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Gobierno del presidente Bukele ha logrado decomisar más de $96 millones en cocaína en lo que va del año
El trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Ampliado del gobierno del Presidente Nayib Bukele permitió el decomiso de 168 kg de cocaína, con un valúo en el mercado de los estupefacientes de $4.2 millones, dando un nuevo golpe a las estructuras del tráfico internacional de drogas.
Este último decomiso se suma a los registros policiales que durante este 2021, detallan que se han incautado 4,421 kg de diferentes tipos de droga, siendo la cocaína la droga más decomisada con 3,859 kg, droga que ha sido valuada en más de $96 millones.
La droga que fue decomisada ayer por la madrugada en la playa El Tamarindo, en La Unión, era transportada en una lancha, procedente de Nicaragua, de acuerdo a las primeras investigaciones.
Por este caso se encuentran detenidas cinco personas, cuatro de ellas de nacionalidad nicaragüense y un salvadoreño, que ya fueron puestos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Este es el tercer decomiso de droga que se realiza en la zona costera del país en menos de dos meses.
El salvadoreño fue capturado cuando salía, abordo de una motocicleta, de la zona donde se encontraba la lancha con la droga, mientras que los extranjeros fueron capturados mar adentro, en otra lancha que había zarpado del lugar donde se encontraba la embarcación con la droga, detalló el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, en la Base Naval en La Unión.
«Se desarrolló la operación y se encontró una embarcación con la droga abordo y otra embarcación que estaba abandonada, de ese mismo evento se detecta que hay otra embarcación que había zarpado de este lugar y que iba rumbo a Nicaragua», detalló el ministro.
Esta tercera embarcación fue interceptada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente al suroeste de Punta Amapala, agregó el funcionario.
De acuerdo a Merino Monroy, las investigaciones en este caso apenas comienzan y es muy prematuro poder establecer el origen y el destino de la droga, sin poder determinar también a qué estructura de narcotráfico pertenece.
«Es prematuro dar datos exactos para dónde podría ir la droga, es una investigación que deberá hacer Fiscalía con Policía Nacional Civil para determinar más detalles sobre eso, este trabajo articulado está enmarcado en el Plan Control Territorial», señaló.
La operación que permitió este decomiso también fue destacada por el presidente Bukele, que en su cuenta de Twitter, señalando que estas acciones son reflejo de la lucha contra el crimen de su gobierno.
«Otro golpe al narcotráfico. ¿Recuerdan algún momento en la historia de El Salvador con tantos golpes consecutivos al narco? Exacto Las verdaderas “treguas” las hacían otros», publicó el mandatario a través de sus redes sociales.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, destacó que este decomiso es resultado del trabajo articulado entre las diferentes instituciones de seguridad, como parte del PCT.
«En lo que va del año hay más de 2,000 personas ya detenidas por diferentes delitos relacionados al narcotráfico local y al tránsito internacional de las drogas», señaló. Detalló que en el tiempo que se ha implementado el PCT, desde el 1 de junio de 2019, la cifra de detenidos por delitos relativos las drogas supera las 7,000 personas.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
