Un estudio de la Unidad Ecológica Salvadoreña estableció que la ex fábrica de baterías Récord dejó un daño patrimonial al país de 4 mil millones de dólares por toda la afectación ecológica y humana, producto del uso irresponsable de los desechos que los administradores hicieron de forma continua durante el funcionamiento.

Desde 2003, la administración de la empresa Baterías de El Salvador, fue denunciada por los residentes cercanos a las instalaciones de la a la empresa, en el municipio de San Juan Opico, ya que la población comenzó a sentirse mal de salud y las emisiones de humo que esta emanaba a al aire libre eran evidentes.

La Empresa se dedicaba a la elaboración de baterías para automotores y también compraba las piezas de piezas arruinadas, para luego realizar procesos de triturado por maquinaria y en la cual extraían el ácido que estas contenían y era reciclado. Para finalmente hacer su fundición
Luego pasaba un proceso donde se usaban una serie de químicos que utilizaban mucha agua, que al final era vertida al suelo del lugar, afectando directamente el recurso hídrico en la zona, especialmente los pozos artesanales, todo para tener una batería lista para su comercialización en el mercado.

En estos procesos de producción la empresa trabajaba las 24 horas al día, realizando emanaciones de gases a la atmosfera y contaminando el suelo.

La fábrica fue finalmente cerrada el 24 de septiembre de 2007, tras comprobarse que utilizaba materias primas altamente tóxicas que contaminantes al medio ambiente y nocivas para la salud humana,
En agosto de 2010 el ministerio de Medio Ambiente declaró estado de emergencia ambiental por contaminación con plomo en un radio de 1,500 metros en el cantón Sitio del Niño, en la ciudad de San Juan Opico, departamento de La Libertad. Dicha medida se extendió a Tecapán, Brisas de San Andrés, Residencial Santa Fe, Prados 1 y 2, Caserío Estación Bandera, Ciudad Versalles, Nueva Candelaria.

Según datos dados a conocer por las autoridades, a 369 ex trabajadores de la Fábrica de Baterías les fue detectado plomo arriba de los 70 microgramos, pero el daño no quedó solo en los empleados, según la denuncia del comité ambiental del lugar, aproximadamente 7 mil 250 personas, que habitan en seis comunidades aledañas, habían sido afectadas por la contaminación generada por la fábrica.

El juzgado de primera Instancia de San Juan Opico en la etapa de Instrucción declaró rebeldes a los imputados Sandra Cecilia Lacayo, Ofilio Guardián Lacayo y Ronald Lacayo, que son los propietarios de la empresa para los cuales se giraron órdenes de detención correspondientes.

Por el caso fueron judicializados los administradores de la fábrica y Juez de Primera Instancia de San Juan Opico, en La Libertad emitió orden de captura contra los responsables de la Récord que terminaron huyendo del país.

La INTERPOL emitió difusión roja contra Ronal Lacayo, Cecilia Escapini, Ofilio Guardian, Domingo Call y Carlos Arturo Dimas Alvarenga, implicados en el caso de contaminación ambiental. Asimismo, se decretó apertura a juicio y admitió pruebas ofertadas por lesiones derivadas del mismo caso.

Desde el 24 de octubre del año 2011, se lleva a cabo la vista pública en el Tribunal de Sentencia Suplente de Santa Tecla, del departamento de la Libertad, contra Hugo Reynaldo Trujillo, Arturo Mauricio Carballo y José Edgardo Brito Menéndez, que se desempeñaban como gerentes de la Empresa Baterías de El Salvador. El juicio y las acusaciones contra todos los imputados, continúa hasta la Fecha.