Nacionales
Anuncian cierre de Centro Escolar Católico San José de La Montaña, por problemas económicos
De forma sorpresiva las autoridades del Centro Escolar Católico San José de La Montaña, dio a conocer a los padres de familia que a partir del 2020 dejan de funcionar y que se debe a problemas económicos y que la iglesia católica no los puede solventar.
El anuncio fue dado a conocer este fin de semana por Mónica Tobar, directora de esa casa de estudio y en medio de una feria de logros.
El Centro Escolar Católico San José de La Montaña funciona desde 1992 y atiende desde primero a noveno grado, siendo en este momento su matrícula de 188 alumnos.
Hasta el momento se les ha comunicado a los padres de familia, que las instalaciones se van a utilizar para actividades religiosas, debido a que contiguo a ese centro escolar funciona el seminario San José de La Montaña, donde se forman los futuros sacerdotes.
A los padres de familia se les explicó que la institución ya no tiene capacidad para seguir con el mantenimiento y por lo cual deben cerrar operaciones el próximo año.
Sin embargo, los padres de familia cuestionaron que la información se les haya proporcionado un poco tarde y no tengan la oportunidad de matricular a sus hijos en otro colegio.
Luego de permanecer prófugo de la justicia durante más de 20 años, José Walter Cruz fue condenado a 35 años de prisión por su participación en un secuestro agravado ocurrido en octubre de 2001 en San Salvador.
De acuerdo con la Físcalia General de la República (FGR), la víctima transitaba por el redondel San Benito cuando fue interceptada por Cruz y otros sujetos, quienes utilizando armas de fuego la privaron de libertad.
Durante los 10 días que permaneció secuestrado, los captores exigieron a sus familiares una suma millonaria en efectivo a cambio de su liberación. Finalmente, la víctima logró recuperar su libertad.
Aunque el resto de los implicados ya habían sido procesados y condenados anteriormente por este mismo caso, Cruz logró evadir a las autoridades durante más de dos décadas, hasta que su captura se hizo efectiva en 2025.
El tribunal lo declaró culpable del delito de secuestro agravado y le impuso una pena de 35 años de cárcel.
Este viernes, la Policía Nacional Civil (PNC) en conjunto con la Fuerza Armada reportaron la captura de Cristian Ernesto Flores Sibrian, de 32 años de edad, por el delito de contrabando de mercadería.
Según reportó la policía, en la vivienda de Flores Sibrian encontraron seis cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo.
«Tras un registro de prevención de allanamiento girado por un juez de Santa Ana, encontramos en su vivienda 6 cajas con mercadería ilícita y dinero en efectivo», detallaron.
El hombre fue ubicado y capturado en el cantón San Jacinto, de Coatepeque, Santa Ana Este.
Principal
Estudiantes de la UES fortalecen los conocimientos sobre medicamentos seguros para la salud
El superintendente de regulación sanitaria, Noe Geovanni García, impartió a estudiantes de la Universidad de El Salvador (UES) la ponencia «Avances científicos en la administración de medicamentos seguros, eficaces y de calidad», un espacio que resalta la importancia de la investigación científica.
De acuerdo con el titular de la Superintendencia de Regulación Sanitaria (SRS), los avances científicos y la innovación en salud tienen un impacto directo en la vida de las personas, especialmente al permitir que más pacientes accedan a medicamentos seguros, eficaces y de calidad.
«Tuve el honor de compartir en la Universidad de El Salvador la ponencia en un espacio donde conversamos con estudiantes sobre la importancia de la investigación científica, los ensayos clínicos y el trabajo técnico y regulatorio que permiten que nuevos tratamientos lleguen de forma segura y oportuna a quienes más los necesitan», expresó.
Añadió que, como docente, considera fundamental continuar acercando estos temas a los futuros profesionales del país, con el objetivo de fortalecer el conocimiento sobre áreas que hoy tienen un impacto directo en la salud y el bienestar de la población.
«Agradezco a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador y a la Universidad de El Salvador por promover estos espacios de formación, reflexión e intercambio académico», concluyó.
