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Capturan a 10 exfuncionarios del FMLN vinculados a la asociación ASOCAMBIO
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), la tarde de este jueves procedieron a capturar a nueve exfuncionarios del gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), vinculados a la asociación ASOCAMBIO y que son señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de beneficiarse de más de 14 millones de dólares.
Entre los capturados está el exministro de Justicia y Seguridad y además, exdirector de la PNC, Mauricio Ramírez Landaverde; el exministro de Seguridad, Raúl López; el exdirector General de Centros Penales, Marco Tulio Lima; el exjurídico del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Sergio Ernesto Chicas; el exjurídico del MJSP, José Roberto Nóchez; el exdirector ejecutivo del MJSP, Luis Alonso Barrera; el exinspector general de Centro Penales, Ramón Fernando Roque y la excoordinadora de las tiendas penitenciarias, Flor Hernández, entre otros.
Según el fiscal general, Rodolfo Delgado, los privados de libertad habrían malversado más de 14 millones de dólares producto de las ganancias que generaban las ventas que se obtenían en las tiendas penitenciarias.
Se informó que todos fueron detenidos por medio de órdenes administrativas giradas por la Fiscalía y son señalados por los delitos de peculado, actos arbitrarios, cohecho impropio y falsedad ideológica.
Esta tarde fueron presentados en rueda de prensa en las instalaciones de la División Antinarcotráfico de la PNC.
Delgado explicó que desde 1998 se venía manejando una vieja práctica de hacer compras a discreción por las fuertes sumas de dinero que se manejaban, sin que hubieran mayores controles en los ingresos y egresos, incluso un tiempo las tiendas fueron manejadas por los internos.
“Todos los desórdenes administrativos permitidos desde la administración del expresidente Armando Calderón Sol, permitió que poco a poco los fondos que generaban las ventas fueras usados a discreción por las diferentes administraciones. La Fiscalía ha concluido desde el 2018 que se creó ASOCAMBIO, hubo retiros irregulares de dinero a personas que estaban trabajando en la administración pública, Nóchez, Marco Tulio Lima Molina, Sergio Ernesto Chicas, Luis Alonso Barrera, Flor de María Hernández, Orlando Elías Molina y Ramón Hernández López”, detalló el titular de la Fiscalía.
Se dijo que ellos se apropiaron de las utilidades que generaron las tiendas penitenciarias y los usaron para oscuros intereses, como también se recetaron jugosos salarios y de esa forma incrementaron sus patrimonios.
“Vamos a presentar toda la documentación a los tribunales, vamos a pedir que el caso pase a la siguiente etapa del proceso y que ellos pasan en detención provisional”, puntualizó.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
