Judicial
Conoce sobre el perfil del pandillero que asesinó a una pareja que celebraba el fin de año en La Zona Rosa y les disparó más de 14 veces
“Yo he sido malo”, con esas palabras se describió Oscar Edgardo Archila Chitas, el palabrero de la pandilla 18 Revolucionarios que disparó en 14 ocasiones contra una pareja que celebraba el fin de año en La Zona Rosa, de la colonia San Benito, en San Salvador.
El joven, de tan solo 23 años de edad, aceptó haber asesinado a la pareja – Edwin Isaac León, de 21 años de edad, y su acompañante Tatiana Lissbeth Abarca Domínguez, de 20- por venganza, luego de que hace seis meses unos miembros de la MS lo hirieran propinándole tres disparos.
León, un conductor de UBER, y Abarca se presentaron ante Archila Chitas como miembros de la pandilla MS y al ser cuestionados sobre el lugar de residencia indicaron que vivían en Soyapango. Una pareja con la que se vengaría el ataque armado en su contra.
Pero, ¿quién es Oscar Edgardo Archila Chitas? El sujeto cayó en la pandilla 18 desde que estudiaba en el centro escolar Manuel José Arce, situado en la calle Modelo, en San Salvador.
En el momento de su ingreso, Archila Chitas encontró “un ingreso fácil” de dinero: la venta de drogas, sobre todo de cocaína, según él mismo declaró en el Centro Judicial “Isidro Menéndez” ante un grupo de periodistas.
Al graduarse de bachillerato, y por exigencias de su padre, el joven, quien habita en la zona de la Cima 4, ingresó en la Universidad de El Salvador (UES) para empezar sus estudios en la carrera de Administración de Empresas.
La presión hecha de parte de su padre no le pareció, por ello dejó de asistir a la universidad y continuó con la venta de drogas. A Archila Chitas nunca se le cruzó por la mente dejar las filas de la pandilla, como relató.
León y Abarca no han sido sus primeras víctimas. Incluso, en su momento incluso pensó en atentar contra la vida de sus familiares, principalmente de su padre porque «mucho lo molestaba», al tiempo que pensó robarle dinero. Sin embargo, no lo hizo.
Todo el historial criminal de Archila Chitas ha logrado que ascienda rápidamente en la pandilla, pues ahora según las autoridades es palabrero de la comunidad Las Palmas y es uno de los distribuidores de droga en la Zona Rosa.
A la espera de un hijo
A pesar de ser tan joven, Archila Chitas ya es papá. Este procreó una niña, quien actualmente tiene cinco años de edad.
Sin embargo, ha sido toda una odisea para él, pues la madre de su hija es una pandillera del grupo criminal contrario al que él pertenece, es decir de la MS. Ese detalle le imposibilita –según él- visitar a la menor.
Sin bastar eso, el sujeto volverá a ser padre dentro de seis meses, pues aseguró que su nueva pareja sentimental tiene tres meses de embarazo. Otro bebé al que no vería de ser condenado por el doble homicidio que él mismo aceptó haber cometido el pasado 1 de enero en la Zona Rosa.
Actualmente, el joven se encuentra detenido junto a una supuesta colaboradora del grupo criminal de la 18, identificada como Hellen Xiomara Flores Laínez, alias “La Chuky”, quien habría colaborado en el crimen.
Este martes los dos implicados -como indicó la Fiscalía General de la República (FGR)- serán presentados ante el Juzgado 3° de Paz para que se desarrolle la audiencia inicial por este caso.
Los hechos del primero de enero
Entre una sonrisa sarcástica y con toda la tranquilidad como que de una historia irreal se tratara, Oscar Edgardo Archila Chitas, un palabrero de la pandilla 18 Revolucionarios, aceptó ante un grupo de periodistas haber disparado en 14 ocasiones contra una pareja que celebraba el fin de año en La Zona Rosa, de la colonia San Benito, en San Salvador.
“No me arrepiento de haberlos matado”, comentó el sujeto al referirse al asesinato de Edwin Isaac León, de 21 años de edad, y su acompañante Tatiana Lissbeth Abarca Domínguez, de 20.
Archila Chitas aseguró que no era el primer homicidio que cometía y que este lo hizo por venganza, debido a que hace seis meses un grupo de miembros de la MS disparó en su contra. Sus declaraciones fueron brindadas este lunes en el Centro Judicial «Isidro Menéndez».
Por ello, este joven de 23 años de edad porta una sonda tras haber recibido atención médica en ese momento. El delincuente recibió tres disparos en su estómago y para corroborarlo se levantó la camisa que portaba en la que se pueden ver las cicatrices aún recientes.
De acuerdo a lo declarado, León y Abarca se acercaron a él con la intención de adquirir un poco de cocaína, se presentaron como pandilleros de la MS y por eso Archila Chitas les consultó en cuál zona operaban a lo que la pareja respondió que en Soyapango.
Esa respuesta fue la que detonó la sed de venganza por parte del pandillero contrario y decidió hacerse pasar por pandillero del mismo bando para ganarse la confianza.
Con engaños de la comercialización de la cocaína, León y Abarca fueron guiados hacia un callejón situado sobre la calle La Reforma con el fin de ser apartados de la multitud para poder ser atacados.
Al lograr ese cometido, Archila Chitas –según dijo- observó que los jóvenes ya estaban lejos de la zona de bares y que continuaban caminando sobre la calle La Reforma y decidió proceder con el ataque. Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en esa área, luego de que el vendedor de la droga dispara en contra de estas 14 veces.
