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Gobierno del presidente Bukele ha logrado decomisar más de $96 millones en cocaína en lo que va del año
El trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad Ampliado del gobierno del Presidente Nayib Bukele permitió el decomiso de 168 kg de cocaína, con un valúo en el mercado de los estupefacientes de $4.2 millones, dando un nuevo golpe a las estructuras del tráfico internacional de drogas.
Este último decomiso se suma a los registros policiales que durante este 2021, detallan que se han incautado 4,421 kg de diferentes tipos de droga, siendo la cocaína la droga más decomisada con 3,859 kg, droga que ha sido valuada en más de $96 millones.
La droga que fue decomisada ayer por la madrugada en la playa El Tamarindo, en La Unión, era transportada en una lancha, procedente de Nicaragua, de acuerdo a las primeras investigaciones.
Por este caso se encuentran detenidas cinco personas, cuatro de ellas de nacionalidad nicaragüense y un salvadoreño, que ya fueron puestos bajo las órdenes de la Fiscalía General de la República (FGR).
Este es el tercer decomiso de droga que se realiza en la zona costera del país en menos de dos meses.
El salvadoreño fue capturado cuando salía, abordo de una motocicleta, de la zona donde se encontraba la lancha con la droga, mientras que los extranjeros fueron capturados mar adentro, en otra lancha que había zarpado del lugar donde se encontraba la embarcación con la droga, detalló el ministro de Defensa, Francis Merino Monroy, en la Base Naval en La Unión.
«Se desarrolló la operación y se encontró una embarcación con la droga abordo y otra embarcación que estaba abandonada, de ese mismo evento se detecta que hay otra embarcación que había zarpado de este lugar y que iba rumbo a Nicaragua», detalló el ministro.
Esta tercera embarcación fue interceptada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente al suroeste de Punta Amapala, agregó el funcionario.
De acuerdo a Merino Monroy, las investigaciones en este caso apenas comienzan y es muy prematuro poder establecer el origen y el destino de la droga, sin poder determinar también a qué estructura de narcotráfico pertenece.
«Es prematuro dar datos exactos para dónde podría ir la droga, es una investigación que deberá hacer Fiscalía con Policía Nacional Civil para determinar más detalles sobre eso, este trabajo articulado está enmarcado en el Plan Control Territorial», señaló.
La operación que permitió este decomiso también fue destacada por el presidente Bukele, que en su cuenta de Twitter, señalando que estas acciones son reflejo de la lucha contra el crimen de su gobierno.
«Otro golpe al narcotráfico. ¿Recuerdan algún momento en la historia de El Salvador con tantos golpes consecutivos al narco? Exacto Las verdaderas “treguas” las hacían otros», publicó el mandatario a través de sus redes sociales.
El director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas, destacó que este decomiso es resultado del trabajo articulado entre las diferentes instituciones de seguridad, como parte del PCT.
«En lo que va del año hay más de 2,000 personas ya detenidas por diferentes delitos relacionados al narcotráfico local y al tránsito internacional de las drogas», señaló. Detalló que en el tiempo que se ha implementado el PCT, desde el 1 de junio de 2019, la cifra de detenidos por delitos relativos las drogas supera las 7,000 personas.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
