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DOM presenta a empresarios guatemaltecos portafolio de proyectos de cooperación del 2024
Delegados de la Dirección de Obras Municipales (DOM) se reunieron con representantes de empresas del rubro de la construcción de Guatemala para presentarles un portafolio de proyectos de cooperación a ejecutarse durante el año 2024 para beneficiar a miles de salvadoreños.
Luego de invitarles a registrarse en el sistema de la DOM, se contó este lunes 11 de diciembre en Ciudad de Guatemala con representantes de empresas especializadas en diseño y construcción interesadas en este portafolio de nuevos proyectos que serán financiados con préstamos del Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Alemana-KfW.
La DOM, creada hace menos de dos años por el Presidente Nayib Bukele, tiene presencia territorial en los 262 municipios del país con obras de desarrollo como electrificación, saneamiento, carreteras, hospitales, escuelas, mercados, clínicas, revitalización de centros históricos y mejoramientos de calles rurales, de manera transparente y eficaz que están cambiando la vida de miles de salvadoreños.
En alianza con los organismos de cooperación internacional y cumpliendo normativas también se están realizando procesos de licitación para la construcción de mercados regionales y escuelas públicas, proyectos de agua potable y saneamiento con el objetivo de impulsar el comercio, turismo, educación y convivencia ciudadana, una oportunidad de inversión para empresas de la construcción en América Latina.
Bajo el Préstamo No 8948-SV del Banco Mundial, se licitan dos grandes mercados municipales ubicados en los departamentos de Santa Ana (zona del occidente del país) y San Miguel (zona del oriente).
Además, 193 proyectos están en camino de licitación para que las empresas puedan presentar ofertas bajo los lineamientos de dicha entidad financiera.
En cuanto al BID, más de 60 centros escolares públicos se sustituirán, remodelarán, reconstruirán y ampliarán para que más niños, niñas y adolescentes realicen sus clases en excelentes instalaciones e insumos educativos.
Finalmente, con fondos de KfW-Banco de Desarrollo del Estado de la República Federal de Alemania, se desarrollarán Centros Integrales de Convivencia Ciudadana (CICC) y centros deportivos en otros departamentos de El Salvador.
Esta es la segunda visita a nivel regional que realiza la DOM en una semana luego de un encuentro con empresarios de Costa Rica quienes también demostraron el interés por participar en proyectos de desarrollo que impulsa el Gobierno del Presidente Bukele.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
