Nacionales
Autoridades implementan el Sistema de Alerta Multiamenaza
La Dirección General de Protección Civil llevó a cabo la firma de memorando de entendimiento del Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza y el mecanismo de comunicación intercomunitaria de las cuencas de El Majahual y San Diego.
En la actividad participaron el director de Protección Civil, Luis Amaya, junto con la gobernadora de La Libertad, Yaneth Bran, acompañados del director del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, Luis Menjívar; comisiones comunales de El Majahual, La Shila, San Luis, Comasagua, San José Villanueva, Huizúcar y Nuevo Cuscatlán, todos ubicados en La Libertad.
“Qué bueno se suman al trabajo y son parte activa. Están haciendo la diferencia en la reducción del riesgo de desastre. Hay reglas sobre las que debemos trabajar: el conocimiento del riesgo, la reducción de riesgo de desastres, el manejo de la respuesta”, externó Amaya.
Las partes firmantes del memorando se han comprometido a mantener y operar el sistema, garantizando su funcionamiento eficiente y su actualización constante, recopilar y analizar información sobre amenazas y riesgos. También, a compartir la información de manera oportuna y coordinar la difusión de alertas.
Asimismo, se prevé la instalación de escalas hidrométricas para el monitoreo de los niveles de agua en los ríos para evaluar la magnitud y la evolución de las crecidas. Además, de la formación de una red de comunicación intercomunitaria establecida entre las comunidades ubicadas en las cuencas de dichas áreas.
La administración del Presidente Bukele trabaja coordinadamente con organismos nacionales e internacionales para reducir la vulnerabilidad en los territorios y generar espacios seguros para las familias que habitan en las comunidades en sectores que pueden estar en riesgo por la llegada del invierno.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
