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ATENCIÓN: Sistema de fotomultas entrará en vigencia la próxima semana
La próxima semana entrará en vigencia el sistema de fotomultas en El Salvador, iniciando por el bulevar Monseñor Romero, en donde el límite de velocidad es de 90 kilómetros por hora, según explicó el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, en entrevista en Noticiero El Salvador.
«Hemos culminado fase de pruebas, entrenamiento de personal y conexión con el centro de monitoreo (del sistema de fotomultas). Se ha trabajado en la señalización de los puntos donde iniciaremos con la implementación de la fotomulta, con el bulevar Monseñor Romero como el primer tramo para sancionar la excesiva velocidad», detalló el viceministro Reyes.
«El sistema de fotomulta tiene detección de placa delantera y trasera, usar elementos polarizados que tapan la placa no son útiles porque siempre se logra leer el número para la aplicación de la sanción», detalló.
El funcionario explicó que la implementación de las fotomultas no tiene como objetivo imponer sanciones, sino cambiar la cultura vial en El Salvador.
Los siguientes tramos que contarán con el sistema de fotomultas es la carretera al Puerto de La Libertad, y la autopista Comalapa, que se establecerá de 90 kilómetros por hora el límite de velocidad.
«Las (fotomultas) que se detectan de forma automática son por el exceso de velocidad, que es por donde arrancaríamos, en carreteras (…) La principal causa de siniestros viales en nuestro país es la distracción, seguido de la excesiva velocidad», dijo Reyes.
El titular del Viceministerio de Transporte (VMT) también indicó que el sistema también incluye cámaras de videovigilancia, que podrá detectar cuando un conductor se distrae con su teléfono.
Finalmente, el viceministro de Transporte, Nelson Reyes, explicó que están avisando a la población de manera anticipada y que lanzarán una campaña para anunciar el día y la hora en el que iniciará operaciones el sistema de fotomultas en el bulevar Monseñor Romero.
El ministro de Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de un integrante de la organización criminal Barrio 18, quien intentó ingresar al país en un vuelo federal sin presentar alertas migratorias previas.
El detenido fue identificado como Edwin Alejandro Castro Hernández, alias «Street boy», quien, según las autoridades, quedó al descubierto durante los controles especializados realizados en el aeropuerto.
De acuerdo con la información oficial, Castro Hernández es señalado de pertenecer a la estructura «Tayni Wayniss Sureños», vinculada al control criminal de sectores del distrito de Ilopango.
Villatoro aseguró que el capturado enfrentará el proceso penal correspondiente por su presunta participación en actividades relacionadas con organizaciones terroristas.
En un pronunciamiento oficial, el ministro sostuvo que mantendrá las acciones de seguridad para evitar que estructuras criminales vuelvan a operar en el país. «Actuamos con inteligencia, decisión y con el compromiso de no volver jamás al pasado», señaló.
También afirmó que continuará reforzando los controles migratorios y de seguridad para impedir el ingreso de miembros de pandillas o estructuras criminales al territorio nacional.
El Tribunal Sancionador de la Defensoría del Consumidor ordenó a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito de Profesionales en Administración de Empresas y Carreras Afines (Coaspae de R.L.) que devuelva a un grupo de 25 socios la cantidad de $462 mil 914.53, al considerar que la institución financiera ha cometido una falta grave al no permitirles retirar sus ahorros y sus depósitos a plazos fijos ya vencidos.
La resolución del Tribunal es de diciembre de 2025, pero varios de los afectados han sido notificados a lo largo del primer trimestre de 2026. Además, la devolución no se ha hecho aún efectiva porque COASPAE contrarrestó con una demanda ante un Juzgado de lo Cotencioso Administrativo, lo cual pone en pausa el proceso hasta que exista una sentencia definitiva.
Los 25 socios antes citados presentaron sus reclamos ante la Defensoría del Consumidor a finales de 2024, después que COASPAE se negara a devolverles el dinero que tenían en la institución. Durante el proceso de conciliación, según la resolución, la cooperativa no se presentó a dos citatorios, pero sí lo hizo en la fase sancionatoria, donde argumentó que la entidad tenía falta de liquidez y que por esa razón no podía reintegrar el dinero a los ahorrantes.
El Tribunal sostutvo que el argumento de COASPAE era insuficiente y determinó que la cooperativa había cometido una infracción grave, según el artículo 43 literal e de la Ley de Protección al Consumidor, que consiste en “No entregar los bienes o prestar los servicios en los términos contratados”.
La resolución dicta que debe devolver $462 mil 914.53 a los 25 socios afectados, más una multa de poco más de $200 mil que también debe ser repartida entre los socios.
A 10 años de prisión fue condenado Lucio Antonio Castellanos, por el delito de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.
La pena se la impuso el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador en un juicio sumario [proceso judicial corto] que definió la situación jurídica del imputado de forma ágil.
Fue capturado el 7 de noviembre de 2025, en la Avenida Isidro Menéndez y 10a. Calle Poniente, en San Salvador, tras una denuncia que recibió la Policía Nacional Civil (PNC), en la que se alertaba que un hombre se desplazaba a pie portando un arma de fuego en la cintura.
Los agentes verificaron que no portaba licencia, y además estaba ebrio, con 255 grados de alcohol.
Condenan a diez años de cárcel a hombre por tenencia ilegal de arma de fuego
