Judicial
ENLOQUECIERON: Tras consumir cocaína, abogado de ANDA y operador de Sykes agreden a profesora en estacionamiento de un centro comercial
Cuando Medicina Legal les realizó los análisis toxicológicos a ambos se les detecto dosis de cocaína en la sangre.
Tras consumir cocaína, abogado de ANDA y operador de Sykes agreden a profesora en estacionamiento de un centro comercial
Con una dosis de cocaína en la sangre, un abogado de Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) y un empleado de Sykes fueron llevados a los tribunales luego de proporcionarle una golpiza a una maestra de Chalatenango, tras un percance vehicular en un centro comercial de la colonia Escalón. Los hombres intentaron escapar, pero otro conductor les bloqueó el paso.
Angelo V., de 27 años de edad, y Mauricio D., de 31, nunca se percataron que sus acciones y el abuso de las drogas los llevarían a estar detenidos durante unos días. Ahora llevan un proceso judicial en su contra por haber agredido a la profesora.
Según el expediente judicial del caso, antes de que todo pasara se habían reunido después del trabajo para ingerir cocaína y estar el resto del día bajo sus efectos, pero no advirtieron que en su camino se cruzaría Esmeralda (nombre modificado por seguridad), una maestra de una escuela pública del norte del país que realizaba diligencias personales en la capital.
El primero era un operador del callcenter, Sykes, quien había ingresado a trabajar en 2015. Es originario de San Miguel y muchos años atrás había migrado a la capital.
Un día conoció a Mauricio, un colaborador jurídico de ANDA desde el 2017. Su relación era buena y compartían los mismos gustos por lo que decidieron compartir el alquiler de una apartamento en Santa Tecla.
“Tenés que atenerte a las consecuencias”
Según el expediente judicial, fue a las 7:00 de la noche de lunes 28 de enero del 2019 cuando todo ocurrió. Esa noche Esmeralda se encontraba dentro del centro comercial ubicado sobre el Paseo General Escalón, se subió a su carro, lo encendió, comenzó a retroceder y fue ahí cuando de manera errática aparecieron Angelo y Mauricio a bordo de su vehículo. De pronto, hubo una colisión entre ambos automotores.
En esa ocasión, Mauricio era el que conducía y al saber del golpe se bajó con un semblante furioso. “Fijate donde te mueves, no te fijas”, le dijo a la mujer mientras se aproximaba a ella dando puños a la carrocería de su automóvil. Angelo observaba y esperaba en el asiento del copiloto.
Esmeralda le explicó que solo había sido “un tope” y que no le había ocasionado ningún tipo de daño, pero las explicaciones no le valieron al aquel hombre. Al ver que la furia se iba apoderando de Mauricio, ella prefirió darle $25. Él se negó a la propuesta. “Por lo menos esto vale $30”, le refutó. Ella aceptó.
“Vieja loca, estúpida”, le gritó él cuando la profesora fue a traer el dinero al carro. Esto la enfureció y le pidió de favor que no la insultara de esa manera. “Vos no sabes con quién te has metido, tienes que atenerte a las consecuencias”, le replicó.
Según el relato de lo ocurrido, la profesora como un acto de defensa tomó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías de él y de las placas del vehículo. En ese momento, Angelo dejó de ser un espectador y decidió ser parte del asunto junto con su amigo.
Esto desató en una explosión de la furia del abogado quien, sin decir ni una sola palabra, le dio un golpe directo en la cara a la mujer, que la llevó directamente hacia el pavimento del estacionamiento. Su amigo, mientras tanto, la tomó de la blusa y la levantó solo para que Mauricio le volviera a dar un gancho en el rostro.
Al darse cuenta de lo que habían hecho, los dos decidieron darse a la fuga dejando a la mujer ensangrentada y a punto de perder la conciencia. Otro automovilista que iba pasando se percató y para que estos no escaparan se atravesó en su camino. Los dos victimarios comenzaron a gritar y a tocar el claxon sin tener éxito.
El arresto y su proceso judicial
La mujer dio aviso a los escasos vigilantes de seguridad. Fue minutos después la policías llegaron al lugar y detuvieron a los dos sujetos en flagrancia.
El informe del Instituto de Medicina Legal (IML) señaló que Esmeralda tenía un traumatismo contuso en el área de la nariz y que debía guardar reposo por al menos 10 días. Ella señaló que se sentía frustrada, ya que no podría presentase a trabajar con las heridas en su rostro. “Por respeto a los niños”, señaló.
El abogado y el operador fueron llevados a las bartolinas, donde permanecieron por unas cuantas horas previo a la audiencia inicial en la cual se les decretó la libertad condicional y deberán de presentarse a los tribunales cada ocho días por los delitos de lesiones y amenazas.
Cuando IML les realizó los análisis toxicológicos ambos se les detecto dosis de cocaína en la sangre.
Ahora enfrentan un caso de lesiones
Nota tomada de El Salvador Times
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 40 años de prisión a Klaus Fernando Orantes Ramírez por el delito de homicidio agravado en perjuicio de su madre, Eneyda Ramírez, crimen cometido en febrero de 2021.
El homicidio ocurrió en una vivienda ubicada en la colonia Escalón, en San Salvador. De acuerdo con las investigaciones, la víctima y el imputado regresaban de un viaje a la playa y, bajo los efectos del alcohol, Orantes Ramírez la asfixió utilizando una cadena metálica.
Tras cometer el crimen, el condenado se infligió varios golpes y desordenó la vivienda para simular un robo e intentar despistar a las autoridades.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que las investigaciones determinaron que Klaus Fernando Orantes Ramírez planificó el homicidio junto con su primo, Pedro Antonio Gálvez, quien fue detenido anteriormente. Según la acusación, ambos pretendían vender un inmueble y apropiarse del dinero de la venta, así como de los recursos obtenidos por la administración de los demás inmuebles propiedad de la víctima.
