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Enjuiciar a mareros como estructuras garantizará que no queden en libertad
La Ley contra el Crimen Organizado se ha convertido en la principal herramienta legal que golpea drásticamente a las pandillas como estructuras terroristas y que aborda el fenómeno bajo los preceptos de elevadas penas para más de 1,100 cabecillas detenidos y economía procesal (enjuiciarlos en grupos de hasta 900).
La reciente reforma de la normativa especial ordena a los jueces imponer condenas de 60 años de cárcel a los cabecillas de las pandillas que, según el análisis del Gabinete de Seguridad, están en una modalidad de «sobrevivencia» luego de la implementación de la fase V del Plan Control Territorial, denominada Extracción.
El 30 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó reformas para que las agrupaciones ilícitas fueran sancionadas con prisión de 20 a 45 años para integrantes y cabecillas de pandillas.
Pero el congreso, a petición del Ejecutivo, modificó la Ley contra el Crimen Organizado para aumentar en un tercio la pena máxima para los cabecillas de las pandillas y elevarla de 45 a 60 años.
«En la solicitud de reformas de la Ley de Crimen Organizado lo que se hace es traerse un poco de la materia sustantiva que define ya el Código Penal, la autoría mediata», argumentó el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El término de la autoría mediata no es más que sancionar con elevada pena a los cabecillas de los grupos terroristas por servirse de los integrantes de las pandillas para ejecutar hechos delictivos.
«La autoría mediata es un fenómeno que nace y que se conoce internacionalmente como el hombre de atrás, es decir aquel que da la orden, que dice “maten”, pero no aparece en la escena del delito», explicó Villatoro.
La Fiscalía, en los procesos penales, debe probar que los más de 1,100 cabecillas eran esos autores mediatos, que estaban dando las órdenes de cometer una serie de hechos delictivos.
«Que es lo que nosotros decimos en esta reforma. Como hay autoría mediata y esta organización criminal está demostrado que desde las 15 sillas se definía y luego iba bajando, bajando hasta llegar al territorio, o la organización clica o cancha que era la que ejecutaba la orden desde arriba», agregó el ministro.
Según el funcionario, con las reformas se golpea toda esta línea de mando desde la ranfla, corredores de programa, corredores de clica, palabreros y homeboys.
Desde que se instauró el régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, más de 71,700 pandilleros y colaboradores han sido detenidos; entre ellos, más de 1,100 cabecillas y 11 de las 15 sillas (jefes) de la denominada ranfla que estaba en libertad ordenando delitos.
De todos los capturados durante el régimen de excepción, 12,500 están recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que la ranfla histórica sigue en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca. Ese penal no ha perdido su nivel, dijo el ministro Villatoro.
Una medida transitoria con vigencia de dos años permitirá que los tribunales contra el crimen organizado procesen a los pandilleros de forma grupal, hasta con 900 integrantes en cada expediente en casos abordados como una estructura por el delito de agrupaciones ilícitas.
Los jueces ya no entrarán a conocer 3,137 expedientes en los que están incluidos los más de 71,700 detenidos en el régimen de excepción, sino que estarían diligenciando no más de 100 procesos.
Con el fin de prevenir vulneraciones contra la niñez en el caso de las redes sociales, el internet y los juegos en línea, el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina) apuesta por la alfabetización digital a escala nacional, por lo que en 2023 comenzó un programa que se encarga de velar por la salud mental de los niños y adolescentes.
Los menores reciben información sobre el manejo de la información que encuentran en estas plataformas, específicamente en las redes sociales.
«Estamos trabajando no solamente como se hacía antes, que eran medidas reactivas, hasta que sucedía la vulneración. La ley Crecer Juntos tiene un enfoque preventivo y obviamente reacciona ante las vulneraciones, por lo que estamos trabajando en los dos aspectos. Como Conapina somos un ente rector de la protección de la niñez y adolescencia y en el dictado de políticas en la materia. Estamos trabajando en un proceso de alfabetización digital», dijo la directora del Conapina, Linda Amaya.
