Judicial
Exdiputada del FMLN Nidia Diaz, afirma que los ex funcionarios actuaron dentro del marco de la ley
La dirigente y ex diputada del FMLN, Nidia Diaz, afirmó que los sobresueldos que recibieron ex funcionarios del gobierno de Mauricio Funes están dentro del marco de la ley.
Díaz expresó, este domingo, durante una pequeña protesta en las afueras del Centro Judicial “Isidro Menéndez”, que todo se trata de una persecución política del gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele.
“Todo ha sido conforme a ley del momento histórico político, y todo ha estado en un presupuesto nacional aprobado por la Asamblea Legislativa, como es el método y procedimiento establecido en la ley”, dijo Nidia Diaz.
La mañana de este domingo 25 de julio, la Unidad de Lavado de Dinero y Activos de la Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado de Paz de San Salvador un requerimiento contra 10 exfuncionarios del FMLN, durante el gobierno del expresidente, ahora prófugo en Nicaragua, Mauricio Funes.
Los 10 imputados son acusados por las autoridades de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito; reiteraron que fueron alrededor de $2.5 millones de dólares, provenientes de dinero público, que estos exfuncionarios habrían recibido en concepto de bonos o bonos de retiro.
Según las investigaciones, Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, a parte de su salario recibió $210,000; mientras que, a Calixto Mejía, exviceministro de trabajo, se le entregó $208,000; Además, Violeta Menjívar, exministra de Salud, recibió $177,000; Erlinda Hándal, exviceministra de Tecnología, $162,000 y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura y Ganadería, $174,000.
Para el caso de los prófugos de la justicia: Gerson Martínez, exministro del MOP, recibió un bono de $290,000; Lina Pohl, exministra de Medio Ambiente, $177,000 y Guillermo López, exministro de Agricultura, $565,000.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
La Fiscalía General de la República (FGR) logró una condena de 13 años de prisión contra José David Villanueva, quien fue encontrado culpable de los delitos de robo y daños.
De acuerdo con la información proporcionada, Villanueva solicitó un viaje a través de una plataforma digital. Durante el trayecto, amenazó a la víctima con un arma blanca para despojarla de sus pertenencias y posteriormente robó el vehículo en el que se transportaban.
Tras el atraco, la víctima interpuso la denuncia de inmediato, lo que permitió a las autoridades localizar el vehículo. Este había sido chocado y posteriormente abandonado.
Villanueva fue identificado y posteriormente capturado.
La condena de 13 años de cárcel fue impuesta por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla.
Judicial
PNC captura en Sesori a mujer de 26 años de la MS13 por extorsión agravada gracias al sistema ONI
