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Basura del alcalde Henry Flores, queda esparcida en carretera al puerto de La Libertad, tras impactante accidente de rastra de TECLASEO
Retomado de La Noticia SV
Este 10 de mayo, mientras cientos de salvadoreños se preparaban para aprovechar y compartir con sus mamás, en la oferta de posibilidades de restaurantes y playas en el litoral del Puerto de La Libertad y sus aledaños, el curso de la circulación normal de la carretera que conduce precisamente a esa ciudad portuaria fue afectado por un grave accidente de tránsito causado por una rastra propiedad de la empresa TECLASEO, que se encarga de la recolección y transporte de la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla.
La rastra accidentada, precisamente trasladaba la basura al botadero del Puerto de La Libertad que administra la empresa propiedad de Salume, la cual no cumple con las condiciones legales, ni técnicas para ser contratada, pese a esto el Alcalde Henry Flores, con asesoría del concejal Roberto d’Aubuisson en contra de la ley decidió adjudicarla a un precio de $25.oo por tonelada depositada en el sitio final de disposición, cuando el otro participante ofertó por el valor de $18.oo por tonelada. En lo que puede ser entendido como un presunto manejo irregular de las finanzas municipales, como lo ha expresado en varias denuncias interpuestas ante Fiscalía, Corte de Cuentas y Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista Edgar Lemus.
“Esta no es la primera ocasión que en esa carretera pasa un accidente de esa naturaleza, ahora se puede al menos decir que los daños generados fueron estrictamente materiales, pero este hecho pudo haberse evitado y el responsable es el Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, quien en contra de lo que indica la Ley de Contrataciones del Estado adjudicó una empresa propiedad del Sr. Salume que ha incurrido en la inhabilitación por cinco años por haber brindado información falsa para obtener contratos por más de Un millón de dólares.” Expresa el licenciado Lemus, ante la magnitud del accidente.
¿Hasta cuando el Alcalde Henry Flores, va a dar predominancia a los intereses económicos del Sr. Salume y pensará en la buena gobernanza de las finanzas municipales por las tecleñas y tecleños, por desarrollar una gestión transparente y proteger los intereses de la población y no un negocio oscuro que se ha beneficiado ilegalmente en el pasado de las arcas municipales de Santa Tecla? Se cuestiona el citado abogado.
De acuerdo a las investigaciones preliminares la rastra de TECLASEO accidentada, se conducía en exceso de velocidad y cargada con la basura que transportaba al botadero municipal del Puerto de La Libertad, lo que generó que el conductor de la misma perdiera el control y colisionara con los separadores e la carretera generando un incendio.
“Creo que ya es tiempo que las autoridades ambientales (Ministerio de Medio Ambiente y Juzgado Ambiental) vean con real atención de la ciudadanía el sitio de disposición final de basura del Puerto de La Libertad, que lleva años provocando contaminación y obteniendo grandes beneficios pese a operar durante los 2017 y 2018 sin un permiso ambiental para brindar servicios a distintas municipalidades, entre las que se encuentra la de Santa Tecla, que le canceló una suma millonaria por un servicio que no estaba autorizado a brindar; pero además pone en peligro por un indebido control de las unidades recolectoras de basura, la seguridad de otros usuarios de la vía, por las propias características de esa carretera. Además no es posible que se siga contaminando parte del corredor turístico del Puerto de La Libertad, solamente por hacer más rico al Sr. Salume” resalta Lemus.
Finalmente Lemus responsabiliza al Alcalde Henry Flores, de cualquier hecho de contaminación u otros accidentes que se puedan producir, cuyas evaluaciones no fueron hechas, con el únco fin de favorecer la empresa de Salume, que desde sus inicios ha estado rodeada de negociaciones opacas en las que curiosamente han sido los recursos financieros que pagan los contribuyentes los que han sido mal utilizados. Se contrata una empresa (la de Salume) a coste más caro y se provocan percances que afectan a las salvadoreñas y salvadoreños. Es una clase de corrupción que no puede seguir, detalló.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
El Juzgado de Instrucción de Soyapango resolvió que Flor Marina Romero Orellana, acusada del delito de hurto en perjuicio de una empresa financiera, enfrente vista pública.
De acuerdo con la acusación de la Fiscalía General de la República, la mujer, quien fungía en la empresa como jefa de la agencia del distrito de Soyapango, municipio de San Salvador Este, se aprovechó de su cargo para sustraer una alta cantidad de dinero.
«Aprovechándose de su cargo, el 10 de octubre de 2025 la mujer sustrajo al menos $29,030 de la caja fuerte de la sociedad. Además, la imputada contrató un servicio de transporte, por medio de aplicación móvil, para mandarle una parte del dinero a otra persona, quién se presume es cómplice; el resto del monto total lo depositó en una cuenta de criptomonedas», mencionó el ministerio público.
La imputada fue detenida en flagrancia, luego de la denuncia de las autoridades de la empresa financiera. Posteriormente, este caso fue judicializado por el ministerio público en 2025.
Idalia Isabel Morales Mejía enfrenta un juicio en el Tribunal Quinto Contra Crimen Organizado, Juez 1, de San Salvador, por el delito de homicidio agravado en perjuicio de dos víctimas.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República, la mujer es señalada de haber participado en la privación de libertad y posterior asesinato de un hombre y de una mujer, hechos que ocurrieron entre julio y octubre de 2011, en el cantón Segunda Loma de Santiago, jurisdicción de San Juan Opico, La Libertad.
«El hombre era integrante de la misma estructura criminal y fue asesinado por rencillas internas; mientras que la mujer pertenecía a otra pandilla, razón por la cual la asesinaron», según las investigaciones del ministerio público.
La investigación fiscal también establece que Morales Mejía es integrante de la clica Joya de Cerén Locos Salvatruchos de la MS-13, «tenía el rango de colaboradora dentro de la estructura y mantenía una relación sentimental con el palabrero de la clica».
Morales Mejía había huido a Estados Unidos, sin embargo, en marzo de este año fue deportada. Agentes del ICE de Washington, D.C. anunciaron el arresto de la mujer el 22 de abril.
«Entró ilegalmente en Estados Unidos en una fecha desconocida, en un lugar desconocido, sin ser inspeccionada, admitida ni puesta en libertad condicional por un funcionario de inmigración estadounidense», detallaron fuentes estadounidenses.
De acuerdo a la información proporcionada por ICE, en febrero pasado, el Grupo de Trabajo de la Alianza de Seguridad para la Captura de Fugitivos en El Salvador proporcionó información actualizada sobre la posible presencia de Morales-Mejía en el norte de Virginia.
«Tras recibir esta información, agentes del ICE en Washington, D.C. trabajaron para localizarla y arrestarla. El 12 de marzo, el ICE la arrestó en Woodbridge y le entregó una citación para comparecer ante un juez de inmigración del Departamento de Justicia», indicó ICE.
«Los medios la consideran una ‘no delincuente’ porque no tiene antecedentes penales conocidos en Estados Unidos, a pesar de que enfrenta cargos por homicidio agravado en El Salvador. ICE Washington, D.C. seguirá priorizando la seguridad pública arrestando y deportando a los extranjeros delincuentes de nuestras comunidades en Washington, D.C. y Virginia», declaró Robert Guadian, director de la oficina de campo de ICE en Washington, D.C.
La Fiscalía espera una sentencia condenatoria para la pandillera y, además, cuenta con elementos de prueba de cargo para demostrar la participación de la imputada en los hechos atribuidos.
