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Autoridades destruyeron más de 11,000 kilos de droga en 2024
Un total de 11,160.54 kilogramos de diferentes tipos de drogas destruyeron durante 2024 las autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil (PNC), tras recibir los avales judiciales respectivos.
El reporte del ministerio público de – talla que los narcóticos tienen un valor comercial de $272,956,780. Recientemente, el fiscal general, Rodolfo Delgado, enfatizó que el Estado salvadoreño continuará defendiendo su soberanía y a sus ciudadanos de la influencia «corruptora» del narcotráfico.
Agregó que el país ya no es un lugar para el crimen, «aquí la justicia prevalece y nuestras instituciones están más unidas y fuertes que nunca, en esta lucha».
Delgado reiteró su compromiso de seguir trabajando incansablemente para garantizar una nación libre de la influencia del narcotráfico, donde la ley y el orden prevalezcan.
«Hago un llamado al resto de los países a que se sumen a los esfuerzos que realiza la República de El Salvador», dijo.
El informe de la Fiscalía indica que el año pasado se destruyeron 10,840.88 kilos de cocaína valuados en $272,539,778. La mayor parte de la cocaína incinerada se decomisó en operativos que la Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Fuerza Armada ejecutó en altamar
En cuanto a la marihuana, se incineraron 318.58 kilos con un valor de $363,186; metanfetamina, 1.08 kg, con un valor en el mercado de estupefacientes de $53,816. En ese período, las autoridades confiscaron 17 plantas.
DROGA ESTÁ VALUADA EN MÁS DE $62,000
En octubre del año pasado, las autoridades quemaron diferentes cantidades de cocaína, marihuana y metanfetaminas valuadas en $62,594.54.
La FGR indicó que la droga corresponde a 15 casos ya judicializados, los cuales la FGR ejecutó en San Salvador y Santa Ana. Entre los estupefacientes incinerados estaban 2,425.72 gramos de marihuana, 54.646 gramos de cocaína y 6.06 gramos de metanfetaminas.
En otro procedimiento destruyeron diferentes cantidades de marihuana y cocaína con un valor económico de $15,971.78. En esa oportunidad explicaron que los estupefacientes fueron decomisados entre 2016 y 2024 en la zona oriental del país y pertenecen a seis casos ya judicializados, entre ellos el de María Dolores Prudencio Pereira, quien cumple una condena de ocho años de cárcel por el tráfico ilícito de 3,994.7 gramos de marihuana.
A Prudencio Pereira le confiscaron la droga el 15 de febrero de 2024 en una vivienda ubicada en la colonia Milagro de la Paz, en San Miguel. La marihuana tenía un valor económico de $14,101.29. La FGR logró que el Tribunal Segundo de Sentencia de San Miguel condenara a ocho años de prisión a la mujer.
En otro procedimiento, las autoridades destruyeron cocaína, heroína y marihuana con un valor en el mercado de estupefacientes de $46,666.97, los cuales proceden de 41 casos ejecutados en diferentes fechas en San Salvador y Santa Ana.
En esa ocasión, una de las fiscales de la Unidad Especializada de Narcotráfico detalló que se incineraron 40,934.819 gramos de marihuana, 573.672 gramos de cocaína, 18.343 gramos de heroína y 360 plantas de marihuana.
El Viceministerio de Transporte (VMT) multó con $750 al creador de contenido «Yeik» por varias infracciones a la Ley de Tránsito.
La institución sancionó al tiktoker luego de la circulación de un video en redes sociales donde el imputado ocasionó un siniestro vial donde colisionó contra otro motociclista.
Las multas fueron por conducir sin estar autorizado ($150); conducir haciendo uso del celular ($150); circular después de las 18 horas y antes de las 6 del día siguiente sin que el motociclista porte chaleco o implementos reflectivos ($150); circular sin placas ($150); conducir en zigzag ($100) y no portar tarjeta de circulación ($50).
Las autoridades también le decomisaron la motocicleta por circular sin placas ni tarjeta de circulación.
Tras conocer las sanciones, el titular del VMT, Nelson Reyes, reaccionó en su cuenta de la red X y escribió: «el respeto a la ley no es opcional. Quien ponga en riesgo la vida de los demás deberá responder por sus acciones. Seguiremos aplicando la normativa con firmeza para garantizar la seguridad vial de todos los salvadoreños».
