Nacionales
Basura del alcalde Henry Flores, queda esparcida en carretera al puerto de La Libertad, tras impactante accidente de rastra de TECLASEO
Retomado de La Noticia SV
Este 10 de mayo, mientras cientos de salvadoreños se preparaban para aprovechar y compartir con sus mamás, en la oferta de posibilidades de restaurantes y playas en el litoral del Puerto de La Libertad y sus aledaños, el curso de la circulación normal de la carretera que conduce precisamente a esa ciudad portuaria fue afectado por un grave accidente de tránsito causado por una rastra propiedad de la empresa TECLASEO, que se encarga de la recolección y transporte de la basura recolectada en el municipio de Santa Tecla.
La rastra accidentada, precisamente trasladaba la basura al botadero del Puerto de La Libertad que administra la empresa propiedad de Salume, la cual no cumple con las condiciones legales, ni técnicas para ser contratada, pese a esto el Alcalde Henry Flores, con asesoría del concejal Roberto d’Aubuisson en contra de la ley decidió adjudicarla a un precio de $25.oo por tonelada depositada en el sitio final de disposición, cuando el otro participante ofertó por el valor de $18.oo por tonelada. En lo que puede ser entendido como un presunto manejo irregular de las finanzas municipales, como lo ha expresado en varias denuncias interpuestas ante Fiscalía, Corte de Cuentas y Juzgado Ambiental, el abogado ambientalista Edgar Lemus.
“Esta no es la primera ocasión que en esa carretera pasa un accidente de esa naturaleza, ahora se puede al menos decir que los daños generados fueron estrictamente materiales, pero este hecho pudo haberse evitado y el responsable es el Alcalde de Santa Tecla, Henry Flores, quien en contra de lo que indica la Ley de Contrataciones del Estado adjudicó una empresa propiedad del Sr. Salume que ha incurrido en la inhabilitación por cinco años por haber brindado información falsa para obtener contratos por más de Un millón de dólares.” Expresa el licenciado Lemus, ante la magnitud del accidente.
¿Hasta cuando el Alcalde Henry Flores, va a dar predominancia a los intereses económicos del Sr. Salume y pensará en la buena gobernanza de las finanzas municipales por las tecleñas y tecleños, por desarrollar una gestión transparente y proteger los intereses de la población y no un negocio oscuro que se ha beneficiado ilegalmente en el pasado de las arcas municipales de Santa Tecla? Se cuestiona el citado abogado.
De acuerdo a las investigaciones preliminares la rastra de TECLASEO accidentada, se conducía en exceso de velocidad y cargada con la basura que transportaba al botadero municipal del Puerto de La Libertad, lo que generó que el conductor de la misma perdiera el control y colisionara con los separadores e la carretera generando un incendio.
“Creo que ya es tiempo que las autoridades ambientales (Ministerio de Medio Ambiente y Juzgado Ambiental) vean con real atención de la ciudadanía el sitio de disposición final de basura del Puerto de La Libertad, que lleva años provocando contaminación y obteniendo grandes beneficios pese a operar durante los 2017 y 2018 sin un permiso ambiental para brindar servicios a distintas municipalidades, entre las que se encuentra la de Santa Tecla, que le canceló una suma millonaria por un servicio que no estaba autorizado a brindar; pero además pone en peligro por un indebido control de las unidades recolectoras de basura, la seguridad de otros usuarios de la vía, por las propias características de esa carretera. Además no es posible que se siga contaminando parte del corredor turístico del Puerto de La Libertad, solamente por hacer más rico al Sr. Salume” resalta Lemus.
Finalmente Lemus responsabiliza al Alcalde Henry Flores, de cualquier hecho de contaminación u otros accidentes que se puedan producir, cuyas evaluaciones no fueron hechas, con el únco fin de favorecer la empresa de Salume, que desde sus inicios ha estado rodeada de negociaciones opacas en las que curiosamente han sido los recursos financieros que pagan los contribuyentes los que han sido mal utilizados. Se contrata una empresa (la de Salume) a coste más caro y se provocan percances que afectan a las salvadoreñas y salvadoreños. Es una clase de corrupción que no puede seguir, detalló.
