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Basura del alcalde Henry Flores, queda esparcida en carretera al puerto de La Libertad, tras impactante accidente de rastra de TECLASEO
Retomado de La Noticia SV
Este 10 de mayo, mientras cientos de salvadoreños se preparaban para aprovechar y compartir con sus mamás, en la oferta de posibilidades de restaurantes y playas en el litoral del Puerto de La Libertad y sus aledaños, el curso de la circulación normal de la carretera que conduce precisamente a esa ciudad portuaria fue afectado por un grave accidente de tránsito causado por una rastra propiedad de la empresa TECLASEO, que se encarga de la recolección y transporte de la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla.
La rastra accidentada, precisamente trasladaba la basura al botadero del Puerto de La Libertad que administra la empresa propiedad de Salume, la cual no cumple con las condiciones legales, ni técnicas para ser contratada, pese a esto el Alcalde Henry Flores, con asesoría del concejal Roberto d’Aubuisson en contra de la ley decidió adjudicarla a un precio de $25.oo por tonelada depositada en el sitio final de disposición, cuando el otro participante ofertó por el valor de $18.oo por tonelada. En lo que puede ser entendido como un presunto manejo irregular de las finanzas municipales, como lo ha expresado en varias denuncias interpuestas ante Fiscalía, Corte de Cuentas y Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista Edgar Lemus.
“Esta no es la primera ocasión que en esa carretera pasa un accidente de esa naturaleza, ahora se puede al menos decir que los daños generados fueron estrictamente materiales, pero este hecho pudo haberse evitado y el responsable es el Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, quien en contra de lo que indica la Ley de Contrataciones del Estado adjudicó una empresa propiedad del Sr. Salume que ha incurrido en la inhabilitación por cinco años por haber brindado información falsa para obtener contratos por más de Un millón de dólares.” Expresa el licenciado Lemus, ante la magnitud del accidente.
¿Hasta cuando el Alcalde Henry Flores, va a dar predominancia a los intereses económicos del Sr. Salume y pensará en la buena gobernanza de las finanzas municipales por las tecleñas y tecleños, por desarrollar una gestión transparente y proteger los intereses de la población y no un negocio oscuro que se ha beneficiado ilegalmente en el pasado de las arcas municipales de Santa Tecla? Se cuestiona el citado abogado.
De acuerdo a las investigaciones preliminares la rastra de TECLASEO accidentada, se conducía en exceso de velocidad y cargada con la basura que transportaba al botadero municipal del Puerto de La Libertad, lo que generó que el conductor de la misma perdiera el control y colisionara con los separadores e la carretera generando un incendio.
“Creo que ya es tiempo que las autoridades ambientales (Ministerio de Medio Ambiente y Juzgado Ambiental) vean con real atención de la ciudadanía el sitio de disposición final de basura del Puerto de La Libertad, que lleva años provocando contaminación y obteniendo grandes beneficios pese a operar durante los 2017 y 2018 sin un permiso ambiental para brindar servicios a distintas municipalidades, entre las que se encuentra la de Santa Tecla, que le canceló una suma millonaria por un servicio que no estaba autorizado a brindar; pero además pone en peligro por un indebido control de las unidades recolectoras de basura, la seguridad de otros usuarios de la vía, por las propias características de esa carretera. Además no es posible que se siga contaminando parte del corredor turístico del Puerto de La Libertad, solamente por hacer más rico al Sr. Salume” resalta Lemus.
Finalmente Lemus responsabiliza al Alcalde Henry Flores, de cualquier hecho de contaminación u otros accidentes que se puedan producir, cuyas evaluaciones no fueron hechas, con el únco fin de favorecer la empresa de Salume, que desde sus inicios ha estado rodeada de negociaciones opacas en las que curiosamente han sido los recursos financieros que pagan los contribuyentes los que han sido mal utilizados. Se contrata una empresa (la de Salume) a coste más caro y se provocan percances que afectan a las salvadoreñas y salvadoreños. Es una clase de corrupción que no puede seguir, detalló.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