De acuerdo a las investigaciones, Archila Chitas se encontraba junto a una supuesta colaboradora del grupo criminal de la 18, identificada como Hellen Xiomara Flores Laínez, por lo que ambos fueron detenidos por el doble crimen.
El pandillero señalado como responsable de los hechos indicó que no conoce a Flores Laínez, quien tiene una hija de 10 meses de nacida, y comentó que desconoce por qué la colocan como culpable de este caso. La mujer también dijo desconocer a Archila.
Mañana, los dos implicados -como indicó la Fiscalía General de la República (FGR)- serán presentados ante el Juzgado 3° de Paz para que se desarrolle la audiencia inicial por el caso de las muertes de los supuestos pandilleros de la MS de Soyapango, el joven asesinado incluso laboraba como conductor de UBER, como lo admitió la madre de este el día de los hechos, el pasado 1° de enero.
Información tomada de El Salvador Times.
Walter Alexander Martínez Mendoza y Rubén Alexander Mendoza Luna, perfilados como terroristas de la pandilla Barrio 18, fueron condenados a 100 años de prisión por el homicidio de dos personas en Santa Ana.
La Fiscalía General de la República explicó que ambos fueron condenados por homicidio (35 años por cada víctima) y por agrupaciones ilícitas (30 años).
El crimen se cometió específicamente en el distrito de Chalchuapa en febrero del 2019. La investigación fiscal reveló que los imputados llegaron armados con escopetas a la casa de las víctimas, luego de entrar por la fuerza y tener una discusión les dispararon.
Algunos vecinos intentaron auxiliar a las víctimas; sin embargo, habían fallecido por el ataque.
Martínez fue capturado en octubre de 2024. El anuncio del arresto fue dado por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien dijo: «un homicida menos en nuestras calles, que pagará con décadas en prisión por sus crímenes».
En esa ocasión, el funcionario aprovechó a reiterar que se utilizarán «todos los recursos del Estado para que ningún hecho de sangre quede en la impunidad y todo aquel que atente contra la vida de otro salvadoreño será sometido a la justicia».
Las autoridades de Seguridad de la administración de Nayib Bukele han sobresalido al bajar los índices de impunidad desde 2019.
En 2019, cuando se cerró con más de 2,300 homicidios, la tasa de impunidad aún alcanzaba el 97%, sin embargo, poco a poco fue disminuyendo, al cierre del 2022 se registraron 496 homicidios y la impunidad bajo a un 35%. Para el 2023 descendió a un 5% y a la fecha se mantiene a 0%. Para el 2025, cuando se reportaron 82 homicidios, todos fueron resueltos con la captura de los responsables.
«La capacidad de salir librado se ha ido reduciendo [para los homicidas] año tras año», asegura el titular de Seguridad y es que «el modelo Bukele va de la mano con la aplicación de la justicia», reiteró.
La comisión política continuó ayer con el estudio para la ratificación del acuerdo constitucional 6 aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de marzo.
Durante la sesión de trabajo, los diputados recibieron al fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, quien argumentó la necesidad de ratificar la enmienda.
El funcionario explicó que la modificación al artículo 27 de la Constitución de la República que conlleva la prisión perpetua a asesinos, violadores y terroristas, «es adecuada en un contexto donde se ha realizado un combate de frente hacia el mayor enemigo que tenía la sociedad salvadoreña, identificado como pandillas».
Agregó que actualmente el 90 % de los pandilleros procesados se encuentra dentro del sistema penitenciario, que ahora tiene condiciones adecuadas para atender a los reclusos.
Delgado destacó que la iniciativa de reforma está dirigida a personas que «decidieron vivir al margen de la ley», que «son un foco de peligro persistente para la estabilidad de todo el sistema de leyes», puesto que al día de hoy no dan garantías de que en el futuro cumplirán la ley.
«Hoy por hoy, no sabemos si el día de mañana, estas personas salen de prisión, van a volver a delinquir o van a volver a enquistarse en las comunidades de donde fueron extraídos con un gran esfuerzo, donde estaban acostumbrados a delinquir», aseveró Delgado.
En ese sentido, consideró que lo más conveniente es «mantener neutralizados a todos los que forman parte de esas organizaciones a través de la custodia que debe ser adecuada al peligro que ellos representan».
Delgado aclaró que esto no es una «venganza», sino «medidas justificadas en la prevención de futuros delitos que cometan estas personas en dado caso salgan».
El presidente de la comisión, Ernesto Castro, reiteró que continuarán apoyando las medidas que garanticen la seguridad de los salvadoreños.
De forma paralela, la iniciativa de ratificación para la cadena perpetua está siendo abordada por otros actores, como el analista Marvin Aguilar.
En la entrevista Encuentro manifestó que «es más caro tener preso a alguien que educarlo, con esto no se quiere decir que liberen a los pandilleros, pero este gobierno eso está decidiendo, que reprimir a la gente es mejor que educar a las personas. El costo económico de mantener la cadena perpetua por cada preso al año en el país es entre $1,200 a $1,400».
Penas de hasta 314 años de prisión fueron impuestas a integrantes de una estructura criminal por 26 casos de robo y asesinar a cuatro usuarios de agencias bancarias, entre ellos a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) y una profesora.
De los 38 condenados por el juez tres del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, la mayor cantidad de años fue impuesta a Marvin Geovany García Sosa, cabecilla de la organización, quien recibió 314 años de cárcel por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y agrupaciones ilícitas.
