Nacionales
Autoridades lanzan plan para brindar seguridad a usuarios de transporte colectivo y evitar robos
Desde tempranas horas de este jueves, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, junto con el ministro de Defensa, René Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, realizaron el lanzamiento de Transporte Seguro.
De acuerdo con las autoridades, esta estrategia busca brindar a los salvadoreños seguridad en las unidades de transporte colectivo, para evitar que se cometan robos, y añadieron que se enmarca en el Plan Control Territorial, impulsado por el Gobierno de El Salvador.
El director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas, explicó que se verificará la documentación, que los conductores y cobradores tengan los permisos de las autoridades competentes. De igual manera, a los ciudadanos se les recordó siempre portar su documento de identidad, porque será requerido por las autoridades.
«También vamos a verificar la portación ilegal de armas de fuego, si algún pasajero no tiene la autorización correspondiente, lo vamos a remitir por poner en riesgo a la población», añadió Arriaza Chicas.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, informó que «hemos sacado un registro de los últimos 10 años de los sujetos que el sistema de justicia penal fallido y los jueces anteriores dejaron en libertad y que andaban robando en unidades del transporte colectivo, en parques y ciudades».
Añadió que no permitirán que esto siga ocurriendo: «como Gabinete de Seguridad, nos debemos a la población honrada, por ellos vamos a seguir trabajando, por los salvadoreños de bien, porque este país nos pertenece».
Mientras que el ministro de Defensa indicó que el plan se implementará a nivel nacional, y que los elementos acompañaran a los usuarios desde el punto de origen hasta su punto de destino, a cualquier hora que circulen las unidades de transporte.
También destacó que se realizarán patrullajes en paradas de buses y terminales, lugares donde convergen los usuarios del transporte público.
Con la finalidad de garantizar la seguridad de los pasajeros del transporte público, mantenemos presencia en la Terminal Nuevo Amanecer, Soyapango.#TransporteSeguro pic.twitter.com/RnMRGIjS63
— FUERZA ARMADA (@FUERZARMADASV) July 28, 2022
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