La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con los datos de la Fiscalía General de la República.
«Te llamamos de parte de la Mara Salvatrucha, la onda que queremos una colaboración de $500, de lo contrario te vamos a matar, a tu familia o a vos», fue la exigencia que hizo un terrorista de la MS a la víctima, clave Marenco, en agosto de 2022.
El ofendido debía pagarles la extorsión el 3 de agosto de ese año en la residencial Versalles, de San Juan Opico, La Libertad, pero se había negado, según consta en el expediente judicial de Rodrigo Armando Rosales Portillo, quien fue sentenciado a ocho años de cárcel por ese caso.
La investigación detalla que uno de los terroristas le detalló a la víctima que le volverían a llamar para indicarle la hora, el lugar exacto y quién sería el que llegaría a recoger el dinero de la extorsión.
El día de la entrega llegó otro pandillero a la casa de la víctima y le expresó: «Mirá, la onda está que para hoy a las 10 de la mañana, frente a la terminal de buses de aquí de Versalles, tenés que entregar el dinero». El ofendido preguntó quién lo recogería y el terrorista le indicó que llegaría un «cipote en bicicleta»; además recomendó que usara camisa y gorra negra.
La víctima interpuso la denuncia ante las autoridades, quienes coordinaron una entrega controlada de dinero en el lugar establecido. El dispositivo estuvo compuesto por tres equipos: el primero era el investigador, quien entregó el paquete que simulaba la cantidad exigida por los extorsionistas; el segundo lo conformó una investigadora, que estaba dentro de un vehículo, ella vigiló y tomó las fotografías; mientras que el tres tuvo la labor de vigilancia, seguimiento y captura de los extorsionistas.
Cuando el reloj marcó las 10 de la mañana, puntualmente apareció Rosales Portillo a bordo de una bicicleta BMX y observó a todos lados de la terminal. El investigador entregó el dinero en un sobre blanco, el sujeto se lo guardó en la bolsa derecha del pantalón, tomó la bicicleta y se fue con rumbo sur por el bulevar Campos Elíseos, donde el equipo tres observó la entrega; los agentes se bajaron del vehículo, intervinieron al pandillero y lo capturaron en flagrancia por el delito de extorsión.
Los agentes se identificaron como miembros de la Policía Nacional Civil (PNC). Ejecutaron un registro donde le encontraron el paquete que simulaba los $500, que consistía en un billete de $5 y recortes de periódicos. Además, le decomisaron un celular.
Tras un proceso penal donde Rosa les Portillo confesó su delito, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla lo sentenció por extorsión agravada.
«Yo me encontraba en el taller, mi lugar de trabajo en la residencial Versalles, cuando me llegó una llamada de un varón llamado Roberto, me dijo que si le podía ir a traer un dinero, yo en ese momento acepté, como una tontera, pero yo soy alguien estudiado y estoy consciente de lo que haría, no iba a ir a traer un vuelto de tortillas, estaba consciente de que iba a traer una extorsión, él me dice que vaya a traer la cantidad de $250», confesó el imputado.
«Iba a estar un hombre de negro y de gorra negra, quien me entregaría el dinero, acepté, y vengo y le digo a un compañero de trabajo que me preste su bicicleta, para ir a mi casa. A él no le di mayor explicación, la agarré [la bicicleta], llegué al punto de buses, encontré al varón, que anteriormente me había descrito Roberto. Me dijo: “Vos sos ” y yo le dije que sí. Me entregó el dinero, me subí a la bicicleta, salí de nuevo como para el taller, avancé unos cinco metros cuando la policía me atrapó», agregó.
La condena contra Rosales Portillo figura entre las 5,768 que la Fiscalía General de la República (FGR) logró en diferentes tribunales entre enero de 2020 y el 22 de febrero de 2026. La mayoría de los casos son por extorsión agravada, con 4,710, mientras que 1,055 son por extorsión, de acuerdo con sus datos.
