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Alcalde de Caluco afirma que fue víctima de secuestro por concejales de la comuna “Yo estaba secuestrado ahí, no me querían dejar salir”
El alcalde del municipio de Caluco, en Sonsonate, Nelson Cornejo Sibrián, denunció que fue víctima de un “secuestro” dentro de las instalaciones de la comuna, previo a una reunión donde se iban a discutir proyectos para las comunidades.
De acuerdo con el edil, lo que sucedió es que estaba el sábado por la mañana en su oficina trabajando previo a una reunión que tenía a eso de las nueve de la mañana, cuando una persona le puso llave a la puerta y no lo dejaron salir.
“Yo tenía una reunión para las nueve de la mañana… cinco minutos para las nueve me vinieron a cerrar la puerta y ahí me han tenido toda la mañana y no me han dejado salir. Yo estaba secuestrado ahí, no me querían dejar salir.”, dijo el alcalde a un grupo de ciudadanos.
De acuerdo con el edil, hay problemas con el Concejo Plural porque, dijo, se oponen a una serie de proyectos que está impulsado en favor de varias comunidades de la zona, uno de ellos es que puedan tener agua potable.
“Se nos ocurrió decirles (a las personas con las que tenía la reunión) que se vinieran para acá (a la oficina donde estaba encerrado), pero lo que hicieron (el concejo) fue que se fueron. El problema es que ahora yo iba a llevar a la mesa del concejo 12 proyectos que iban en beneficio de las comunidades… eso es lo que no quieren y a lo que le tienen miedo”, explicó el alcalde.
Cornejo Sibrián arremetió contra los integrantes del concejo que se oponen a los proyectos y los tildó de “mediocres”.
“Es penoso, vergonzoso que en pleno siglo XXI todavía haya gente mediocre que piense de esa manera, que creyendo afectar a un individuo, persona o alcalde… no se ponen a pensar que están afectado a un pueblo”, agregó.
También detalló que por la falta de acuerdo entre los concejales se han perdido $100,000 que estaban destinados como fondos de cooperación provenientes de Japón.
“Este día se fueron $100,000 que teníamos en las cuentas de la Alcaldía para Japón porque no quieren aprobarnos la contra partida del proyecto. Vamos a tener que empezar los trámites para devolver el dinero porque ya no hay tiempo y Japón ya no espera más”, añadió.
Por el “secuestro”, el edil dijo que el lunes acudirá a las oficinas de la Fiscalía General de la República (FGR) a interponer la denuncia contra los implicados.
“… que si yo salía me iban a ‘cachimbiar’, no me iban a dejar ir, no querían que fuera donde estaban ustedes”, dijo.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