«Los imputados, para desvirtuar su participación, simularon que personas desconocidas se metieron a su casa a robar, y se golpearon entre sí para despistar que ellos cometieron el homicidio», detalló la Fiscalía.
En este caso también fue capturada Fernanda Nicole Orantes Ramírez. Sin embargo, en enero de 2023, el Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador resolvió que continuara el proceso penal con medidas sustitutivas a la detención, tras pagar una fianza de $5,000.
En esa ocasión, el juzgador señaló que la decisión obedecía a que la violencia psicológica que recibió Fernanda Orantes Ramírez no le permitía ser considerada cómplice, sino víctima. Hasta la fecha, se desconoce el estado actual de su proceso judicial.
Crimen planificado
Al momento de las capturas, la Policía Nacional Civil (PNC) informó que los imputados planearon el asesinato de Eneyda Ramírez, a quien acusaban de «ser tacaña y no darles dinero», pese a que poseía varias viviendas en alquiler.
Según la corporación policial, con el pretexto de celebrar el Día de San Valentín, llevaron a la víctima a la playa, donde le suministraron abundantes bebidas alcohólicas. Al regresar a su vivienda en la colonia Escalón, continuaron dándole alcohol hasta dejarla inconsciente y posteriormente la asfixiaron con una cadena metálica.
La PNC agregó que, para evitar ser descubiertos, los dos hermanos y el primo simularon haber sido víctimas de un robo. «Los 2 hermanos y el primo se dieron varios golpes entre ellos, fingiendo que los supuestos ladrones los habían atacado y desordenaron toda la casa para hacer creíble su historia», detalló la institución.
El Tribunal Segundo contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 43 integrantes de la clica Dalmacia Criminal Locos Salvatruchos a penas de hasta 85 años de prisión por diversos delitos.
De acuerdo con la información del proceso, todos los condenados fueron capturados el 27 de marzo de 2022, cuando inició el régimen de excepción, luego de años de delinquir en Ciudad Dolores y Sensuntepeque, en el departamento de Cabañas.
El principal cabecilla de la estructura, identificado como Edwin Ricardo Guzmán Segovia, alias «Scrappy», quien ostentaba el rango de corredor, fue sentenciado a un total de 85 años de prisión. La condena comprende 15 años por tenencia ilegal de arma de fuego, 10 años por posesión y tenencia de droga y 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas.
Asimismo, el juez impuso condenas de 75 años de prisión a los corredores de clica Carlos Pineda y José Amaya, quienes recibieron 60 años por agrupaciones ilícitas y 15 años por tenencia ilegal de armas.
El tribunal también condenó a otros nueve homeboys, quienes desempeñaban funciones de cabecillas de la célula territorial, a 35 años de prisión. Además, dos chequeos recibieron penas de 40 años, mientras que nueve paros y 20 colaboradores fueron sentenciados a 25 años de cárcel.
Según el proceso judicial, este grupo forma parte de una estructura criminal más amplia que ha comenzado a ser procesada por delitos de crimen organizado mediante una audiencia única abierta, la cual permanecerá activa durante los próximos dos años.
La Ley contra el Crimen Organizado faculta a la Fiscalía General de la República para solicitar al juez de los expedientes únicos el procesamiento de integrantes de estructuras criminales cuando existan suficientes pruebas para instalar la audiencia única.
En el caso de estos 43 imputados, la Fiscalía delimitó las pruebas presentadas para su enjuiciamiento, permitiendo al tribunal aplicar las herramientas legales contempladas en el régimen de excepción, entre ellas la posibilidad de condenar por el delito de agrupaciones ilícitas derivado de su pertenencia a una estructura pandilleril.
El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador condenó a 12 años de prisión a Mario Rigoberto Pineda Arias por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un comerciante del distrito de Mejicanos.
De acuerdo con la resolución judicial, Pineda Arias, identificado como integrante de la pandilla 18, permanece prófugo. Tras declararlo responsable del delito, el tribunal giró una orden de captura en su contra. Las autoridades informaron que otro de los implicados en el caso ya fue condenado y cumple una pena de prisión.
Durante la vista pública, la Fiscalía General de la República expuso que el 22 de abril de 2019 un grupo de extorsionistas llegó al negocio de la víctima, quien declaró bajo régimen de protección. Los sujetos se identificaron con sus alias y le manifestaron que pertenecían a la pandilla 18, indicándole que a partir de ese momento debía pagar una cuota periódica.
Según la acusación fiscal, los pandilleros afirmaron que controlaban varias colonias de Mejicanos y exigieron al comerciante el pago de 400 dólares. Además, le advirtieron que, si no entregaba el dinero, lo asesinarían junto con sus empleados.
La víctima explicó que no tenía la capacidad económica para pagar esa cantidad, por lo que los extorsionistas redujeron la exigencia a 200 dólares y le informaron que regresarían al día siguiente para retirar el primer pago.
Posteriormente, el comerciante denunció los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones que llevaron a la captura de Mario Rigoberto Pineda Arias. Sin embargo, el imputado recibió inicialmente medidas alternas a la detención y posteriormente se dio a la fuga.
Durante el juicio, la Fiscalía General de la República demostró que Pineda Arias fue quien recibió los 200 dólares entregados por la víctima, siendo ese el único pago realizado. Asimismo, se estableció que el comerciante cerró su negocio por temor, luego de que sus empleados dejaran de asistir a trabajar tras ser amenazados de muerte por los pandilleros si residían en territorios contrarios.
