El derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, comparece este jueves ante un tribunal de Nueva York por segunda vez desde su captura el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas.

Maduro, de 63 años, y su esposa, Cilia Flores, de 69, están detenidos en una cárcel de Brooklyn desde hace casi tres meses. Sólo habían salido el 5 de enero para su primera audiencia, en la que Maduro se declaró «prisionero de guerra» y «no culpable» de los cargos de narcotráfico que pesan en su contra.

Un importante convoy policial abandonó el centro penitenciario a las 04H00 de la madrugada (08H00 GMT) rumbo al tribunal de Manhattan, comprobaron periodistas de la AFP.

Tanto seguidores como opositores de Maduro se concentraron desde temprano afuera de la sede judicial, donde la seguridad fue reforzada.

«Estamos desesperados por cualquier forma de justicia, por todo lo que hemos pasado», dice el educador venezolano Carlos Egana, de 30 años, sosteniendo un muñeco que representa al líder chavista con traje de presidiario y esposas.

Militantes de izquierda levantaron pancaras con mensajes como «Liberen a Maduro» y críticas a la política de Donald Trump: «¡De Venezuela a Irán, basta de sanciones y bombas!».

Maduro gobernó Venezuela desde marzo de 2013. Tras su caída, ganó la presidencia interina Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta y ha dado un vuelco en la relación con Estados Unidos bajo la presión de Donald Trump.

Contra Maduro pesan cargos de conspiración por «narcoterrorismo», conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos y conspiración para la tenencia de esas armas.

En la audiencia del jueves, prevista a las 11H00 locales (15H00 GMT), Maduro posiblemente presione para que se desestime su caso, mientras los abogados se disputan sobre quién pagará sus honorarios.

El gobierno de Venezuela intenta cubrir los gastos, pero debido a las sanciones estadounidenses, el abogado de Maduro, Barry Pollack, debe obtener antes una licencia de la administración que permita realizar la transacción.

En una presentación ante el tribunal, Pollack argumentó que el requisito de esa autorización viola el derecho constitucional de Maduro a tener la representación legal de su escogencia, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

«Están muy bien, muy fuertes»

Recluido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, una prisión federal conocida por sus condiciones extremas, Maduro está presuntamente aislado en una celda sin internet ni periódicos.

Según una fuente cercana al gobierno venezolano, Maduro lee la biblia y algunos de sus compañeros en la prisión le llaman «presidente».

Solo se le permite hablar por teléfono con su familia y con sus abogados por un máximo de 15 minutos, agregó la misma fuente.

«Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza», aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario.

Maduro y Flores fueron sacados a la fuerza por comandos estadounidenses en las primeras horas del 3 de enero, con apoyo de ataques aéreos contra la capital venezolana y un importante despliegue naval.

En el operativo murieron al menos 83 personas y más de 112 resultaron heridas, de acuerdo con funcionarios venezolanos. Ningún efectivo estadounidense murió.

Presión de Estados Unidos

En su primera audiencia ante una corte, Maduro adoptó un tono desafiante y se identificó como presidente de Venezuela.

Bajo la presión estadounidense, Rodríguez dirige un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, pero con una economía en ruinas.

La mandataria interna impulsó una ley de amnistía para liberar a prisioneros políticos. También reformó la ley de hidrocarburos, todo en línea con las exigencias de Estados Unidos para acceder a la vasta riqueza de gas y petróleo venezolanos.

Este mes, Estados Unidos restableció lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo luego de siete años de ruptura.

Al frente del caso está el juez Alvin Hellerstein, de 92 años, reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

La resolución fue adoptada entre aplausos con 123 votos a favor, tres en contra (Estados Unidos, Israel, Argentina) y 52 abstenciones (entre ellas Reino Unido y los Estados miembros de la Unión Europea).

El texto declaró «la trata de africanos esclavizados y la esclavización cosificada y racializada de africanos como el crimen más grave contra la humanidad».

También destacó el legado de la esclavitud a través de «la persistencia de la discriminación racial y el neocolonialismo» en la sociedad actual.

Además, puso foco en la escala del fenómeno, su duración, brutalidad y naturaleza sistemática, así como las consecuencias que aún son visibles en la actualidad.

«Fue un crimen contra la humanidad que atacó el núcleo mismo de la condición humana, destruyó familias y devastó comunidades», dijo António Guterres, secretario general de la ONU.

Agregó que se debe «trabajar por la verdad, la justicia y la reparación».

El presidente de Ghana, John Mahama, asistió a la sede de Naciones Unidas para respaldar la votación. Mahama es uno de los principales defensores de las medidas de reparación por la esclavitud en la Unión Africana.

«La adopción de esta resolución sirve como una garantía contra el olvido», dijo el mandatario africano.

«Competición» entre tragedias

La resolución fue más allá del simple reconocimiento y pidió a las naciones implicadas en la trata de esclavos que se comprometieran con la justicia restaurativa.

«Los responsables de la trata transatlántica de esclavos son conocidos: los europeos y Estados Unidos. Esperamos que ofrezcan disculpas formales a África», dijo el martes a la AFP Samuel Okudzeto Ablakwa, ministro de Relaciones Exteriores de Ghana.

Acusó a algunos de los responsables de «negarse a reconocer sus crímenes».

Estados Unidos justificó su voto en contra, al calificar la resolución como «altamente problemática».

El embajador estadounidense, Dan Negrea, explicó que su país «no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron». Dijo que el texto pone crímenes «en competición».

Reino Unido y varios países de la Unión Europea expusieron argumentos similares. Aunque subrayaron la monstruosidad de la esclavitud, se abstuvieron de votar.

Hay un «riesgo de poner en competición a tragedias históricas que no hay razón para comparar, salvo haciéndolo a costa de la memoria de las víctimas», expuso el representante francés, Sylvain Fournel.

«Lo que decimos es que cuando se miran todas las atrocidades que han ocurrido en la historia de la humanidad, ninguna ha sido tan sistemática y larga -más de 300 años- y con consecuencias persistentes», dijo Okudzeto.

El Pentágono planea desplegar en el golfo Pérsico a cerca de 3,000 soldados de la 82ª División Aerotransportada, una de las grandes fuerzas de élite del ejército estadounidense, dijeron dos altos cargos este martes, informó el periódico español El País.

Entretanto Hezbolá advirtió que combatirá cualquier intento de ocupación tras el anuncio del Gobierno israelí de que su ejército controlará todo el sur de Líbano hasta el río Litani, ubicado unos 30 kilómetros al norte de la frontera.

En las últimas horas, el ejército israelí atacó Beirut, al tiempo que Irán y la milicia chií libanesa Hezbolá respondieron con bombardeos contra Israel, que causaron al menos seis heridos leves en Tel Aviv.

Todo esto sucede, mientras el precio del barril de petróleo superó nuevamente los 100 dólares tras la caída del coste vivida ayer después de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, anunció una tregua de cinco días en los ataques contra infraestructuras energéticas de Irán.

A pesar del anuncio de Trump, Irán aseguró que dos proyectiles impactaron esta madrugada contra un gasoducto en Jorramshahr y contra edificios administrativos de una estación gasística de Isfahán.