Nacionales
Gobierno completó la cuarta etapa del Concurso Especial de Plazas Vacantes de Docentes por Ley de Salarios en la que participaron 6,375 aspirantes
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele completó la cuarta etapa del Concurso Especial de Plazas Vacantes de Docentes por Ley de Salarios ayer, en la que participaron 6,375 aspirantes, informaron esta mañana autoridades del Ministerio de Educación.
El concurso tiene su sustento legal en el Decreto Transitorio que faculta al Ministerio de Educación para evaluar y seleccionar a los docentes, garantizando la elección de los mejores, mediante el cumplimiento de los pasos de un proceso transparente y auditado.
Los postulantes han seguido un recorrido que inició con la inscripción, siguió con la verificación, la posterior prueba técnica de conocimiento en línea, continuó con la prueba psicométrica presencial y aún restan la selección y el nombramiento y toma de posesión.
“Ha sido un proceso muy trasparente, técnico y en el que iniciamos con la participación de 18,159 docentes que entregaron su hoja de vida; después de la revisión documental para el cumplimiento de lo establecido en la ley se llegó a una participación de 17,284 docentes en las pruebas de especialidad y de formación general, luego, las notas nos arrojaron que de ellos 6,457 estaban aptos para realizar la prueba psicométrica que se llevó a cabo ayer, en 26 sedes, en un operativo nacional; de ellos, llegaron 6,375; es decir el 98.73 % de los convocados asistieron a la prueba”, resumió el director nacional de evaluación educativa, Juan Fernández.
Mediante esta evaluación psicométrica se busca un perfil deseable de un docente, en el que destaca la vocación de servicio, ética, integridad, comunicación asertiva, trabajo en equipo, respeto y tolerancia.
Fernández añadió que el equipo de psicólogos de la Dirección de Desarrollo Humano del Ministerio de Educación ha tenido una participación importante, ya que mediante su experiencia se llevó a cabo la configuración de los términos de referencia para la contratación de la empresa evaluadora; lo que implicó las pruebas psicológicas a aplicar en función de las necesidades y perfil requerido.
De acuerdo con la ministra de Educación, Carla Hananía de Varela, en tres semanas aproximadamente se tendrán los resultados de las pruebas psicométricas, datos que se cruzarán con los resultados de las pruebas de conocimiento.
La funcionaria subrayó que dos empresas auditoras han estado inmersas en el proceso; entretanto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolló la plataforma para la aplicación de los aspirantes y, la evaluación psicométrica estuvo en manos de una empresa especializada, lo que garantiza su transparencia tanto en la estructura como en la ejecución.
“No tendría ningún sentido hacer esta inversión tan grande, tantos ojos encima para hacer lo que se hacía antes. No tiene sentido alguno dar plazas a gente por afinidad de ningún tipo, es lo que queremos superar”, completó la ministra Hananía.
En esta convocatoria, se han puesto a disposición 2,744 plazas y en el proceso solo participan los docentes que nunca hayan tenido una plaza con fallo del Tribunal Calificador. También aplicaron los docentes interinos y docentes en calidad de nuevo ingreso.
De esta manera, el Gobierno del Presidente Bukele garantiza que quienes opten a un empleo para dar clases a los niños en el sector público sean aquellos que tengan la idoneidad y conocimiento para llevar a cabo la transformación educativa.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