Asimismo, informó que se desarrolla en diferentes etapas: la primera es formar al personal del consejo, como ente rector, a psicólogos, trabajadores sociales y abogados que conforman las juntas de protección para replicar la información, y luego reconocer cuando existe vulneración de los derechos.
En una segunda etapa, las capacitaciones se extienden a los padres de familia, los educadores y las empresas que proporcionan el servicio de internet a través de los controles parentales.
«Lo que nosotros hacemos en el área preventiva es enseñar. Primero, nos estamos formando nosotros; luego, a los educadores; posteriormente, tenemos que trabajar para que estos educadores en los espacios correspondientes, a través del Ministerio de Educación [Mined], formen a los padres de familia en sus escuelas de padres y en otros espacios que ellos mismos generan y, luego, con nuestros niños y adolescentes», señaló la funcionaria.
En coordinación con el Mined, el personal del Conapina ha capacitado a niños, adolescentes y maestros de diferentes colegios, escuelas e institutos, tanto públicos como privados, sobre la importancia y los riesgos del uso de las tecnologías. «Hemos alcanzado para la formación interna a la mayoría de nuestro personal, se está diseñando el plan para que en coordinación con el ministerio podamos entrar de lleno este año en todos los centros. El año pasado se capacitó a un promedio de 350 niños», explicó Amaya.
Destacó que también trabajan con la Fiscalía General de la República (FGR), ya que tienen la conducción de las investigaciones en este tipo de hechos, cuando ya se convierte en un hecho delictivo. Además, buscan prevenir el «ciberbullying», no solamente se trata del acoso o la mala información que puedan recibir, sino todas aquellas vulneraciones que ponen en riesgo a la niñez. «Es importante destacar que la línea 119 está habilitada para todas las personas. La ley nos permite que podamos actuar de oficio o por el aviso de una persona. Hemos recibido una serie de denuncias, sobre todo porque este tipo de delitos o acosos lo sufren nuestros niños y adolescentes y tienen temor de externárselo a un adulto», reiteró Amaya.
En su cuenta de X el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, confirmó que se realizaron allanamientos en las viviendas de dos peligrosos asaltantes que ingresaron a negocios de Santa Ana, cuyos atracos quedaron registrados en cámaras de seguridad.
En operativo realizado este sábado se logró la captura de Melvin Alexander Orellana Argumedo y de Jaime Peñate Peñate, ambos son exagentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que operaban en el occidente del país.
“Como parte del seguimiento a la captura de esos dos rateros que se dedicaban a asaltar en Santa Ana, nuestra Policía Nacional Civil (PNC) realizó allanamientos en las viviendas de estos sujetos, donde se encontraron pruebas que los vinculan tanto al robo en La Nevería como a otros casos que estamos investigando”, relató el funcionario.
“Definitivamente, la captura de estos dos criminales hará que Santa Ana y sus alrededores sean un municipio más seguro”, explicó Villatoro.
En esa misma línea manifestó: “Nunca bajaremos la guardia y mantendremos nuestro firme compromiso con la mayoría de los salvadoreños que se expresaron de manera contundente en las elecciones del pasado 4 de febrero a favor de la reelección del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez”.
La Policía Nacional Civil (PNC) reportó una escena de homicidio en San Miguel, en el que capturaron a hombre que asesinó a otro con un arma blanca.
El responsable de este homicidio fue identificado como Carlos Mauricio Deras, de 27 años de edad, y se determinó que es de nacionalidad guatemalteca.
Según los reportes, ambos sujetos se encontraban tomando bebidas alcohólicas, y luego de tener una discusión, Deras atacó al hombre, por lo que le quitó la vida.
Las autoridades policiales identificaron a la víctima de este suceso, quien es un hombre de 26 años, también de nacionalidad guatemalteca.
