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Capturan a 10 exfuncionarios del FMLN vinculados a la asociación ASOCAMBIO
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la tarde de este jueves procedieron a capturar a nueve exfuncionarios del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), vinculados a la asociación ASOCAMBIO y que son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de beneficiarse de más de 14 millones de dólares.
Entre los capturados está el exministro de Justicia y Seguridad y además, exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde; el exministro de Seguridad, Raúl López; el exdirector General de Centros Penales, Marco Tulio Lima; el exjurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Sergio Ernesto Chicas; el exjurídico del MJSP, José Roberto Nóchez; el exdirector ejecutivo del MJSP, Luis Alonso Barrera; el exinspector general de Centro Penales, Ramón Fernando Roque y la excoordinadora de las tiendas penitenciarias, Flor Hernández, entre otros.
Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, los privados de libertad habrían malversado más de 14 millones de dólares producto de las ganancias que generaban las ventas que se obtenían en las tiendas penitenciarias.
Se informó que todos fueron detenidos por medio de órdenes administrativas giradas por la Fiscalía y son señalados por los delitos de peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica.
Esta tarde fueron presentados en rueda de prensa en las instalaciones de la División Antinarcotráfico de la PNC.
Delgado explicó que desde 1998 se venía manejando una vieja práctica de hacer compras a discreción por las fuertes sumas de dinero que se manejaban, sin que hubieran mayores controles en los ingresos y egresos, incluso un tiempo las tiendas fueron manejadas por los internos.
“Todos los desórdenes administrativos permitidos desde la administración del expresidente Armando Calderón Sol, permitió que poco a poco los fondos que generaban las ventas fueras usados a discreción por las diferentes administraciones. La Fiscalía ha concluido desde el 2018 que se creó ASOCAMBIO, hubo retiros irregulares de dinero a personas que estaban trabajando en la administración pública, Nóchez, Marco Tulio Lima Molina, Sergio Ernesto Chicas, Luis Alonso Barrera, Flor de María Hernández, Orlando Elías Molina y Ramón Hernández López”, detalló el titular de la Fiscalía.
Se dijo que ellos se apropiaron de las utilidades que generaron las tiendas penitenciarias y los usaron para oscuros intereses, como también se recetaron jugosos salarios y de esa forma incrementaron sus patrimonios.
“Vamos a presentar toda la documentación a los tribunales, vamos a pedir que el caso pase a la siguiente etapa del proceso y que ellos pasan en detención provisional”, puntualizó.
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) recibió oficialmente este miércoles la certificación bajo la norma internacional ISO 37001:2016 del Sistema de Gestión Antisoborno, otorgada por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR).
El reconocimiento fue entregado al titular de la institución, Romeo Rodríguez, por el director general de AENOR para Centroamérica, Arnulfo Pino.
«Esto marca el inicio de una mejora continua que tenemos que realizar en el ministerio. Siempre asegurando principios como la tolerancia cero al soborno y a la corrupción, la transparencia en la gestión pública, la rendición de cuentas, la ética institucional y la protección a los denunciantes», dijo el ministro del MOP.
Durante el acto, el ministro destacó que esta certificación representa un avance en el cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, específicamente el artículo 16, que establece la obligación de las instituciones estatales de implementar sistemas antisoborno.
Rodríguez señaló que el MOP cuenta con diferentes mecanismos para recibir denuncias relacionadas con posibles actos de corrupción o soborno, y entre ellos mencionó el WhatsApp: 7620-5505 y la línea telefónica: 2528-3345. Además, el correo denuncias.soborno@mop.gob.sv.
«El Salvador está siendo pionero al establecer por ley que las instituciones de Gobierno implementen, mantengan y certifiquen un Sistema de Gestión Antisoborno. Ningún país lo había hecho y El Salvador ha dado un paso al frente», agregó Arnulfo Pino.
Ciento quince nuevos voluntarios en la Cruz Roja Salvadoreña se suman a la noble misión de prevenir y aliviar el sufrimiento humano.
Tras completar satisfactoriamente los cursos de primeros auxilios, acceso más seguro, doctrina básica, estatutos y reglamentos de Cruz Roja Salvadoreña, 115 estudiante de la Licenciatura en Anestesiología de la Universidad de El Salvador (UES) oficializaron su incorporación como nuevos voluntarios.
En un acto protocolario, los participantes recibieron su respectivo diploma en compañía de autoridades de ambas instituciones quienes destacaron el compromiso, la solidaridad y el espíritu de servicio de esa nueva generación de voluntarios.
Con entusiasmo y vocación estos jóvenes se preparan para aportar su conocimiento al servicio humanitario y ayudar a las personas en emergencias.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional en contra de Héctor Antonio Zelaya Hernández, de 32 años, quien es acusado de portar ilegalmente un arma de fuego, que iba a entregar a un pandillero, en San Salvador.
De acuerdo a las investigaciones, el pasado 11 de mayo la inteligencia policial fue informada que en la colonia Esmeralda en el Barrio San Jacinto había un sujeto que se disponía a trasladar un arma de fuego a un integrante de una estructura criminal.
Aproximadamente las 9 de la noche, una patrulla policial intervino a Zelaya Hernández, quien ese momento paseaba un perro y quien al ver la presencia de los agentes, mostró una actitud nerviosa.
«Intentó darse a la fuga, motivo por el que (los policías) decidieron intervenirlo mediante tácticas y técnicas de defensa personal. Al registrarlo, le encontraron un arma de fuego tipo pistola calibre 40, con un cargador y diez cartuchos, de la que no pudo presentar documentación que acreditara su legalidad», reza el expediente judicial.
También le encontraron una porción de marihuana. Durante ese procedimiento, según las investigaciones, una persona se acercó e informó que Zelaya Hernández la había amenazado de muerte debido a que no quiso acompañarlo a entregar el arma de fuego a un pandillero.
Durante la audiencia, el Tribunal determinó que existe abundante prueba para ser acusado por los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, amenazas con agravación especial y posesión y tenencia.
