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Autoridades toman control de Chalatenango Sur y desarticulan remanente de la pandilla 18
Desde el domingo, las fuerzas del orden tomaron el control total de cuatro distritos de Chalatenango Sur con el objetivo de desarticular lo poco que ha quedado de una estructura de la pandilla 18, cuyos integrantes están vinculados a dos asesinatos.
En respuesta a estos crímenes, el presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó que 5,000 soldados y 1,000 policías cercaran las entradas y salidas de los siguientes distritos: San José Cancasque, San Antonio Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador para salvaguardar la vida de todos los pobladores y para dar con el paradero de más criminales.
Por medio de sus redes sociales el mandatario expresó: «Hace unos días, hubo dos homicidios en la zona norte de nuestro país. Ya capturamos a los dos culpables, miembros de la pandilla 18 Sureños».
Además, advirtió a los criminales: «No nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas». Las indicaciones del presidente Bukele fueron atendidas de inmediato por el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.
«Limpiaremos por completo la zona, vamos a extraer hasta el último remanente de pandillas», aseguró el jefe castrense.
Es así como en menos de 24 horas de haberse instalado el cerco militar, las autoridades han arrestado a ocho delincuentes, de los cuales, dos están vinculados de forma directa con los homicidios. Los sospechosos fueron identificados como Emmanuel Bartolo Quintanilla, alias Pantera; y José Elías Ramírez, alias El Humilde.
El director de la Policía, comisionado Mauricio Arriaza Chicas, aseguró que existen pruebas suficientes que relacionan a los imputados en estos crímenes.
Las investigaciones policiales han revelado que estos sujetos son homeboys de la pandilla 18 Sureños, un remanente que se mantuvo escondido de la operatividad policial, pero que hoy ya fueron arrestados.
Los asesinatos por los cuales son señalados estos delincuentes se registraron en el cantón Guarjila, del distrito de Chalatenango, el lunes 18 y el viernes 22 de marzo en San Antonio Los Ranchos; las víctimas fueron atacadas con escopetas, mismas que fueron decomisadas a los criminales.
CRIMINALES DIERON SEGUIMIENTO A LAS VÍCTIMAS
La Policía ha establecido que los delincuentes dieron seguimientos similares a las víctimas cuando en vehículos se dirigían a departir a fiestas; al llegar a zonas desoladas les atravesaron troncos, piedras y hasta vehículos para que detuvieran la marcha y poder dispararles.
Se trata de hechos criminales que fueron planificados por la estructura de la pandilla.
El cerco de seguridad incluye controles vehiculares en los que se corrobora que criminales no intenten dejar la zona por esta vía, además, registros para detectar si existe traslado de armas de fuego, droga u otros ilícitos.
Las fuerzas del orden también verifican la legalidad de quienes habitan en viviendas de comunidades para asegurarse que no sean usurpadas por delincuentes.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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