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Enjuiciar a mareros como estructuras garantizará que no queden en libertad
La Ley contra el Crimen Organizado se ha convertido en la principal herramienta legal que golpea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los preceptos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).
La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer condenas de 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Control Territorial, denominada Extracción.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancionadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.
Pero el congreso, a petición del Ejecutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.
«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.
«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacionalmente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.
La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabecillas eran esos autores mediatos, que estaban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.
«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.
Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y homeboys.
Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.
De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.
Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pandilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada expediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están incluidos los más de 71,700 detenidos en el régimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.
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Tome nota: VMT anuncia cierres en carretera al Puerto de La Libertad
El Viceministerio de Transporte (VMT) informó que se realizarán cierres totales y parciales en la carretera al Puerto de La Libertad debido a los trabajos de instalación de una pasarela en el sector de Tuscania.
De acuerdo con las autoridades, el cierre total de la vía se efectuará de 2:00 a.m. a 3:00 a.m. los días martes 23 y miércoles 24 de junio. Ante esta medida, se recomendó a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación para evitar contratiempos.
Asimismo, se llevarán a cabo cierres parciales de un carril en distintos horarios. En el sentido hacia la carretera al Puerto de La Libertad, la restricción estará vigente desde las 10:00 p.m. del lunes 22 de junio hasta las 2:00 a.m. del martes 23, y posteriormente de 3:00 a.m. a 5:00 a.m. de ese mismo día.
En sentido hacia Santa Tecla, el cierre de un carril se aplicará desde las 10:00 p.m. del martes 23 de junio hasta las 5:00 a.m. del miércoles 24, así como entre las 3:00 a.m. y las 5:00 a.m. de esa misma fecha.
El VMT exhortó a los automovilistas a atender la señalización y seguir las indicaciones del personal desplegado en la zona mientras se desarrollan los trabajos de instalación de la pasarela.
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PNC captura a sujeto que amenazó de muerte a su compañera de vida con un arma de fuego
La Policía Nacional Civil (PNC) informó sobre la captura de Fredy Gualberto Ortiz, de 38 años de edad, señalado de amenazar de muerte con una pistola a su compañera de vida.
Según detalló la institución, el hecho ocurrió en la calle principal del cantón El Carrizal, distrito de Rosario de Mora, San Salvador Sur, donde el hombre, quien se encontraba en estado de ebriedad, inició una discusión con la mujer y posteriormente la amenazó.
La PNC indicó que al realizarle la prueba de alcotest, Ortiz obtuvo un resultado de 159 grados de alcohol.
El detenido será remitido por los delitos de amenazas con agravación especial y portación y conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Además, las autoridades informaron que se le decomisó el arma utilizada en el hecho.
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Motociclista lesionado tras chocar contra un microbús en la Troncal del Norte
Un motociclista quedó inconsciente tras verse involucrado en un fuerte accidente de tránsito contra un microbús cuando circulaba sobre el kilómetro 11 de la carretera Troncal del Norte.
De acuerdo con información preliminar, el conductor de la motocicleta se estrelló contra la unidad de transporte en dicho sector.
Testigos del percance confirmaron preliminarmente que el motociclista aún presenta signos vitales pese a la gravedad del impacto.
Debido al accidente, el tráfico en la zona se encuentra restringido mientras las autoridades realizan la inspección policial correspondiente para deducir responsabilidades.




