Internacionales
VIDEOS: Manifestantes cortan el pelo y rocía con pintura a una alcaldesa de Bolivia y la hacen caminar descalza por las calles
La alcaldesa de una pequeña ciudad de Bolivia fue agredida por una turba de manifestantes antigubernamentales, que la arrastraron por las calles descalza, la embadurnaron con pintura roja y le cortaron el pelo.
Los atacantes, que asaltaron el ayuntamiento y le prendieron fuego, se llevaron por la fuerza a Patricia Arce, miembro del partido gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), y la retuvieron durante cuatro horas hasta que fue rescatada por la policía.
La agresión ocurrió ayer en la ciudad de Vinto, en la región central de Cochabamba, y es el último episodio de la ola de violencia que sacude a Bolivia desde las contestadas elecciones presidenciales del del 20 de octubre y que ya se ha cobrado tres vidas. Aunque la junta electoral dio como ganador al presidente Evo Morales, que de esta manera accedería a un cuarto mandato, la oposición denuncia fraude electoral y exige la repetición de comicios.
El suplicio al que fue sometido la alcaldesa puede verse en varias grabaciones hechas con teléfono móvil por los manifestantes, a quienes se oye gritar “¡Asesina, asesina!” a la aterrorizada mujer.
Arce fue obligada a caminar descalza por la calle al menos durante siete kilómetros, según ha informado la prensa local. Los asaltantes, que iban armados con palos y piedras, le obligaron a arrodillarse y le cortaron el pelo. También le hicieron firmar una carta de dimisión.
Los manifestantes antigubernamentales tenían tomado un puente en la ciudad de Vinto cuando comenzaron a circular rumores de que dos manifestantes habían sido asesinados por defensores de Morales que les habían atacado cerca de ahí. (Una de las muertes se confirmó horas después, un estudiante de 20 años con el cráneo roto).
Una turba, que acusaba a la alcaldesa de haber mandado a los matones para despejar su protesta, se dirigió al ayuntamiento. Asaltaron el edificio, rompieron todos los cristales e incendiaron el despacho de la alcaldesa, a quien se llevaron a rastras.
La multitud la llevó a la fuerza varios kilómetros más allá de la alcaldía. Fue montada sobre una tarima para cortarle el cabello y echarle pintura roja.
Mientras era sujetada por el cuello y agredida, la alcaldesa aseguró que estaba dispuesta a dar su vida por el proceso de cambio, como el oficialismo denomina al movimiento que llevó al poder a Evo Morales en 2006.
“No tengo miedo por decir mi verdad. Y estoy en un país libre. Y no voy a callar y si quieren matarme que me maten”, se la oye decir en un vídeo. Tardó cuatro horas en ser rescatada por la policía, que la sacó del lugar en motocicleta.
Otras ciudades de la región, como la propia Cochabamba y la vecina Quillacollo, registraron fuertes enfrentamientos entre afines a Morales, como cocaleros y mujeres indígenas, y detractores del mandatario, con informes de decenas de heridos. La policía empleó material antidisturbios como gases lacrimógenos para dispersar a los violentos.
La situación es extremadamente tensa en Bolivia desde la noche electoral, cuando el recuento de los votos se detuvo de manera inesperada durante 24 horas. Si por la noche la victoria de Morales estaba en el alero, al retomarse el recuento al día siguiente el presidente ya ganaba en primera vuelta. Eso detonó las sospechas entre los seguidores del candidato opositor, el expresidente Carlos Mesa, de que había habido pucherazo.
El Gobierno ha aceptado someter las elecciones a una auditoría de la OEA (Organización de Estados Americanos), que Mesa y el resto de opositores rechazan. Morales acusa a Mesa de estar llevando a cabo un golpe de Estado.
Internacionales
Ecuador construirá las megacárceles «que sean necesarias» en su lucha anticrimen, dice ministro
Ecuador construirá las megacárceles que «sean necesarias» en su lucha contra el narcotráfico y otras formas de crimen organizado que desangran al país, dijo el martes el ministro de Interior, John Reimberg, en entrevista con la AFP.
El presidente derechista Daniel Noboa implementa políticas de línea dura desde que llegó al poder en 2023 como la construcción de cárceles de alta seguridad y bajo fuertes restricciones, que han sido comparadas con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador ideado por el mandatario Nayib Bukele.
El gobierno ecuatoriano puso en marcha en noviembre la primera cárcel para 800 personas, donde líderes de la mafia y también políticos condenados por corrupción son aislados, rapados y sometidos como medida para intentar doblegar a las numerosas bandas que sumen al país en su mayor espiral de violencia.
Noboa planea edificar a partir de mayo una segunda penitenciaría para unas 15,000 personas, que estaría lista en máximo 18 meses, señaló el funcionario.
Ministro del Interio de Ecuador, John Reimberg. Foto AFP / Diario El Salvador
«¿Una tercera cárcel? Sí, probablemente. Y las que sean necesarias para estos delincuentes», declaró Reimberg desde el conflictivo puerto de Guayaquil.
Ecuador registró el año pasado 51 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las tasas más altas de la región.
El Encuentro, la primera cárcel de extrema seguridad habilitada por el gobierno, funciona en la provincia costera de Santa Elena (suroeste) y actualmente alberga a 600 reclusos con uniformes de color naranja.
«No vamos a negociar»
Según Reimberg estas megacárceles despiertan la furia de las bandas que tienen nexos con cárteles internacionales del narcotráfico.
«Llevamos cerca de 600 drones que han intentado llegar a la cárcel de El Encuentro desde el día que empezó su construcción (para impedir su avance). Son 600 drones de grupos de delincuencia organizada (…) pero que hemos podido impedir que lleguen», indicó.
