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Gobierno del presidente Bukele ha logrado decomisar más de $96 millones en cocaína en lo que va del año
El trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Ampliado del gobierno del Presidente Nayib Bukele permitió el decomiso de 168 kg de cocaína, con un valúo en el mercado de los estupefacientes de $4.2 millones, dando un nuevo golpe a las estructuras del tráfico internacional de drogas.
Este último decomiso se suma a los registros policiales que durante este 2021, detallan que se han incautado 4,421 kg de diferentes tipos de droga, siendo la cocaína la droga más decomisada con 3,859 kg, droga que ha sido valuada en más de $96 millones.
La droga que fue decomisada ayer por la madrugada en la playa El Tamarindo, en La Unión, era transportada en una lancha, procedente de Nicaragua, de acuerdo a las primeras investigaciones.
Por este caso se encuentran detenidas cinco personas, cuatro de ellas de nacionalidad nicaragüense y un salvadoreño, que ya fueron puestos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Este es el tercer decomiso de droga que se realiza en la zona costera del país en menos de dos meses.
El salvadoreño fue capturado cuando salía, abordo de una motocicleta, de la zona donde se encontraba la lancha con la droga, mientras que los extranjeros fueron capturados mar adentro, en otra lancha que había zarpado del lugar donde se encontraba la embarcación con la droga, detalló el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, en la Base Naval en La Unión.
«Se desarrolló la operación y se encontró una embarcación con la droga abordo y otra embarcación que estaba abandonada, de ese mismo evento se detecta que hay otra embarcación que había zarpado de este lugar y que iba rumbo a Nicaragua», detalló el ministro.
Esta tercera embarcación fue interceptada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente al suroeste de Punta Amapala, agregó el funcionario.
De acuerdo a Merino Monroy, las investigaciones en este caso apenas comienzan y es muy prematuro poder establecer el origen y el destino de la droga, sin poder determinar también a qué estructura de narcotráfico pertenece.
«Es prematuro dar datos exactos para dónde podría ir la droga, es una investigación que deberá hacer Fiscalía con Policía Nacional Civil para determinar más detalles sobre eso, este trabajo articulado está enmarcado en el Plan Control Territorial», señaló.
La operación que permitió este decomiso también fue destacada por el presidente Bukele, que en su cuenta de Twitter, señalando que estas acciones son reflejo de la lucha contra el crimen de su gobierno.
«Otro golpe al narcotráfico. ¿Recuerdan algún momento en la historia de El Salvador con tantos golpes consecutivos al narco? Exacto Las verdaderas “treguas” las hacían otros», publicó el mandatario a través de sus redes sociales.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, destacó que este decomiso es resultado del trabajo articulado entre las diferentes instituciones de seguridad, como parte del PCT.
«En lo que va del año hay más de 2,000 personas ya detenidas por diferentes delitos relacionados al narcotráfico local y al tránsito internacional de las drogas», señaló. Detalló que en el tiempo que se ha implementado el PCT, desde el 1 de junio de 2019, la cifra de detenidos por delitos relativos las drogas supera las 7,000 personas.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
