Internacionales
Una mujer mantuvo a su hija sana en una silla de ruedas durante 6 años tras exagerar una serie de síntomas
La Justicia británica ha fallado en contra de una mujer que crió a su hija «físicamente normal» como una niña discapacitada tras sobredimensionar una serie de comportamientos y síntomas. El dictamen fue emitido recientemente por un tribunal de Londres, informan medios locales.
La jueza Justice Judd señaló que la menor sufrió un «daño significativo» debido a las exageraciones de su progenitora frente a los médicos, quien habría «perpetuado la noción» de que la niña padecía varias condiciones de salud que incluso la obligaron a utilizar silla de ruedas durante seis años.
Según el reporte, la menor, que ahora tiene 12 años, fue sometida a «investigaciones y evaluaciones excesivas» que desencadenaron tratamientos con medicamentos que aparentemente no eran necesarios. Uno de ellos habría afectado su vista provocando una grave interrupción en su educación escolar.
Inicio de las sospechas
Las sospechas comenzaron en 2018 cuando los médicos empezaron a cuestionar diagnósticos pasados. Posteriormente, la niña fue enviada a casa para ser evaluada por una unidad especializada, al tiempo que se iniciaba una investigación sobre protección infantil.
Los servicios sociales argumentaron que, aparentemente, desde 2011 la madre había ofrecido datos exagerados o incorrectos a los médicos sobre la salud y el comportamiento de su hija, perpetuando la idea de que la niña tenía «epilepsia y autismo incontrolados», así como otras enfermedades.
«Ella no tiene un diagnóstico de epilepsia activa […] no tiene ningún rasgo de autismo […] Ella es físicamente bastante normal y enérgica», expresó Judd al referirse al estado de salud de la menor involucrada, quien habría sufrido convulsiones cuando era muy pequeña.
Por otra parte, la jueza consideró legítimas las preocupaciones de la mujer en cuanto a su hija, explicando que ese factor pudo haberla llevado a «interpretar en exceso» los problemas médicos, pero a su vez mencionó que su actitud había ido «mucho más allá» de lo razonable.
«No puedo decir en este punto qué fue lo que llevó a la madre a retratar a su hija con tantos problemas, ya sea un sistema de creencias distorsionado provocado por la ansiedad, un anhelo de ayuda de una forma u otra, una manifestación de angustia más generalizada o algo completamente diferente», agregó Judd.
Mientras duran las investigaciones, la menor fue trasladada desde hace varios meses a vivir temporalmente con otros familiares, pero aún no se ha determinado quién se hará cargo de su cuidado a largo plazo.
Al menos nueve personas fueron asesinadas hoy lunes en dos ataques armados casi simultáneos registrados en la provincia de Manabí, ubicada en la costa del Pacífico de Ecuador, una de las zonas más golpeadas por la violencia en el país, informó la Policía Nacional.
El primer ataque dejó siete víctimas mortales y se registró en Camarones, una zona rural del cantón (municipio) de Jama, mientras que el segundo ocurrió en el sector conocido como La Y, en el balneario de Canoa, perteneciente al cantón de San Vicente, donde dos personas perdieron la vida.
De acuerdo con informes preliminares, ambos hechos violentos se registraron la madrugada de este lunes cuando hombres armados interceptaron a las víctimas, mientras que las causas de los ataques aún están bajo investigación policial.
El ataque en Camarones se produjo alrededor de las 01:15 hora local, cuando un grupo de hombres armados irrumpió en una hacienda del sector y las autoridades aún no han identificado a las víctimas mortales.
En tanto, el ataque en la localidad de Canoa se registró unos 15 minutos después, según informaron medios locales, luego de que dos hombres que se movilizaban en moto-taxi fueron interceptados por sujetos armados en motocicletas y atacados a balazos.
Una de las víctimas corresponde a un joven de 28 años que viajaba como pasajero, mientras que su acompañante aún no ha sido identificado.
Estos ataques armados se producen días después de otro homicidio múltiple, ocurrido el pasado 12 de febrero en una hacienda de San Juan de las Cucarachas, una zona rural del cantón Santa Ana, en Manabí, que dejó seis personas asesinadas.
Los hechos se registran en un contexto de creciente inseguridad en Manabí, provincia afectada por disputas del crimen organizado, incluido el narcotráfico y conflictos por el control territorial, razón por la que el Gobierno decretó desde agosto pasado un «estado de excepción» para enfrentar la escalada de violencia atribuida a estas bandas.
Internacionales
Nuevo ataque de Estados Unidos contra presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos
Estados Unidos comenzó a atacar embarcaciones supuestamente cargadas de drogas a principios de septiembre, y el último ataque eleva la cifra de muertos de la campaña a por lo menos 150.
«La embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico», señaló el Comando Sur, responsable de las fuerzas estadounidenses en la región, en una publicación en X que incluye un video de una lancha inmóvil siendo destruida por una explosión.
El gobierno de Donald Trump insiste en que está en guerra con lo que denomina «narcoterroristas» que operan en América Latina, pero no ha aportado pruebas concluyentes de que las embarcaciones que ataca estén involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha desatado un intenso debate sobre la legalidad de las operaciones.
Expertos en derecho internacional y organizaciones de derechos humanos afirman que los ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que aparentemente han tenido como objetivo a civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.
Washington invoca la misma legislación estadounidense que permitió durante más de dos décadas los ataques contra grupos yihadistas, como Al Qaeda, en África o Asia, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.
El Pentágono ha desplegado una gran fuerza naval en el Caribe, donde en los últimos meses sus fuerzas han atacado presuntas embarcaciones de contrabando de drogas, incautado petroleros y llevado a cabo la captura del líder izquierdista de Venezuela, Nicolás Maduro.
El monto de activos venezolanos congelados en Suiza asciende a 687 millones de francos suizos (unos 880 millones de dólares), informó el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a AFP este lunes, proporcionando por primera vez una cifra sobre estos fondos.
El 5 de enero entró en vigor en Suiza la orden de congelamiento de activos del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y otras personas vinculadas a él. La esposa de Maduro, Cilia Flores, sus allegados y exministros están incluidos en este bloqueo.
«Se trata de un bloqueo preventivo. Busca impedir una fuga de capitales y permite la cooperación judicial entre Venezuela y Suiza. Ningún miembro del gobierno actual está en la lista», indicó el ministerio suizo.
Hasta la fecha, intermediarios financieros suizos han reportado a la Oficina de Información sobre Blanqueo de Capitales un total de 687 millones de francos suizos en relación con esta orden, declaró el ministerio, sin especificar los nombres de los titulares de los activos.
La congelación de activos se ajusta a las sanciones vigentes desde 2018, cuando Suiza se unió a las sanciones de la UE contra altos funcionarios venezolanos.
Cerca de dos tercios de los activos fueron congelados en virtud de las sanciones existentes, lo que significa que aproximadamente 309 millones de dólares fueron congelados en virtud del reglamento del 5 de enero.
Este bloqueo de activos permite que las autoridades judiciales de los Estados implicados le envíen una solicitud de asistencia judicial en el marco de investigaciones penales.
No obstante, corresponde a las autoridades judiciales competentes del Estado correspondiente iniciar los procedimientos penales necesarios y demostrar el origen ilícito de los fondos
