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Gobierno del presidente Bukele ha logrado decomisar más de $96 millones en cocaína en lo que va del año
El trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Ampliado del gobierno del Presidente Nayib Bukele permitió el decomiso de 168 kg de cocaína, con un valúo en el mercado de los estupefacientes de $4.2 millones, dando un nuevo golpe a las estructuras del tráfico internacional de drogas.
Este último decomiso se suma a los registros policiales que durante este 2021, detallan que se han incautado 4,421 kg de diferentes tipos de droga, siendo la cocaína la droga más decomisada con 3,859 kg, droga que ha sido valuada en más de $96 millones.
La droga que fue decomisada ayer por la madrugada en la playa El Tamarindo, en La Unión, era transportada en una lancha, procedente de Nicaragua, de acuerdo a las primeras investigaciones.
Por este caso se encuentran detenidas cinco personas, cuatro de ellas de nacionalidad nicaragüense y un salvadoreño, que ya fueron puestos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Este es el tercer decomiso de droga que se realiza en la zona costera del país en menos de dos meses.
El salvadoreño fue capturado cuando salía, abordo de una motocicleta, de la zona donde se encontraba la lancha con la droga, mientras que los extranjeros fueron capturados mar adentro, en otra lancha que había zarpado del lugar donde se encontraba la embarcación con la droga, detalló el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, en la Base Naval en La Unión.
«Se desarrolló la operación y se encontró una embarcación con la droga abordo y otra embarcación que estaba abandonada, de ese mismo evento se detecta que hay otra embarcación que había zarpado de este lugar y que iba rumbo a Nicaragua», detalló el ministro.
Esta tercera embarcación fue interceptada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente al suroeste de Punta Amapala, agregó el funcionario.
De acuerdo a Merino Monroy, las investigaciones en este caso apenas comienzan y es muy prematuro poder establecer el origen y el destino de la droga, sin poder determinar también a qué estructura de narcotráfico pertenece.
«Es prematuro dar datos exactos para dónde podría ir la droga, es una investigación que deberá hacer Fiscalía con Policía Nacional Civil para determinar más detalles sobre eso, este trabajo articulado está enmarcado en el Plan Control Territorial», señaló.
La operación que permitió este decomiso también fue destacada por el presidente Bukele, que en su cuenta de Twitter, señalando que estas acciones son reflejo de la lucha contra el crimen de su gobierno.
«Otro golpe al narcotráfico. ¿Recuerdan algún momento en la historia de El Salvador con tantos golpes consecutivos al narco? Exacto Las verdaderas “treguas” las hacían otros», publicó el mandatario a través de sus redes sociales.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, destacó que este decomiso es resultado del trabajo articulado entre las diferentes instituciones de seguridad, como parte del PCT.
«En lo que va del año hay más de 2,000 personas ya detenidas por diferentes delitos relacionados al narcotráfico local y al tránsito internacional de las drogas», señaló. Detalló que en el tiempo que se ha implementado el PCT, desde el 1 de junio de 2019, la cifra de detenidos por delitos relativos las drogas supera las 7,000 personas.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
