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Alcalde de Caluco afirma que fue víctima de secuestro por concejales de la comuna “Yo estaba secuestrado ahí, no me querían dejar salir”
El alcalde del municipio de Caluco, en Sonsonate, Nelson Cornejo Sibrián, denunció que fue víctima de un “secuestro” dentro de las instalaciones de la comuna, previo a una reunión donde se iban a discutir proyectos para las comunidades.
De acuerdo con el edil, lo que sucedió es que estaba el sábado por la mañana en su oficina trabajando previo a una reunión que tenía a eso de las nueve de la mañana, cuando una persona le puso llave a la puerta y no lo dejaron salir.
“Yo tenía una reunión para las nueve de la mañana… cinco minutos para las nueve me vinieron a cerrar la puerta y ahí me han tenido toda la mañana y no me han dejado salir. Yo estaba secuestrado ahí, no me querían dejar salir.”, dijo el alcalde a un grupo de ciudadanos.
De acuerdo con el edil, hay problemas con el Concejo Plural porque, dijo, se oponen a una serie de proyectos que está impulsado en favor de varias comunidades de la zona, uno de ellos es que puedan tener agua potable.
“Se nos ocurrió decirles (a las personas con las que tenía la reunión) que se vinieran para acá (a la oficina donde estaba encerrado), pero lo que hicieron (el concejo) fue que se fueron. El problema es que ahora yo iba a llevar a la mesa del concejo 12 proyectos que iban en beneficio de las comunidades… eso es lo que no quieren y a lo que le tienen miedo”, explicó el alcalde.
Cornejo Sibrián arremetió contra los integrantes del concejo que se oponen a los proyectos y los tildó de “mediocres”.
“Es penoso, vergonzoso que en pleno siglo XXI todavía haya gente mediocre que piense de esa manera, que creyendo afectar a un individuo, persona o alcalde… no se ponen a pensar que están afectado a un pueblo”, agregó.
También detalló que por la falta de acuerdo entre los concejales se han perdido $100,000 que estaban destinados como fondos de cooperación provenientes de Japón.
“Este día se fueron $100,000 que teníamos en las cuentas de la Alcaldía para Japón porque no quieren aprobarnos la contra partida del proyecto. Vamos a tener que empezar los trámites para devolver el dinero porque ya no hay tiempo y Japón ya no espera más”, añadió.
Por el “secuestro”, el edil dijo que el lunes acudirá a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer la denuncia contra los implicados.
“… que si yo salía me iban a ‘cachimbiar’, no me iban a dejar ir, no querían que fuera donde estaban ustedes”, dijo.
Elementos de la Fuerza Armada ubicaron a un menor de 16 años durante un patrullaje preventivo realizado en la urbanización Tikal Norte, en Apopa.
De acuerdo con el informe de los militares, en el teléfono del adolescente fueron encontrados videos que presuntamente lo vinculan con la estructura criminal 18 Revolucionarios.
Tras el procedimiento, el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, destacó la labor de los efectivos y reiteró el llamado a los jóvenes para que se alejen de las pandillas.
“Cualquier intento de seguir el camino de las pandillas tendrá consecuencias. No permitiremos que se repitan las conductas que tanto daño causaron en el pasado”, expresó el funcionario.
El Tribunal contra el Crimen Organizado recibió la acusación presentada por la Fiscalía General de la República contra 563 pandilleros del Barrio 18, a quienes se les vincula con 14,488 delitos cometidos entre 2012 y 2022.
Los imputados son señalados por delitos como rebelión, pertenencia a estructura criminal, homicidio agravado, extorsión agravada, tráfico ilícito y actos de terrorismo. De acuerdo con la Fiscalía, 275 de los acusados pertenecen a la fracción sureña y 288 a la fracción revolucionaria.
Según el fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, a los cabecillas se les atribuyen los delitos de pertenecer a una estructura criminal y rebelión, por presuntamente intentar imponer un Estado criminal, además de estar vinculados a otros 269 casos.
La Fiscalía detalló que entre los hechos que se les imputan figura la masacre de 11 trabajadores en San Juan Opico y otra masacre ocurrida en el centro penal de Quezaltepeque.
Asimismo, se les atribuyen ocho casos de terrorismo cometidos en 2015, entre ellos atentados contra la delegación policial de Quezaltepeque y contra el Centro Judicial Isidro Menéndez, hecho en el que murió un agente de seguridad.
Entre los casos señalados también se encuentran atentados con explosivos contra el Ministerio de Seguridad y Justicia y contra una sede de la Fiscalía General de la República en Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, entre los imputados figuran presuntos miembros históricos de esa estructura criminal, entre ellos César Daniel Renderos Díaz, alias “Muerto de las Palmas”, y Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”, identificados como fundadores de las facciones revolucionaria y sureña, respectivamente.
La prueba pericial reveló el grado de violencia extrema al que la víctima fue sometida por su padre.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a 50 años de prisión a Roberto Martínez Guzmán por el homicidio agravado de su hijo de cinco meses.
Los hechos ocurrieron en la vivienda de la familia de la víctima, ubicada en el cantón y calle Palo Grande, en el distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur.
Según la información acreditada en el juicio, la víctima nació de forma prematura y con condiciones críticas de salud. Tras permanecer un tiempo hospitalizado, recibió el alta médica el 26 de septiembre de 2024. El personal médico instruyó a los padres para llevar al recién nacido al Hospital Nacional Saldaña para sus controles de seguimiento y mantener cuidados especiales en el hogar, indicaciones que no fueron atendidas.
De acuerdo con las investigaciones, las agresiones ocurrieron luego de que la madre se ausentara de la vivienda durante un día y dejara a su hijo bajo el cuidado de Martínez Guzmán. Horas más tarde, el procesado se comunicó con ella para informarle que el menor tenía la cabeza inflamada. Al regresar a la casa, la mujer trasladó a su hijo de inmediato a un centro médico.
En la Unidad de Salud de Rosario de Mora, el personal médico detectó que la víctima presentaba, entre otros signos, abombamiento de la fontanela (mollera), una fractura en el brazo izquierdo y un shock hipovolémico. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado de urgencia al Hospital Nacional Saldaña, donde falleció el 20 de noviembre de 2024.
El peritaje médico-legal confirmó que la causa de muerte se debió a múltiples complicaciones derivadas de agresiones físicas, entre ellas hemorragias cerebrales, hematomas internos y externos, así como traumatismos craneoencefálicos contusos. Tras determinarse que la víctima estaba bajo la custodia del padre, las autoridades procedieron con la captura de Roberto Martínez Guzmán.
En su fallo, el juez a cargo del caso concluyó que el maltrato físico sufrido por la víctima inició meses antes de su muerte y fue cometido inequívocamente por Roberto Martínez Guzmán en calidad de autor directo. Asimismo, estableció que los hechos fueron ejecutados con alevosía, mediante el uso de violencia extrema y abuso de superioridad, aprovechando la vulnerabilidad y las condiciones de salud del menor.