A ocho años de prisión fue condenado José Alfredo Centeno Cantón, por el delito de tráfico ilegal de personas.
En el juicio, la Fiscalía General de la República estableció que fue detenido de forma infraganti transportando a 12 personas a quienes pretendía trasladar hasta Guatemala y con una promesa de llevarlos en «un viaje seguro» a Estados Unidos.
Centeno Cantón fue detenido el 15 de enero de 2024, en un retén que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) habían instalado en el km 92 de la carretera Panamericana, caserío Paraje Galán, cantón San Vicente, de Candelaria de la Frontera, Santa Ana.
El plan del ahora condenado era dirigirse hacia un punto fronterizo no habilitado de la zona, para eludir los controles migratorios, ya que entre las personas que transportaba iban cinco menores de edad, los otros siete eran adultos.
En el proceso judicial se mencionó que todos viajaban en una camioneta, eso llamó la atención de los agentes policiales pues al ir sobrecargada y el nerviosismo que mostraron generó sospecha que podrían estar frente a un caso de tráfico de personas.
Ese control policial siempre ha sido estratégico ya que obligadamente se debe pasar por ese punto y por la ubicación los agentes con su experiencia pueden detectar cualquier irregularidad de los viajeros.
Llamó la atención que en una sola unidad de transporte fueran cinco menores sin ninguno de sus padres o familiares cercanos y que la custodia fuera a cargo de una persona que ni conocían.
Además, al ser entrevistado, hubo incongruencias en las respuestas de los adultos, así como de los niños, no portaban la respectiva documentación que asegura un registro legal en la frontera San Cristóbal, que era la más próxima al control vehicular donde fueron ubicados.
Con la información aportada por las víctimas, los agentes consultaron a sus superiores y luego a la Fiscalía General de la República para detener a Centeno Cantón y que le iniciaron el respectivo proceso penal.
En la fase de investigación el ministerio público obtuvo información de las víctimas, quienes confirmaron que iban hacia Estados Unidos y que los iban a pasar por un punto no habilitado hacia Guatemala.
El plan era que, del vecino país los iban a mover hacia la frontera con México donde serían entregadas a otras personas para continuar la ruta a Estados Unidos ya que ese fue el acuerdo pactado.
«El fiscal del caso dijo que las 12 víctimas eran cinco niños y siete adultos todos salvadoreños y que habían pagado una parte del dinero y la otra la harían efectiva al llegar a su destino», así lo publicó el ministerio público.
En la vista pública el tribunal tuvo acceso a testimonios de las víctimas, así como de los agentes policiales que hicieron el procedimiento de localización de las víctimas y captura del traficante de personas.
La abogada Ángela Maritza Díaz de Vásquez y Douglas Enrique Vega Guerrero, fueron condenados a penas de tres y nueve años de prisión por falsedad documental agravada y estafa.
La primera admitió la falsedad mediante un procedimiento abreviado ante el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, y la pena de tres años es sometida a una suspensión condicional bajo reglas de conducta consistente en no cambiar de domicilio, además queda inhabilitada para ejercer la profesión hasta que haya cumplido la condena; también deberá de pagar $500 a una de las víctimas.
Mientras que Vega Guerrero cumplirá en un centro penal los nueve años por tres casos de estafa, más el pago total de $14,600 en concepto de responsabilidad civil a las tres víctimas que engañó.
La Fiscalía General de la República probó en el juicio que las estafas fueron cometidas entre el 2022 y 2023, en diversos distritos del departamento de San Salvador.
El estafador utilizó redes sociales para ofrecer una variedad de productos, a los afectados les propuso venderles vehículos y les pidió dinero como adelanto.
Los denunciantes dijeron que luego de entregarle diversas cantidades de dinero, Vega Guerrero cortó todo tipo de comunicación y no lo pudieron contactar por ninguna vía.
A una de las víctimas le ofreció un vehículo por $4,800 y le manifestó que para adquirirlo debía darle $4,000 como anticipo, ese hecho ocurrió en mayo de 2023.
En las pesquisas que las autoridades realizaron obtuvieron información del afectado quien dijo que pagó y recibió el automotor, pero el auto presentó desperfectos mecánicos y estaba a nombre de otra persona, quien había denunciado que se lo habían robado.
En la vista pública quedó probado que Douglas Enrique Vega Guerrero, detenido en febrero de 2024, en los tres casos de estafa actuó con dolo, sabía perfectamente que estaba ante hechos de estafa.
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