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Gobierno mejorará servicio de agua potable en Sacacoyo
La problemática de falta de agua potable muy pronto quedará en el pasado para más de 6.800 habitantes de comunidades y del casco urbano del distrito de Sacacoyo, La Libertad Oeste, a través de un proyecto impulsado por el Gobierno del Presidente Nayib Bukele.
En la actualidad este distrito carece de un servicio continuo de agua potable debido a que los pozos de abastecimiento no tienen una producción adecuada para abastecer a una población cuya mayoría posee un servicio domiciliar de agua potable.
Las cuadrillas de la Dirección de Obras Municipales concluyeron la primera fase de perforación de un pozo de unos 250 metros de profundidad, con un diámetro de perforación de 17 pulgadas y media con un diámetro de revestimiento de 12 pulgadas.
A partir de este fin de semana inició la segunda etapa de equipamiento e instalación a la red de distribución ya existente. Con lo cual se incorporará un caudal de cerca de 800 galones por minuto hasta la zona conocida como rebombeo La Cuesta a través de una línea de impelencia de 580 metros de longitud a instalar.
Desde ese lugar el caudal será bombeado directamente al tanque Los Naranjos a través de otra línea de impelencia de 2,590 metros donde se construirá un nuevo tanque con capacidad de 400 metros cúbicos que trabajará junto al tanque existente en una zona alta.
Desde este último lugar se abastecerá por gravedad a los habitantes de las comunidades Los Naranjos, Ticuma, La Ceiba 1 y 2, San Antonio, Las Palmeras, y del casco urbano de este distrito de La Libertad Oeste.
En Sacacoyo, la DOM entregó a inicios de septiembre del año pasado más de 1.3 kilómetros de calles renovadas, con superficie de asfalto, como parte del Plan Nacional de Bache en las zonas urbanas.
Este es el segundo pozo de agua potable que se construye en La Libertad luego de otro proyecto que se está ejecutando en Teotepeque y el número 28 a nivel nacional con lo cual el Gobierno del Presidente Bukele está saldando otras de las muchas deudas de las pasadas administraciones y demostrando una vez más que el dinero alcanza cuando nadie roba.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
