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FOTOS | Policía captura a más pandilleros gracias a la denuncia ciudadana
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, aseguró que los reportes, avisos y denuncias ciudadanas a través del 123 están permitiendo la captura efectiva de más terroristas en diferentes puntos del país.
La información recibida en el call center es atendida de inmediato, garantizado la confidencialidad de los ciudadanos que ya están utilizando el 123 y perdiendo el miedo a denunciar a criminales que por años amedrentaron a las comunidades.
Entre algunos de los casos resueltos están el allanamiento de la Casa Comunal de la Comunidad Palermo en San Salvador, utilizada para guardar armas y drogas; la captura de William Adonay Arias, alias Venado, quien mantenía en zozobra a los habitantes en Guaymango, Ahuachapán; la detención de 3 pandilleros de San Bartolo, Ilopango y el arresto del gatillero Cristo de Jesús Alvarenga Flores, alias el Smoking, quien delinquía en el cantón Hacienda Nueva de Tenancingo, Cuscatlán.
A estas detenciones también se suman otros gatilleros, miembros activos, homeboy y colaboradores de estos grupos en localidades como San Miguel, Apopa. La Unión, San Salvador, Ahuachapán, Soyapango, La Paz, San Marcos, entre otros.
En dos meses del Régimen de Excepción, las fuerzas de seguridad han librado una Guerra Contra Pandillas permitiendo sacar de circulación a peligrosos criminales. Solo el día martes 24 de mayo fueron capturados 369 terroristas, para un total de 34,585 en todo el período.
Un dato importante es que durante este tiempo especial se registró por primera vez una semana completa sin homicidios, un hecho que no tiene precedentes.
Un accidente de tránsito múltiple se registró esta tarde en el distrito de Nueva Guadalupe, San Miguel Oeste, involucrando a un autobús de la ruta 333, un microbús de la ruta 16 y un camión.
Según informes de los socorristas de Comandos de Salvamento, tres personas resultaron lesionadas en el incidente. Las primeras investigaciones sugieren que la excesiva velocidad y la falta de distancia entre los vehículos podrían haber sido factores determinantes en el choque.
Hasta el momento, se desconoce el estado de salud y la identidad de las víctimas. Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos.
Johao Carlos Marín Fuentes fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por haber abusado sexualmente y constantemente de una menor de edad de febrero a agosto del año 2024, en una colonia del distrito de Mejicanos, San Salvador Centro, departamento de San Salvador.
Con las abundantes pruebas presentadas en juicio por la Fiscalía, se evidenció que el imputado convivía con varios familiares de la víctima, por lo que aprovechaba cuando se quedaba solo con la menor afectada para agredirle sexualmente en reiteradas ocasiones y de diferentes maneras.
Marín Fuentes amedrentaba a la víctima para que no dijera nada a nadie de lo que estaba sucediendo, a la vez que le ofrecía usar una tableta electrónica, a cambio de su silencio.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador validó todas las pruebas presentadas por los fiscales del caso e impuso la pena de prisión en mención y el imputado está obligado a $2,000 dólares en concepto de responsabilidad civil.
A Fuentes se le procesó por el delito de agresión sexual en menor o incapaz, en su modalidad de delito continuado.
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC), desarticuló una estructura de cuatro venezolanos y un ecuatoriano que estafaron a diez víctimas con la falsa promesa de venta de vehículos.
Los detenidos son los venezolanos: Daniel Alejandro Guzmán, Bryan José Eduardo Salazar, Bryan Alexander Camacho Melean y el ecuatoriano Gabriel Andrés Ponce Ruiz.
Según las investigaciones, desde octubre del año 2024 a la fecha, los extranjeros crearon la corporación Venicars para la supuesta compra y venta de automóviles, y a las víctimas les hicieron creer que les podían otorgar créditos, financiamientos o compras programadas por los automotores que elegían.
Las víctimas hicieron pagos o depósitos desde los $5,000 a $10,000 dólares para adquirir los vehículos; sin embargo, luego les aseguraron que esos pagos eran en concepto de derecho para participar en asambleas en donde rifarían las compraventas de los vehículos. Ninguna de las víctimas recibió documento ni los autos, ni la devolución del dinero.
Los extranjeros serán procesados por cometer los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas.
Las capturas y registros, realizados en San Salvador, se efectuaron con el apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Dirección de Migración y Extranjería.
