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Basura del alcalde Henry Flores, queda esparcida en carretera al puerto de La Libertad, tras impactante accidente de rastra de TECLASEO
Retomado de La Noticia SV
Este 10 de mayo, mientras cientos de salvadoreños se preparaban para aprovechar y compartir con sus mamás, en la oferta de posibilidades de restaurantes y playas en el litoral del Puerto de La Libertad y sus aledaños, el curso de la circulación normal de la carretera que conduce precisamente a esa ciudad portuaria fue afectado por un grave accidente de tránsito causado por una rastra propiedad de la empresa TECLASEO, que se encarga de la recolección y transporte de la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla.
La rastra accidentada, precisamente trasladaba la basura al botadero del Puerto de La Libertad que administra la empresa propiedad de Salume, la cual no cumple con las condiciones legales, ni técnicas para ser contratada, pese a esto el Alcalde Henry Flores, con asesoría del concejal Roberto d’Aubuisson en contra de la ley decidió adjudicarla a un precio de $25.oo por tonelada depositada en el sitio final de disposición, cuando el otro participante ofertó por el valor de $18.oo por tonelada. En lo que puede ser entendido como un presunto manejo irregular de las finanzas municipales, como lo ha expresado en varias denuncias interpuestas ante Fiscalía, Corte de Cuentas y Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista Edgar Lemus.
“Esta no es la primera ocasión que en esa carretera pasa un accidente de esa naturaleza, ahora se puede al menos decir que los daños generados fueron estrictamente materiales, pero este hecho pudo haberse evitado y el responsable es el Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, quien en contra de lo que indica la Ley de Contrataciones del Estado adjudicó una empresa propiedad del Sr. Salume que ha incurrido en la inhabilitación por cinco años por haber brindado información falsa para obtener contratos por más de Un millón de dólares.” Expresa el licenciado Lemus, ante la magnitud del accidente.
¿Hasta cuando el Alcalde Henry Flores, va a dar predominancia a los intereses económicos del Sr. Salume y pensará en la buena gobernanza de las finanzas municipales por las tecleñas y tecleños, por desarrollar una gestión transparente y proteger los intereses de la población y no un negocio oscuro que se ha beneficiado ilegalmente en el pasado de las arcas municipales de Santa Tecla? Se cuestiona el citado abogado.
De acuerdo a las investigaciones preliminares la rastra de TECLASEO accidentada, se conducía en exceso de velocidad y cargada con la basura que transportaba al botadero municipal del Puerto de La Libertad, lo que generó que el conductor de la misma perdiera el control y colisionara con los separadores e la carretera generando un incendio.
“Creo que ya es tiempo que las autoridades ambientales (Ministerio de Medio Ambiente y Juzgado Ambiental) vean con real atención de la ciudadanía el sitio de disposición final de basura del Puerto de La Libertad, que lleva años provocando contaminación y obteniendo grandes beneficios pese a operar durante los 2017 y 2018 sin un permiso ambiental para brindar servicios a distintas municipalidades, entre las que se encuentra la de Santa Tecla, que le canceló una suma millonaria por un servicio que no estaba autorizado a brindar; pero además pone en peligro por un indebido control de las unidades recolectoras de basura, la seguridad de otros usuarios de la vía, por las propias características de esa carretera. Además no es posible que se siga contaminando parte del corredor turístico del Puerto de La Libertad, solamente por hacer más rico al Sr. Salume” resalta Lemus.
Finalmente Lemus responsabiliza al Alcalde Henry Flores, de cualquier hecho de contaminación u otros accidentes que se puedan producir, cuyas evaluaciones no fueron hechas, con el únco fin de favorecer la empresa de Salume, que desde sus inicios ha estado rodeada de negociaciones opacas en las que curiosamente han sido los recursos financieros que pagan los contribuyentes los que han sido mal utilizados. Se contrata una empresa (la de Salume) a coste más caro y se provocan percances que afectan a las salvadoreñas y salvadoreños. Es una clase de corrupción que no puede seguir, detalló.
Nacionales
Productores reciben capacitación en agricultura climáticamente inteligente en la zona oriental
Leyda Lovo de Cardoza, es una productora que junto a otras seis personas en el distrito de Quelepa, San Miguel, se dedica a la producción de pepino, tomate y chile. Este grupo también forma parte de las 59 personas organizadas en 10 grupos productivos, seis de San Miguel y cuatro de Usulután, que iniciarán un proceso de fortalecimiento de capacidades en agricultura.
Dichas capacitaciones forman parte del programa «Fortalecimiento de capacidades para mujeres y jóvenes para la implementación de agricultura climáticamente inteligente en El Salvador».
«Nos sentimos contentos de haber sido elegidos para participar en este proyecto. Necesitamos una máquina para poder arar la tierra y una bomba achicadora para poder abastecernos del río», mencionó Leyda Lovo.
Este proyecto es implementado por el Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI) y el financiamiento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de la República de Corea; en coordinación con el Gobierno de El Salvador a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Centro Nacional de Tecnología Agropecuaria y Forestal (CENTA) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
«Con este proyecto buscamos capacitar a mujeres y jóvenes en condición de vulnerabilidad al cambio climático con prácticas de agricultura climáticamente inteligente, asociatividad y habilidades empresariales. Tuvimos una muy buena experiencia en las ediciones 2024 y 2025, por lo que estamos muy emocionados de poder sumar nuevos grupos a nuestro proyecto», enfatizó Moon Do Kim, Gerente de Proyectos de GGGI.
