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Amplían el sistema de videovigilancia en Santa Ana
Con el objetivo de fortalecer el apoyo a la seguridad pública, la alcaldía de Santa Ana Centro inició la segunda fase del sistema de videovigilancia, que permitirá la ampliación de la cobertura.
La segunda fase incluye la instalación de más cámaras inteligentes en zonas que carecían del sistema, con las cuales los elementos del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) monitorean en tiempo real los sectores, lo que les permite dar respuesta inmediata ante cualquier acontecimiento.
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La primera fase consistió en la instalación de 120 cámaras, mientras que en la segunda fueron 50, con la proyección de cerrar el año con 200 en funcionamiento en todo el municipio.
«Hemos iniciado la fase II de ampliación de nuestro sistema de videovigilancia, que ayudará a prevenir el delito y a tener una reacción eficiente de nuestro Cuerpo de Agentes Municipales. La seguridad de los santanecos es nuestra prioridad», dijo el alcalde Gustavo Acevedo.
El funcionario destacó que, con la ayuda del sistema, la Policía Nacional Civil (PNC) ha logrado capturar a personas que han sido captadas por las cámaras mientras cometen diferentes delitos.
«Con nuestro sistema no solo se ha dado respuesta a diferentes delitos cometidos en el municipio, sino también a otras situaciones como accidentes de tránsito, faltas al reglamento de tránsito, daños a la propiedad municipal y privada; hemos podido sancionar a personas que tiran basura en lugares no adecuados», agregó el alcalde.
El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador, resolvió que Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián, sigan en la cárcel por administración fraudulenta de $1,304,455.48, en perjuicio de una sociedad dedicada al transporte de carga.
El primero era ejecutivo de clientes y el otro imputado fungía como contador, según la investigación fiscal las irregularidades fueron detectadas en los montos reportados en planillas y los efectivos pagados a los empleados, identificándose excedentes de dinero.
Hubo múltiples transferencias de fondos a favor de personas que no correspondían a empleados o proveedores. Entre las transferencias realizadas a favor de Carlos Ramírez se identificó un monto de $364,599.08 en el 2023, mientras que a favor de Cristian González fueron $82,779.69 en 2025.
Manuel de Jesús Paredes Rivera fue condenado a 50 años de cárcel por asesinar a una mujer en el barrio El Calvario, de Cojutepeque, departamento de Cuscatlán.
La condena se la impuso el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador al calificar el hecho como un feminicidio agravado.
El crimen ocurrió en febrero de 2025, cuando el cuerpo de la víctima fue encontrado con múltiples lesiones, un día antes testigos informaron a las autoridades que el imputado había agredido a la mujer.
Mencionaron que había forcejeado con ella cuando llegó a ingerir bebidas alcohólicas, tras el altercado se fueron del lugar y no volvieron. La autopsia determinó que había sido asfixiada y que además tenía un golpe en la cabeza.
El informe forense detalló que el cuerpo de la víctima tenía lesiones al intentar defenderse, en una mano descubrieron ADN que coincidía con el de Paredes Rivera. Hubo además testigos quienes declararon sobre lo ocurrido.
El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador, procesó en audiencia única abierta a 40 terroristas de seis estructuras territoriales de la facción sureña de la pandilla 18, que por años estuvo delinquiendo en la zona sur de San Salvador.
Según la acusación dependían de un mando criminal arraigado en San Marcos y que se extendió hasta varias colonias de Santiago Texacuangos, delinquían en las colonias San Rafael, El Tránsito, Santa Isabel y otras.
La Fiscalía General de la República acusa a todos los pandilleros por el delito de agrupaciones ilícitas por ser miembros activos de esa estructura.
Al exponer los alegatos iniciales, el ministerio público solicitó al tribunal que les aplique la reformada Ley Especial contra el Crimen Organizado que ordena imponer 30 años de cárcel a los integrantes de pandillas.
Todos fueron detenidos en el marco del régimen de excepción que comenzó en El Salvador, el 27 de marzo de 2022, la medida especial permitió a las fuerzas de seguridad incursionar en cantones, barrios y colonias para detener a los pandilleros. Los 40 mareros fueron agrupados en un expediente único y a partir de esta audiencia el proceso queda abierto durante los próximos 24 meses, hasta que sean enjuiciados todos los terroristas incluidos en esta causa penal.
