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25 familias reciben auxilio oportuno del Gobierno, cuyas viviendas resultaron afectadas por las lluvias
Foto: Cortesía
Como parte del Plan Invernal 2022, las instituciones que integran el Sistema Nacional de Protección Civil han brindado auxilio y atención inmediata a 25 familias, cuyas viviendas han resultado dañadas por las torrenciales lluvias de este copioso invierno.
La Dirección de Albergues ha brindado refugio a 25 familias en los departamentos de La Paz, Chalatenango, La Unión y San Miguel.
El director de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, detalló que han activado cinco de los 34 albergues activos para dar atención oportuna a las familias que necesitan del apoyo del Gobierno.
En el albergue ubicado en el Centro Cristiano de La Palma, Chalatenango, se atienden a seis familias, sumando en total 25 personas; en otro albergue en la casa comunal de San Luis Talpa, La Paz, se atienden a dos familias con un total de siete personas.
Asimismo, en el refugio en la casa de retiro El Melonal, de La Unión, se da atención a siete familias con 21 personas y en el albergue del distrito Las Tunas, en Conchagua, La Unión, se brinda auxilio a seis familias con 17 personas. En el de San Miguel, se atienden a cuatro familias con un total de nueve personas.
“Nuestro objetivo es brindar espacios dignos a las personas albergadas y no como en gobiernos anteriores, que las personas dormían en colchonetas sucias y en condiciones inadecuadas”, afirmó el director de Protección Civil.
En lo que va de septiembre, Protección Civil ha dado atención a diversas incidencias por las lluvias como son: 89 árboles caídos, 52 vías obstruidas, ya despejadas; 160 deslizamientos, 99 muros colapsados y 16 ríos desbordados.
Lamentablemente, se reportan 11 fallecidos, entre estos tres ahogados al intentar cruzar ríos, uno por el impacto de un rayo y siete a consecuencia de dos derrumbes.
El Gobierno del Presidente Nayib Bukele pide a la población acatar los llamados de Protección Civil para evacuar las zonas vulnerables, cuando se presente una emergencia a fin de evitar tragedias humanas.
En el marco de la conmemoración del 188 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México y El Salvador, la Embajada de México en El Salvador desarrolló ayer un conversatorio para reflexionar sobre la importancia de fortalecer estos lazos de cooperación entre los dos países. Ricardo Cantú Garza, embajador de México en El Salvador, comentó que este tipo de eventos sirve «para reconocer cuál ha sido su historia, sus orígenes y con base a eso actuar en el presente con mayor acierto para que las relaciones sigan mejorando».
La conferencia magistral estuvo a cargo de Mario Vásquez, secretario académico del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México y Roberto Turcios, miembro de la Academia Salvadoreña de la Historia, quienes dieron detalles de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, desde sus primeros años.
Cristian Armando Jacobo Galdámez y José Manuel Calles Menjívar fueron condenados a 40 y 22 años de prisión, respectivamente, por delitos sexuales cometidos en Chalatenango Sur. Los abusos sucedieron durante los años 2017 al 2021.
«De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, Jacobo Galdámez era el vecino de la víctima y desde que ella tenía 10 años la abusó sexualmente. Las agresiones terminaron cuatro años después», explicó la fiscal del caso.
El imputado utilizaba la fuerza y mediante amenazas introducía a la menor a su casa para violarla.
«En cambio, Calles Menjívar era la pareja de un familiar cercano de la niña y aprovechaba de tocarla y violarla cuando visitaba a su abuela», dijo la fiscal.
A Jacobo Galdámez se le condenó a 20 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz continuada y otros 20 por el de agresión sexual en menor o incapaz continuada. Y a Calles Menjívar se le impuso 14 años por violación y ocho más por agresión sexual.
La pandillera Odaly Aracely Pineda Ochoa fue condenada a 16 años de prisión por haber extorsionado durante tres años a una víctima.
«En 2021, la imputada llegó al negocio de la víctima para exigirle el pago mensual de la extorsión a cambio de no atentar contra su vida ni la de sus familiares. Además, se identificó como integrante de la estructura criminal MS-13 para intimidarla y obligarla a entregar el dinero», señaló el fiscal del caso.
Los hechos ocurrieron en el distrito de Cuscatancingo, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador. A causa del temor y las constantes amenazas, la víctima realizó los pagos de 2021 a 2024.
«Sin embargo, en este último año decidió denunciar los hechos ante las autoridades, lo que permitió iniciar las investigaciones y emitir una orden administrativa de detención contra la imputada», detalló el fiscal.
Añadió que «durante la vista pública, la representación fiscal presentó abundante prueba testimonial, documental y pericial que demostró la responsabilidad de la acusada. El testimonio de la víctima fue clave para acreditar los hechos».
La condena fue determinada por el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador.