El programa de capacitaciones es la primera fase de un proceso para fortalecer y desarrollar emprendimientos agrícolas, que incluye la elaboración de planes de negocio, y en una fase posterior, la provisión de capital semilla y asistencia técnica.
El pasado viernes 27 de febrero finalizó con una cifra de cero homicidios en todo el territorio salvadoreño, según indican las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC) publicados esta madrugada.
Esta nueva jornada sin muertes a causa de la violencia suma 50 días sin homicidios en lo que va del 2026 y acumula 27 días sin homicidios en todo lo que va del mes.
Por otra parte, desde que el presidente Nayib Bukele llegó al frente del Ejecutivo en 2019 se han registrado 1,151 días sin homicidios, según indican las estadísticas policiales.
Los resultados en seguridad se les atribuye a estrategias de seguridad implementadas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, como es el caso del Plan Control Territorial, y el régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 para combatir a las pandillas.
De los 1,151 días sin homicido en total, 1,037 se contabilizan durante el periodo de vigencia del régimen de excepción. Por otra parte, el pasado 15 de enero se alcanzó la histórica cifra de los mil días sin muertes a causa de la violencia.
De acuerdo con el balance de Seguridad, el 2025 cerró con 303 días sin homicidios, la cifra más alta registrada hasta la fecha. Este resultado supera al 2024, que concluyó con 279 días sin asesinatos, y al 2023, cuando se contabilizaron 247 jornadas libres de asesinatos.
Durante la madrugada de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR), en trabajo coordinado con la Policía, ejecutó un operativo para desmantelar una estructura dedicada al tráfico de drogas.
Esta delinquía a través de una plataforma que ofrecía el «servicio de entrega de mercadería». Los imputados simulaban la entrega de paquetes para movilizar la droga, con la intención de no ser detectados por las autoridades.
«Esta noche estamos ejecutando un operativo junto con la División Antinarcóticos —DAN— de la Policía, en el cual se están ejecutando 24 registros con prevención de allanamiento», indicó el fiscal del caso.
«El cabecilla de esta organización es José Antonio Pérez Montoya, quien era apoyado y respaldado por otros sujetos, incluyendo a sus familiares, quienes también han sido detenidos», indicó el fiscal del caso.
Las autoridades realizaron los registros en Santa Tecla y Lourdes, en La Libertad; y en Soyapango, en San Salvador, lu gares en los que la droga se distribuía y se comercializaba.
«Como resultado de los registros, se han decomisado varias porciones de cocaína y crac listas para su venta, 18 teléfonos celulares con información importante para las investigaciones y más de $3,000 en efectivo», detalló el fiscal.
Las autoridades reportaron la captura de 17 imputados, quienes fueron identificados como José Antonio Pérez Montoya, Gloria América Gil, Josué Edenilson Bonilla Rivas, José Ezequiel Sosa Rodríguez, Julio Enrique Morales Quintanilla, Orlando Francisco Díaz, Guillermo Enrique Orellana Benítez, Bryan David Sánchez Molina, Brenda Guadalupe Leones Navarrete y Bryan Moisés Pérez Valladares.
Además, William Alexánder Rivera Huezo, Edwin Edgardo Martínez Alvarado, Juan Manuel Reyes Flores, Christian Enrique Mirón Noyola, Pamela Sa raí Acevedo Guevara, Maykol Francisco Pichinte Alfaro y Miguel Ángel González Villarán.
HAY MÁS IMPLICADOS
«El objetivo es capturar a un total de 34 personas que forman parte de una estructura que se dedica a distribuir cocaína en Santa Tecla y Lourdes», detalló el fiscal. La fuente aseguró que las de tenciones son producto de una investigación ejecutada desde enero de 2025.
«La investigación ha permitido determinar el modo de operar de esta estructura, logrando identificar a todos sus integrantes», señaló el funcionario.
La Fiscalía explicó que las personas que apoyaban a Pérez Montoya se ha cían pasar por «Ubers» para ingresar a diferentes lugares, simulando que iban a entregar paquetes comerciales.
«Sin embargo, lo que están entregando es droga, cocaína. Toda la estructura opera de la misma forma en la zona de Santa Tecla y Lourdes», destacó la fuente de la Fiscalía.
El pasado 25 de febrero, las autoridades también desarticularon una estructura criminal dedicada al contra bando de mercaderías que delinquía en el territorio nacional.
La investigación, que se desarrolló durante aproximadamente dos años, permitió identificar a los criminales.
De acuerdo con las investigaciones, la banda tenía distintos niveles de operación. Existían líderes, proveedores, encargados de introducir el producto por puntos fronterizos no habilitados —puntos ciegos— en la zona limítrofe con Guatemala y Honduras.
Luego, la mercadería era trasladada hacia San Salvador y distribuida a municipios de Santa Ana, Sonsonate, Chalatenango, Cuscatlán, San Miguel, Usulután y La Unión. Finalmente, vendedores al detalle comercializaban los cigarrillos en mercados urbanos, completando así la cadena de distribución ilegal.
