Nacionales
Abogado penalista: “No existe persona más hipócrita y con doble moral que el exmagistrado Carlos Sánchez, aplica justicia selectiva y a conveniencia”
La frase “justicia selectiva”, ha sido bien aplicada por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Ernesto Sánchez Escobar, quien ahora a su conveniencia afirma que las resoluciones internacionales sí son de obligatorio cumplimiento, pero hay una razón de interés por medio, ya que, busca que el sistema de justicia interamericano emita un fallo a su favor para volver a la Sala de lo Constitucional, de la que fue removido el 1 de mayo.
Tras la publicación en el Diario de Hoy, la reacción no se hizo esperar por parte de los abogados penalistas en el país. Uno de ellos que habló bajo condición de anonimato, dijo que las afirmaciones del exmagistrado son “hipócritas y de doble moral”, y agregó que “no existe persona más hipócrita y de doble moral que el exmagistrado Carlos Ernesto Sánchez”.
Sánchez Escobar fue destituido el pasado 1 de mayo como magistrado de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, junto a otros funcionarios, acusado por la nueva Asamblea Legislativa de aplicar justicia de manera selectiva y obstaculizar con sus fallos el trabajo del Gobierno particularmente del Ministerio de Salud durante la pandemia y, además, por responder a intereses políticos y partidarios.
La Cámara Primera de lo Penal, de la que Carlos Sánchez fue miembro, anuló la orden de captura en contra del hermano de Sigfrido Reyes, Earle René Reyes Morales, por considerar que no fue debidamente notificado del proceso en su contra.
También, liberó al primo de la exprimera Dama de la República, Ana Ligia de Saca y quien es vinculado a un caso de lavado de dinero. Fue beneficiado con el arresto en casa mientras el proceso en su contra seguía ventilándose.
Esa misma cámara en la que administró justicia Carlos Sánchez, también anuló la orden de captura contra Norman Quijano y dejó sin efecto la orden de arresto contra el empresario Adán Salazar Umaña, a quien la Fiscalía acusa de lavado de dinero por medio de unas 30 empresas.
El año pasado, la cámara de Carlos Sánchez rechazó juzgar al exdiputado Roberto Silva Pereira argumentando que éste ya no era funcionario. Silva Pereira es acusado de sobornar alcaldes para obtener fondos públicos e introducir al sistema financiero $14 millones ilegales.
Esa misma cámara autorizó este año que el diputado de ARENA, Arturo Magaña, conciliara con las víctimas de un aparatoso accidente que él causó. En este caso hubo un muerto.
Pero ahora, el exmagistrado Carlos Sánchez quiere aplicar la justicia a su beneficio dice el abogado penalista, cuando en el pasado desmeritó resoluciones internacionales, tal es el caso del empresario Enrique Rais, a inicio de este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), publicó en su página oficial un dictamen emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA) , en el que se indicaba que las órdenes de detención emitidas por las autoridades judiciales de El Salvador y la persecución penal promovida por la FGR en contra del empresario Enrique Rais son arbitrarias por violentar disposiciones contenidas en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El GTDA es el único órgano del sistema internacional de derechos humanos al que la antigua Comisión de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas han confiado el mandato específico de recibir y examinar casos de privación arbitraria de la libertad. A este título el GTDA ha interpretado y aplicado las normas. Es jurídicas internacionales sobre privación de libertad promulgadas a nivel nacional, regional e internacional desde 1991.
