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2024, el año más seguro en la historia de El Salvador
En 2024 El Salvador alcanzó cifras históricas en seguridad, con lo cual no solo los homicidios reflejaron una cifra significativa de disminución, también los delitos que representan algún tipo de amenaza directa o de violencia sobre la persona registraron reducción arriba del 40% en comparación al 2023, informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
«Estos son los delitos que le llamamos policialmente como delitos de eficacia, donde encontramos el hurto, las lesiones, la violación, el hurto de vehículos, robo, extorsión, hurto agravado, robo agravado, homicidios y robo de vehículos. En términos generales, es que todos aquellos delitos que representan algún tipo de amenaza directa o de violencia sobre la persona tienen reducción arriba del 40%», mencionó Villatoro y destacó la baja de casi el 60% en el delito de violación.
«Es parte de un compromiso que tenemos como Estado y una visualización en la preparación de la guerra que sabíamos que íbamos a tener, algún repunte en delitos contra la libertad sexual», aseguró Villatoro.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, por ejemplo, los robos tuvieron una reducción del 44.86%; en 2023 hubo 876 casos de robo y el año pasado se redujeron a 483; respecto a las violaciones, el año pasado hubo 804, reflejando una reducción del 58.02% en comparación al 2023 cuando se registraron 1,915 casos.
Las extorsiones también se redujeron en 48.50%; en el 2024, ya que las autoridades reportaron 377 casos respecto al 2023, cuando registraron 732 denuncias por este delito.
Uno de los delitos más comunes en El Salvador que aún siguen preocupando a las autoridades son los hurtos, sin embargo, también tuvieron una disminución del 22.41% en el 2024.
«Acá otra vez volvemos al dato y no al relato, donde estamos demostrando que la reducción de homicidios viene acompañada también de la reducción de delitos contra el patrimonio, contra la libertad sexual y es donde estamos, poniendo un valladar bastante fuerte», añadió el titular de Seguridad.
Villatoro también dijo: «Esto nos lleva por supuesto a que esta transformación por la que pasa El Salvador, donde pasamos de escribir y vimos muy bien como los gobiernos anteriores escribían políticas de seguridad ciudadana, políticas de persecución al crimen, etcétera, etcétera. No era más que cuentos. Nosotros no nos dedicamos a escribir, nosotros realmente nos dedicamos a hacer seguridad pública y este país lo que le está demostrando al mundo es cómo se hace seguridad pública».
El fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, destacó las históricas cifras en el tema de homicidios: el 2024 cerró con 114 muertes violentas, de las cuales 112 se han resuelto y ya se procesa a los responsables.
Delgado reiteró que haber llegado a una tasa de 1.9 homicidios por cada 100,000 habitantes es reflejo de un trabajo coordinado por miles de personas, el Gabinete de Seguridad Ampliado y el liderazgo del presidente Nayib Bukele.
Al cierre del 2024, el titular de la FGR dijo que los salvadoreños habían gozado de 684 días sin homicidios desde la implementación del Régimen de Excepción, que fue aprobado por la Asamblea Legislativa en 2022.
El Tribunal Segundo Contra el Crimen Organizado D de San Miguel condenó a 720 años de prisión a Juan José Castillo Arévalo, alias El Samurái, tras hallarlo culpable de 18 casos de homicidio agravado, entre consumados y tentados, además de los delitos de fraude procesal, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.
Junto a él, también fueron condenados los exagentes José Onán Castillo Arévalo, a 410 años de cárcel; José Fermín Melgar Luna, a 290 años; y Félix Antonio Rodas Jurado, a 65 años de prisión.
De acuerdo con los hechos probados, los crímenes fueron cometidos entre 2015 y 2017 en distintos distritos de los departamentos de Usulután y San Miguel. Los ahora condenados aprovechaban su condición de agentes policiales y su capacidad operativa en la zona para ejecutar las acciones criminales, vinculándose además a estructuras de agrupaciones ilícitas durante 2017.
Durante la vista pública, la representación fiscal demostró que los imputados utilizaron recursos institucionales para cometer los homicidios y alterar escenas del delito, configurando el fraude procesal, lo que afectó gravemente la seguridad pública y la integridad de las instituciones.
En la misma resolución, el tribunal absolvió a Amílcar Antonio Mejía Rivera de los delitos de fraude procesal y agrupaciones ilícitas. Para el resto de los condenados, la sede judicial ratificó las órdenes de captura vigentes, a fin de que sean localizados y puestos a disposición de las autoridades para el cumplimiento de sus respectivas penas.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador emitió una condena de 12 años de prisión en contra de Andrés de Jesús Rodríguez, por extorsión agravada, en perjuicio de un comerciante del distrito de Cuscatancingo en San Salvador.
Según el expediente judicial, la víctima es un propietario de un negocio de productos varios, quien fue visitado por Rodríguez para exigirle dinero en concepto de renta.
En primera instancia, el comerciante denunció que, desde mediados de 2021, una mujer llegó a su negocio y se identificó como integrante de la pandilla MS13 y le exigió $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
Por temor a represalias, la víctima estuvo pagando la extorsión de forma mensual hasta que en diciembre de 2023 le exigieron $75 adicionales en concepto de aguinaldo. Fue así que el 27 de diciembre decidió interponer la denuncia ante la policía.
Como consecuencia, Rodríguez llegó con amenazas en contra de la víctima, advirtiendo que si no entregaba el dinero enfrentaría las consecuencias. Sin embargo, ante la denuncia, el sujeto fue capturado y procesado por el delito de extorsión.
Una estructura criminal de la pandilla MS13 enfrenta juicio en el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador por el delito de extorsión agravada en perjuicio de un empresario.
De acuerdo a la investigación fiscal, son tres pandilleros quienes comenzaron a cometer el delito desde el año 2014. Exigían sumas de dinero a cambio de no atentar contra la vida de la víctima.
En el año 2019, el empresario decidió interponer la denuncia y se inició el proceso de investigación con participación de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Nacional Civil. De esta manera, mediante el mecanismo de entregas controladas de dinero, lograron identificar a los criminales que cobraban la extorsión.
«Los extorsionistas no recibían directamente el dinero, sino que obligaban a que la víctima lo dejara escondido en algún lugar. No era personal el recibimiento del dinero, sin embargo, con estrategias logramos las capturas. Ahora van a responder ante la justicia por estos hechos cometidos», explicó el fiscal que lleva el caso.
Los pandilleros involucrados en estos hechos fueron capturados a mediados de 2019. Para fundamentar la investigación, la Fiscalía cuenta con cinco testigos de cargo que rendirán sus declaraciones durante la vista pública
