotcrete, canaletas, aceras y revegetación del área.
«Por el tipo de suelo que tiene el talud si solo se hace lanzado fácilmente se puede venir el talud; por eso hay que hacer otro tipo de obras. Se realizaron estudios de suelo y por eso se están haciendo perforaciones para poderlo anclar, esta ronda los 5 mil metros cuadrados», añadió Rodríguez.
El segundo talud que también se intervendrá mide 6 mil metros cuadrados.
Durante una entrevista en el programa de radio La Tribu FM, el titular de la Dirección de Integración, Alejandro Gutman, detalló esta mañana que el programa Proceso Formativo continúa creciendo y ya beneficia a miles de estudiantes salvadoreños con oportunidades de formación universitaria y técnica.
Según explicó, en la actualidad alrededor de 17 mil jóvenes cursan estudios en 37 universidades y escuelas técnicas, mientras que para el próximo año se prevé incorporar a otros 20 mil estudiantes.
Además, señaló que 49 mil alumnos que se encuentran en su último año de bachillerato iniciarán el proceso para ingresar a la educación superior.
Gutman indicó que prácticamente todas las universidades del país participan en el programa, el cual busca incentivar la continuidad académica entre los jóvenes.
«Yo le quiero agradecer a don Alejandro porque este esfuerzo ningún funcionario de antes pudo haberlo hecho mejor que usted…Le insto muchísimo a los jóvenes que estas oportunidades deben aprovecharse porque solo son una vez en la vida», dijo uno de los oyentes durante la entrevista radial, que también es beneficiario de la Dirección de Integración.
El funcionario enfatizó que este esfuerzo forma parte de un cambio estructural impulsado en 2025, orientado a superar las limitaciones históricas que restringían el acceso a la educación superior para la mayoría de bachilleres.
Democracia Salvadoreña (DS) y Partido Independiente Salvadoreño (PAIS) están obligados a participar en las próximas elecciones de 2027 si no quieren ser cancelados, por disposición de la Ley de Partidos Políticos.
Ambos institutos no participaron en los comicios de 2024, y de no competir en el siguiente proceso electoral sería causa de cancelación con base en el artículo 47 literal «d» de la mencionada ley, que establece que no competir en dos elecciones consecutivas conlleva a la cancelación.
Para el analista político Mauricio Rodríguez, la continuidad de ambos institutos políticos está comprometida por diversos factores, los cuales los encaminan a su desaparición.
«Desde mi perspectiva como analista político, los dos partidos políticos estarían desapareciendo por no alcanzar la votación requerida, ni tampoco el andamiaje que requiere», indicó Rodríguez.
Y añadió: «Me da la impresión de que estos dos partidos que son obligados por la Ley de Partidos Políticos podrían ser cancelados para las próximas elecciones, porque no tienen estructura, no tienen financiamiento; y, obviamente, tampoco existe la deuda [financiamiento público] para todos los partidos políticos».
Rodríguez también se refirió a los institutos que han decidido no participar en la elección presidencial, asegurando que así reconocen que no pueden competir con la figura del presidente Nayib Bukele, esto debido a que el mandatario ha construido un modelo en el que ha resuelto las necesidades básicas de la población.
«Reconocen el liderazgo del presidente Nayib Bukele, están conscientes de que en condiciones donde hay un líder que está prácticamente dominando en las encuestas, ellos al no tener nada que ofrecer ven disminuidas sus posibilidades de participación», sostuvo.
El Partido Demócrata Cristiano (PDC) confirmó recientemente por medio de su secretario de asuntos jurídicos, Nelson Alvarado, que no participarán en la elección presidencial.
Dijo que reconocen que el presidente Bukele tiene una aceptación de más del 90 %; pero indicó que presentarán candidatos a diputados de la Asamblea Legislativa y para miembros de los 44 concejos municipales.