Pero como acudir a instancias internacionales, se ha vuelto de interés para el exmagistrado Sánchez Escobar, ahora con toda contundencia afirma que los tratados internaciones son de obligatorio cumplimiento. En la entrevista concedida a El Diario de Hoy, asegura que acudirá al sistema de justicia interamericano, por las reformas a la Ley de la Carrera Judicial ejecutadas por el Gobierno “Afecta normas constitucionales y la independencia de los jueces. Hay un vicio de origen, una tara, una herida de muerte en este decreto por ser violatorio de la Constitución. Vamos a proceder tanto internamente como externamente porque no puede haber jueces a la carta”, expresó el exmagistrado. Por: @lanoticiasv
Nacionales
Sepultan a Junior Serrano, el futbolista de Quezaltepeque abandonado en una cuneta tras un accidente de moto
Nacionales
Soyapango: vendedores dejan las calles antes del 20 de septiembre; arranca la fase 1 del reordenamiento
La Alcaldía de San Salvador Este informó que comerciantes informales siguen retirando sus puestos de las calles de Soyapango. Lo presenta como desalojo voluntario, primer paso de la revitalización de calles, aceras y espacios públicos. La fase 1 empieza el 20 de septiembre y cubre Calle Roosevelt, 2.ª Calle Oriente, avenida Cuba y los sectores frente a Walmart, Plaza Mundo y la Central de Abastos. En anuncios previos la comuna también incluyó avenida Rosario Sur y el bulevar del Ejército.
El plazo no nació ayer. Los vendedores recibieron notificaciones a inicios de septiembre: fecha límite, el 20. Varios dijeron a La Prensa Gráfica que no se oponen al orden, pero pidieron quedarse hasta diciembre para aprovechar las ventas de fin de año y pagar deudas. El concejal Cayetano Cruz (FMLN) habló de unas 450 familias afectadas y de alternativas poco claras. La alcaldía ha mencionado reubicación en el ex IRA de San Martín y en locales de Soyapango; los comerciantes insisten en que, al notificarlos, no les entregaron un puesto concreto.
Esto ya se ensayó. En junio la comuna retiró 33 puestos de la 8.ª avenida Norte y habló de espacios vacíos en el mercado central; parte de los afectados denunció que el nuevo sitio había que acondicionarlo con su propio dinero. El mismo tipo de reordenamiento se aplicó en los alrededores del Mercado Central de San Salvador Centro. Recuperar aceras es la tesis oficial: peatones y carros sin obstáculo. El otro lado es el ingreso diario de quien lleva años —a veces décadas— vendiendo en la vía pública.
Desde las 10:00 p. m. de este sábado 19 hasta las 6:00 a. m. del domingo 20 hay circulación controlada en 4.ª Avenida Sur (Cuba), 2.ª Calle Oriente, Franklin Roosevelt Oriente y 6.ª Avenida Norte. Quien circule por Soyapango debe buscar ruta alterna. El debate no se acaba el domingo: calles despejadas contra sustento informal. El dato que falta, y que van a exigir los vendedores, es dónde van a trabajar el lunes.
Judicial
Condenan a 10 años por estafa agravada en San Miguel: cobró $3,000 por dos Toyotas de EE. UU. y desapareció
El Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel condenó a diez años de prisión a José Ricardo Bado Rodríguez por estafa agravada contra dos hombres a los que prometió traer vehículos desde Estados Unidos. El fallo, informado por la Fiscalía y el centro judicial, se dictó en rebeldía: el procesado no compareció y hay orden de captura vigente para que cumpla la pena.
El modus operandi fue telefónico. Bado Rodríguez se presentó como importador, pidió $1,500 de anticipo a cada víctima —$3,000 en total— y se comprometió a exportar dos Toyota, años 2006 y 2012, con entrega aproximada en agosto de 2019. El dinero se lo entregaron el 2 y el 3 de mayo de ese año. Después cortó el contacto. Las víctimas denunciaron el 28 de agosto de 2019, cuando no hubo ni carros ni respuesta.
Entre la denuncia y la condena pasaron siete años. Eso no anula el delito: el tribunal valoró las pruebas en vista pública y calificó los hechos como estafa agravada, no como un simple incumplimiento comercial. En El Salvador este esquema —anticipo por un “carro de afuera” que nunca llega— se repite. La diferencia, en este caso, es que el expediente llegó a sentencia firme y a una pena de una década.
Mientras Bado Rodríguez no sea detenido, la condena queda en papel. La orden de captura sigue activa. Quien pague adelantos por importaciones debería exigir contrato, datos fiscales y rastro del trámite aduanal; sin eso, el riesgo no es solo perder $1,500: es entrar en un proceso que, como este, puede tardar años.
