Nacionales
Diputados de Comisión Especial presentan aviso en la Fiscalía contra exjefe de área técnica por falso testimonio
Esta tarde, los diputados de la Comisión Especial que investiga el destino final de los fondos entregados a diferentes ONG denunciaron al exjefe del Área de Asesoría Técnica de la Asamblea Legislativa, Alejandro Solano, por posible cometimiento del delito de Falso Testimonio.
Los legisladores presentaron un aviso en la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que el pasado 25 de junio Solano fuera calificado como “una persona mentirosa” al contradecir sus respuestas durante una entrevista hecha por la junta.
Ante esto, la presidenta de la comisión, Alexia Rivas, comentó: “Nos hemos hecho presentes para interponer un aviso por el posible cometimiento del delito de Falso Testimonio en contra del señor Alejandro Solano, quien atendió el llamado que le hicimos, pero, desafortunadamente, mintió en reiteradas ocasiones”
Al mismo tiempo, añadió: «No solo le mintió a la comisión, sino que también al pueblo salvadoreño».
El exempleado del Órgano Legislativo, quien laboró por más de 30 años en la institución, dijo desconocer los procedimientos realizados, durante años, por el técnico que asesoraba a la Comisión de Hacienda, Noel Orellana.
Horas antes de la entrevista de Solano, Orellana, quien hoy es magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y quien también fue cuestionado por la Comisión Especial, indicó que hubo reportes escritos en donde plasmaba el desarrollo de las sesiones plenarias en relación al Presupuesto General de la Nación, temática que le compete a la Comisión de Hacienda.
Esos escritos fueron revisados y acreditados por Solano, pues poseen la rúbrica de este, pese a que negó en diversas ocasiones haber tenido en sus manos los reportes.
En ese momento, con documentos en mano y bajo una notoria incomodidad, los diputados le demostraron a Solano que mentía una y otra vez.
“Queremos sentar un precedente para que todas las personas que van a asistir a la comisión sepan que vamos a hacer que la institucionalidad de este país funcione», aseguró la diputada.
“Continuaremos citando al seno de la comisión a personas que han estado directamente vinculadas a este caso. Reiterar que, desde el momento en el que son citados, están en la obligación de colaborar con la Comisión Especial”, agregó.
La legisladora indicó que continuarán con las investigaciones pertinentes para poder dar a conocer la ilegalidad con la que se trasladaron fondos del Estado a diferentes instituciones y asociaciones no gubernamentales.
“Desafortunadamente, algunos funcionarios creen que aún pueden estar utilizando sus tentáculos en otras instituciones del Estado, específicamente en la Asamblea Legislativa, pero nosotros hemos sido claros en decir que no habrá tregua para los corruptos”, indicó la diputada Rivas.
Nacionales
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Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.

Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.




