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Arturo Magaña asegura que recibió amenazas tras informar que asistiría el 9 febrero a la Asamblea Legislativa
El diputado del partido ARENA, Arturo Simeón Magaña, confirmó a medios de prensa que recibió amenazas de muerte por haber informado que asistiría al llamado que hizo el Consejo de Ministros a sesión plenaria del domingo 9 de febrero, con el objeto de aprobar 109 millones de dólares para el Plan Control Territorial.
Magaña, afirmó que en los próximos días acudirá a la Fiscalía General de la República (FGR) para interponer una denuncia al respecto y se inicie una investigación para esclarecer los hechos.
“Desde que dije que acudiría a la Asamblea Legislativa por el llamado que hizo el Ejecutivo, desde ese momento comencé a recibir mensajes en mi vivienda sobre que algo me podía pasar y se me hacía ver de que no viniera”, indicó.
“Las amenazas fueron en contra de mi vida. Se me dijo que no viera a ese evento”, afirmó el diputado tricolor por el departamento de Ahuachapán.
En ese sentido dijo que el sistema de seguridad del país se activo ese domingo por la aglomeración de personas que había en los alrededores de la Asamblea y que por ese motivo se generó el despliegue de soldados y policías, “había que dar seguridad a las personas que estaban dentro y fuera del recinto legislativo. Podría darse un atentado a fin de culpar al Presidente de la República, Nayib Bukele Ortez”, explicó.
“A mí me amenazaron de muerte. No se quienes fueron y quiero que se investigue al respecto porque recibí cartas y mensajes en mi vivienda. Yo temía por mi vida y era lógico que se nos diera seguridad a los que acudiríamos a esa sesión plenaria”, detalló.
Sobre la interpelación que se está haciendo al ministro de Defensa, Arturo Simeón Magaña dijo que es una “payasada que ha montado el FMLN y el partido ARENA, y que se diga bien… de que lo está diciendo un miembro del partido ARENA”, recalcó, al tiempo que dijo que el resultado de esta interpelación es nulo por haberle negado el uso de la palabra.
“Deberíamos de crear comisiones para investigar la permuta de las armas y de las plazas fantasmas que hay en la Asamblea Legislativa”, puntualizó el diputado tricolor.
Un vehículo decomisado por Inteligencia Policial con droga y armas de fuego, pasó al Estado, según una resolución que emitió el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador.
El automotor, propiedad de Marcelo Rolando Rivas Bonilla, fue incautado en la Avenida Cuba, del barrio San Jacinto, San Salvador, a German Stanley Martínez Aguilar, Héctor Geovanny Mayora Rosales y Jocelyn Rosario Arévalo Martínez.
Les decomisaron dos armas de fuego tipo micro UZI, calibre 9 milímetros, 453 porciones pequeñas y una porción grande de marihuana.
En la audiencia de sentencia, quedó establecido que el propietario del vehículo fue negligente al no cumplir con la debida diligencia que exige la ley y respaldarse con un contrato de arrendamiento, ya que cuatro días antes del hecho lo prestó a German Stanley Martínez Aguilar.
El extorsionista de la pandilla 18, Víctor Alejandro Valle Zelaya, fue condenado a 15 años de prisión por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
En la vista pública quedó establecido que entre enero del 2021 a marzo del 2022, junto a un grupo de pandilleros llegó al negocio de una víctima con régimen de protección en Apopa, para exigirle $125 mensuales a cambio de dejarlo trabajar y no asesinarlo junto a su familia.
Valle Zelaya, como miembro activo de la pandilla 18, las fuerzas de seguridad lo detuvieron en octubre de 2025 en el marco del régimen de excepción.
El caso comenzó a ser investigado luego que el comerciante interpusiera la denuncia ante las autoridades. Mencionó que fue coaccionado por el imputado y los demás terroristas para pagar la cuota de dinero mensual
En el fallo judicial se mencionó que la principal prueba y que resultó clave para emitir la sentencia condenatoria, fue el testimonio de la persona afectada. La víctima lo identificó plenamente ante el tribunal, dijo que fue uno de los chantajistas que llegaba a retirar el dinero y que lo mantenía amenazado a muerte, la colaboración del denunciante sirvió para emitir el veredicto condenatorio por extorsión agravada.
Penas de 25 a 45 años de cárcel fueron impuestas a 60 terroristas de la Mara Salvatrucha que delinquían en tres distritos del departamento de Cuscatlán.
En la audiencia única abierta, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador, los encontró responsables por el delito de agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía General de la República, acreditó que son integrantes de la clica Walter Locos Salvatruchos y determinó los rangos de cada uno de los pandilleros.
A Luis Alonso Díaz Fernández, alias Lunático, el juez lo sentenció a 45 años de prisión, el ministerio público probó que tenía el rango de encargado de base del programa Cuscatlán, una estructura superior de donde dependía la célula territorial Walter.
Esta agrupación tenía un perímetro de cobertura que comenzaba desde la entrada a Cojutepeque, próximo a Instituto Nacional Walter Thilo Deininger y se extendía hacia los distritos de Monte San Juan y Santa Cruz Michapa.
Al momento de emitir el fallo, el tribunal también condenó a 24 imputados a 30 años de prisión. Se detalló que 16 tenían el rango de homeboy, cinco el de chequeo y tres el de observación.
Otros 35 pandilleros con el rango de colaboradores activos recibieron 25 años de cárcel y deberán permanecer en diversos centros penales donde han permanecido desde que fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada.
Los representantes del ministerio público presentaron en la audiencia prueba que vinculó a los procesados a la Mara Salvatrucha y la participación en una serie de actividades delincuenciales que estuvieron ejecutando en la zona norponiente de Cojutepeque.
Esta estructura extorsionó y asesinó durante varios años, pero con la entrada en vigencia del régimen de excepción, las fuerzas de seguridad arrestaron a cada uno de sus miembros a través de las incursiones realizadas entre el 2022 y 2025.
Cuando los detuvieron fueron acusados en varios expedientes, pero tras la reforma a la Ley contra el Crimen Organizado, la Fiscalía General de la República los agrupó en un solo expediente para asignarles una causa y enjuiciarlos como estructura, solicitando al tribunal que les aplicara las penas máximas por el delito de agrupaciones ilícitas, por su pertenencia a la Mara Salvatrucha