Entre esos años, 2021 fue cuando más sentencias alcanzó la FGR, con 1,055 condenas; 1,022, en 2024; 1,003, en 2023; 947, en 2025; 889, en 2022; mientras que en 2020 fueron 745.
La alta cifra de sentencias de 2023 y 2024 refleja los resultados del régimen de excepción, la herramienta legal con la que el Gobierno del presidente Nayib Bukele combate a las pandillas desde finales de marzo de 2022.
En noviembre de 2021, César Alexánder Cerna Catalán, pandillero de la 18, llegó en su bicicleta hasta el comercio de una víctima ubicado en Chalchuapa, Santa Ana. En tono amenazante le dijo que era terrorista y que debía entregar $800 pues ya tenía varios meses en el negocio y no entregaba el dinero que le habían exigido anteriormente, por tanto, debía ponerse «al día», porque si no lo pagaba, lo matarían y a su familia.
La víctima interpuso la denuncia ante la Policía y declaró que el pandillero llegó en una segunda ocasión a pedir la extorsión, pero él le dijo que no tenía debido a las malas ventas. En una tercera oportunidad, Cerna Catalán se hizo acompañar de otro pandillero, pero por temor, la víctima mantenía cerrado su negocio; los terroristas tocaron la puerta, pero no les abrió.
En 2022, el afectado reconoció al terrorista cuando llevaban a este último en una patrulla policial. Acudió a la justicia y presentó la noticia de la detención de Cerna Catalán, a quien responsabilizó de exigirle la extorsión a cambio de no atentar en contra de su vida y la de su familia.
En agosto de ese mismo año, la víctima se presentó hasta la oficina del Equipo Local Antiextorsiones del Departamento de Investigaciones de Santa Ana, donde le mostraron las fotografías del sujeto.
Tras las investigaciones, en 2023 Cerna Catalán recibió una condena de 15 años de cárcel por parte del Tribunal Primero de Sentencia de Santa Ana por el delito de extorsión continuada
Un hombre de 60 años resultó lesionado tras sufrir un accidente laboral mientras realizaba trabajos sobre una escalera en el centro del distrito de Santa Ana.
De acuerdo con los reportes, el hecho ocurrió en una vivienda ubicada sobre la 7ª calle poniente, entre la 6ª y 8ª avenida sur, donde la víctima cayó mientras desarrollaba sus labores.
Socorristas de la Cruz Azul Salvadoreña, seccional Santa Ana, acudieron al lugar para estabilizar al hombre.
Posteriormente, fue trasladado hacia el Hospital San Juan de Dios para recibir atención médica.
Más de 200 auditores inician labores de verificación en vacaciones de Semana Santa.
La Corte de Cuentas de la República (CCR) inició hoy el Plan de Fiscalización del Uso de Vehículos Nacionales, mediante el despliegue de auditores gubernamentales en puntos estratégicos del territorio salvadoreño, tal como lo anunció la semana pasada en conferencia de prensa.
Durante este periodo vacacional, la CCR verificará que los recursos del Estado sean utilizados exclusivamente para el beneficio público. Asimismo, auditores de las direcciones regionales de Santa Ana, San Miguel y de la zona central supervisaron que los servidores que hacen uso de vehículos nacionales cumplan con los requisitos necesarios para su circulación, entre ellos: la portación de misiones oficiales debidamente autorizadas por funcionarios competentes, la definición de la finalidad de la misión, fecha y horario, así como la identificación del conductor. También se comprueba que los vehículos porten placas y distintivos institucionales, y que cuenten con la tarjeta de circulación y licencia de conducir vigentes.
Con estas acciones, la CCR ejerce un rol determinante en la supervisión del parque vehicular estatal y garantiza el cumplimiento estricto de la normativa aplicable.
Durante la semana, se tiene previsto que el presidente Walter Sosa, junto a los magistrados Julio Bendek y Rodrigo Flores, supervisen en distintos puntos de control a nivel nacional el trabajo realizado por los equipos de auditoría.