En los últimos años se han registrado ataques con drones cargados con explosivos contra otras cárceles, convertidas en centros de operaciones de las organizaciones del narco principalmente.
Las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación de la segunda penitenciaría por seguridad.
Al nuevo centro serán trasladados «delincuentes de alta peligrosidad» que «tienen que estar en un lugar incomunicado», sostuvo.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan la política penitenciaria de Noboa por abusos a los derechos de los internos. Cientos han muerto por tuberculosis o choques entre presos y algunos familiares denuncian desnutrición.
«¿Que nos quieren decir autoritarios? Yo tengo que responder al país con seguridad», aseguró Reimberg.
Por Ecuador transita el 70% de la cocaína de sus vecinos Colombia y Perú, los principales productores mundiales de esa droga.
«No vamos a negociar, no vamos a pactar, los vamos a atacar, los vamos a debilitar», dijo el ministro, quien anotó que 74,000 personas fueron detenidas el año pasado.
Aviones estadounidenses
Noboa es uno de los mayores aliados en Latinoamérica de Donald Trump, a quien le ha pedido apoyo para enfrentar al crimen. Recientemente Washington instaló en el país sudamericano de manera permanente una dependencia del FBI y otra de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI, por sus siglas en inglés).
La colaboración se basa en «información» e «inteligencia» para «trazar objetivos que tenemos que atacar, lugares donde se están almacenando drogas, por ejemplo, ataques a la delincuencia», añadió el ministro del Interior.
El presidente intentó sin éxito instalar bases militares extranjeras en el país a través de un referendo.
Según el ministro hay agentes estadounidenses trabajando con la fuerza pública ecuatoriana y aeronaves: «tenemos aviones que están aquí de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos», precisó.
Colombia
Después de poco más de un mes de que asumiera, Noboa declaró a Ecuador en conflicto armado interno para desplegar en las calles a los militares, lo que ha generado denuncias sobre excesos de la fuerza pública.
Interrogado sobre por qué las cifras de violencia no ceden pese a las medidas del gobierno, Reimberg señaló a tres culpables: la justicia en ocasiones permeada por la corrupción, los gobiernos pasados de izquierda y a Colombia, gobernado por el izquierdista Gustavo Petro.
«Tenemos un país vecino que no está trabajando en la frontera, que no está atacando a los grupos de delincuencia (…) nosotros estamos cumpliendo nuestra parte», indicó en medio de una disputa entre ambos países que escaló hasta la imposición mutua de millonarios aranceles y el retiro de embajadores.
El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, prometió este martes redoblar la respuesta estatal frente a la violencia criminal en el país, luego de que un bebé de un año muriera en un ataque a balazos en Montevideo que, según la principal hipótesis policial, estaría vinculado a un enfrentamiento entre narcotraficantes.
«De poco vale saber cuál fue el motivo (…) Hay una cosa que está clara, no le vamos a aflojar, no hay que aflojar, al revés, lejos de amedrentarse lo que hay que hacer acá es apretar el acelerador», subrayó el mandatario en declaraciones a la prensa.
Orsi calificó el suceso como «terrible» y sostuvo que el problema central es, más que un hecho puntual, «una violencia que crece» y que refleja un deterioro social más amplio.
El episodio ocurrió la noche del lunes en el barrio Colón, en el noroeste de la capital, donde se desató una balacera en la que también resultó herido el padre del menor, un uruguayo de 24 años que permanece estable tras recibir tres disparos.
La policía trabaja sobre la hipótesis de un ajuste de cuentas entre grupos vinculados al narcotráfico.
Ante esto, Orsi advirtió que el país enfrenta niveles de violencia «demasiados altos», por lo que se debe abordar de manera estructural que combine seguridad, políticas sociales y prevención y no solo mediante el despliegue de «5.000 o 10.000 policías más».
En la última década, Uruguay ha registrado un aumento sostenido de homicidios asociados al narcotráfico, mientras que la seguridad pública figura desde hace años como la principal preocupación de los uruguayos, según distintas encuestas de opinión pública.
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Alemania aprueba recortes históricos en gasto social y sanitario para financiar el aumento militar
El Gobierno alemán dio luz verde a un ambicioso plan de recortes del estado de bienestar con el objetivo de contener el déficit público y sostener un fuerte incremento del gasto militar. La coalición formada por democristianos y socialdemócratas alcanzó un acuerdo tras intensas negociaciones, adelantándose incluso al anuncio oficial previsto tras el consejo de ministros.
El paquete de medidas contempla una reducción significativa del gasto sanitario, con un ahorro proyectado de más de 38,000 millones de euros para 2030. Entre los cambios más destacados figura el fin de la gratuidad del seguro médico para cónyuges que no cotizan, quienes deberán aportar al menos el 2,5 % de los ingresos del asegurado.
Además, se prevén incrementos en los copagos por medicamentos y hospitalización, así como ajustes en la financiación de las aseguradoras públicas, que ya enfrentan déficits millonarios. El Ejecutivo defiende que estas medidas buscan «mantener estables las contribuciones» y evitar el colapso del sistema ante el envejecimiento de la población.
El plan también incluye recortes en otras áreas sociales, como las ayudas a desempleados de larga duración y una reforma de las pensiones que, según el canciller Friedrich Merz, pasarán a ser una «cobertura básica» sin garantizar el nivel de vida.
A esto se suma la intención de limitar el acceso a prestaciones para hijos de familias monoparentales, lo que podría afectar a cientos de miles de menores.
Por su parte, analistas advierten de que estas reformas podrían tener un alto impacto político, en un contexto marcado por el aumento del gasto en defensa y el debate sobre las prioridades presupuestarias del país.
