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Abogado penalista: “No existe persona más hipócrita y con doble moral que el exmagistrado Carlos Sánchez, aplica justicia selectiva y a conveniencia”
La frase “justicia selectiva”, ha sido bien aplicada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Ernesto Sánchez Escobar, quien ahora a su conveniencia afirma que las resoluciones internacionales sí son de obligatorio cumplimiento, pero hay una razón de interés por medio, ya que, busca que el sistema de justicia interamericano emita un fallo a su favor para volver a la Sala de lo Constitucional, de la que fue removido el 1 de mayo.
Tras la publicación en el Diario de Hoy, la reacción no se hizo esperar por parte de los abogados penalistas en el país. Uno de ellos que habló bajo condición de anonimato, dijo que las afirmaciones del exmagistrado son “hipócritas y de doble moral”, y agregó que “no existe persona más hipócrita y de doble moral que el exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez”.
Sánchez Escobar fue destituido el pasado 1 de mayo como magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, junto a otros funcionarios, acusado por la nueva Asamblea Legislativa de aplicar justicia de manera selectiva y obstaculizar con sus fallos el trabajo del Gobierno particularmente del Ministerio de Salud durante la pandemia y, además, por responder a intereses políticos y partidarios.
La Cámara Primera de lo Penal, de la que Carlos Sánchez fue miembro, anuló la orden de captura en contra del hermano de Sigfrido Reyes, Earle René Reyes Morales, por considerar que no fue debidamente notificado del proceso en su contra.
También, liberó al primo de la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y quien es vinculado a un caso de lavado de dinero. Fue beneficiado con el arresto en casa mientras el proceso en su contra seguía ventilándose.
Esa misma cámara en la que administró justicia Carlos Sánchez, también anuló la orden de captura contra Norman Quijano y dejó sin efecto la orden de arresto contra el empresario Adán Salazar Umaña, a quien la Fiscalía acusa de lavado de dinero por medio de unas 30 empresas.
El año pasado, la cámara de Carlos Sánchez rechazó juzgar al exdiputado Roberto Silva Pereira argumentando que éste ya no era funcionario. Silva Pereira es acusado de sobornar alcaldes para obtener fondos públicos e introducir al sistema financiero $14 millones ilegales.
Esa misma cámara autorizó este año que el diputado de ARENA, Arturo Magaña, conciliara con las víctimas de un aparatoso accidente que él causó. En este caso hubo un muerto.
Pero ahora, el exmagistrado Carlos Sánchez quiere aplicar la justicia a su beneficio dice el abogado penalista, cuando en el pasado desmeritó resoluciones internacionales, tal es el caso del empresario Enrique Rais, a inicio de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó en su página oficial un dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) , en el que se indicaba que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la FGR en contra del empresario Enrique Rais son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El GTDA es el único órgano del sistema internacional de derechos humanos al que la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han confiado el mandato específico de recibir y examinar casos de privación arbitraria de la libertad. A este título el GTDA ha interpretado y aplicado las normas. Es jurídicas internacionales sobre privación de libertad promulgadas a nivel nacional, regional e internacional desde 1991.
Pero como acudir a instancias internacionales, se ha vuelto de interés para el exmagistrado Sánchez Escobar, ahora con toda contundencia afirma que los tratados internaciones son de obligatorio cumplimiento. En la entrevista concedida a El Diario de Hoy, asegura que acudirá al sistema de justicia interamericano, por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial ejecutadas por el Gobierno “Afecta normas constitucionales y la independencia de los jueces. Hay un vicio de origen, una tara, una herida de muerte en este decreto por ser violatorio de la Constitución. Vamos a proceder tanto internamente como externamente porque no puede haber jueces a la carta”, expresó el exmagistrado. Por: @lanoticiasv
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a cinco años de prisión a Ernesto Bladimir Franco Rodríguez y Luis Alberto Franco Rodríguez por el delito de lesiones muy graves en perjuicio de un hombre.
De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2025 en el distrito de El Paisnal, municipio de San Salvador Norte, cuando la víctima fue citada por una mujer para departir en una zona apartada.
Al llegar al lugar, el hombre fue interceptado por los condenados, quienes lo atacaron con armas blancas, causándole diversas lesiones de gravedad. La víctima logró escapar y posteriormente interpuso la denuncia ante la Policía Nacional Civil (PNC).
Las investigaciones desarrolladas por las autoridades permitieron identificar, capturar y procesar judicialmente a los imputados.
En otro caso, el pandillero de la MS, Rafael Enrique Álvarez fue condenado a ocho años de prisión por lesionar con un arma blanca a un hombre en San Alejo, La Unión.
El hecho ocurrió, aproximadamente, a las 5 de la tarde del 12 de diciembre de 2021, cuando la víctima estaba viendo un encuentro deportivo en la cancha de fútbol del cantón Santa Cruz, del distrito de San Alejo, en La Unión.
Según la acusación fiscal, el procesado llegó hasta donde estaba la víctima y lo hirió con un machete en el codo izquierdo. Tras la agresión, la víctima corrió y fue alcanzada por el procesado y dos pandilleros más.
La alcaldía de San Salvador Centro informó que más de 250 estructuras fueron desmontadas como parte de la fase 6, Etapa 2 del reordenamiento y recuperación de espacios públicos.
Los puntos intervenidos fueron la primera calle poniente, 11a y 7a avenida Norte, avenida Peralta, la décima avenida San Jacinto, así como la calle San Juan y estación Fenadesal.
De acuerdo con el alcalde capitalino, Mario Durán, más de 800 empleados municipales participaron en jornadas de limpieza y desmontaje estructuras improvisadas utilizadas para el comercio informal.
«Ha sido un trabajo titánico. Estamos en una etapa bastante avanzada. El uso de las calles y aceras es para las personas y las familias y no para el comercio, debemos mantener el orden», dijo el funcionario en conferencia de prensa.
La alcaldía señala que este es un esfuerzo articulado entre comerciantes por cuenta propia y equipos municipales que durante días trabajaron para seguir avanzando en la revitalización del Centro Histórico de San Salvador.
«Agradezco a los equipos operativos quienes trabajaron arduamente por este importante proyecto; a los comerciantes por cuenta propia y a todos los salvadoreños que se suman por recuperar el corazón de El Salvador», añadió.
La comisión de infraestructura y desarrollo territorial emitió dictamen a favor de legalizar los terrenos donde residen 174 familias de la comunidad 2 de Noviembre, en el distrito de Tonacatepeque, en San Salvador Este.
El grupo de legisladores recomienda al pleno reformar la Ley especial para la legalización de las calles, tramos declarados en desuso y afectados como de uso público para ser transferidas en propiedad, a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo), a las familias de escasos recursos económicos que las habitan.
El propósito es que la comunidad en mención se agregue a los 14 asentamientos beneficiados con dicha normativa, que fue creada en junio de 2019.
La iniciativa de apoyar a las familias de Tonacatepeque proviene del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, la cual fue ingresada en la sesión plenaria ordinaria 109.
Para estudiar la propuesta, la comisión de infraestructura recibió a representantes de la comunidad, quienes explicaron su situación y lo que significaría reformar la ley.
«La comunidad estuvo desamparada. Entre el 2000 al 2001 llegamos a esas tierras, y todos somos de escasos recursos económicos.
Hoy estamos viendo que las cosas van a mejorar», expresó la presidenta de la directiva de la comunidad 2 de Noviembre, Marielos Cruz.
